Hace pocos días atrás el gobierno anunció la creación del Comité Wallmapu, una mesa de trabajo permanente, cuyo objetivo, según expresaron las autoridades, es la búsqueda del desarrollo, el diálogo, la paz y el reconocimiento en la región de La Araucanía y en la provincia de Arauco, es decir, en el corazón del territorio mapuche. Este comité, señalan las mismas fuentes, estará encabezado por el presidente de la República y tendrá el mismo rango que la mesa COVID.
Una vez realizado el anuncio surgieron, de manera instantánea, las dudas y sospechas. Cabe preguntarse entonces si acaso estas aprensiones, manifestadas tan rápidamente sobre la iniciativa del gobierno, tienen o no fundamento.
La respuesta es contundentemente afirmativa. No tan solo porque proviene de un gobierno fenecido –como certera y transversalmente ha sido diagnosticado el estado de salud de la administración Piñera–, ni porque, al igual que sucede en la mesa COVID, la noción de diálogo manejada por las autoridades es de rango limitado –es como estar hablando con una pared, han señalado algunos frustrados interlocutores. Tampoco se debe únicamente al hecho de que buena parte de los integrantes del gobierno fueron colaboradores directos de la dictadura, la cual, en relación con el pueblo mapuche, no significó otra cosa que la profundización de la dramática vulneración de sus derechos –muertes, torturas, desapariciones, usurpación de tierras, empobrecimiento, deterioro ecológico, entre otros–; ni porque el actual gobierno, al igual que quienes le antecedieron, persista en criminalizar las demandas y reivindicaciones mapuche, estigmatizando a sus actores políticos bajo el lamentable rótulo de terroristas, excluyéndolos así, de paso, de cualquier posibilidad de diálogo.
La desconfianza no surge tan solo por este tipo de posturas, o porque el mismo nombre del comité refleje la apropiación de un concepto político –Wallmapu– cuyos alcances no son siquiera vislumbrados por las autoridades, sino que, de manera más profunda, porque en Chile persiste una aproximación que ha imposibilitado generar en el Estado una perspectiva plural que permita el avance hacia la construcción de una sociedad verdaderamente intercultural. Por el contrario, el tratamiento de la cuestión indígena ha sido conducido por una lógica liberal no pluralista, que ha tenido en el indigenismo a una de sus caras más visibles. Una y otra vez se observa el mismo razonamiento integracionista que inferioriza a los pueblos indígenas e intenta, de modo permanente, su incorporación y conversión a una sociedad capitalista supuestamente superior[i].
En este sentido, habría que señalar que la desconfianza depositada en la instancia creada por el gobierno es fruto también de la experiencia histórica, en la que han abundado las mesas de trabajo, las comisiones y los comités, organismos, muchos de los cuales, han proveído de diagnósticos certeros y propuestas interesantes, pero que no han revertido el rumbo invariable de la acción estatal. Así entonces, parece ser que, en relación con la cuestión indígena, Chile es un país de comisiones.
En 1911, frente al creciente reclamo mapuche por la usurpación de sus tierras, se formó una comisión parlamentaria para verificar estas denuncias en terreno. Los diputados y senadores, reunidos en una comisión mixta, viajaron a las regiones sometidas al proceso de colonización y se reunieron con los actores involucrados. Una vez concluida su investigación, el informe, publicado en 1912, fue lapidario respecto del estado de la situación:
“Muchos reclamos son justificados; que los indígenas suelen ser víctimas de gentes inescrupulosas y a veces de inhumanas, que los hostilizan, los maltratan o se valen de argucias abogadiles para despojarlos de lo suyo […] que otros son perseguidos por vías de hecho o judicialmente, por detentadores injustos de tierras del Estado, que aspiran por este medio a afirmar sus pretensiones de dominio sobre las mismas; que algunos concesionarios tratan de desalojar sin razón a personas establecidas dentro de sus concesiones, que hay ocupantes que se instalan donde no les corresponde; y que la acción de las autoridades aparece en ciertos casos amparando, más las arbitrariedades del fuerte que los derechos del débil”[ii].
Dicho informe se archivó en las bibliotecas correspondientes y no constituyó el impulso de ninguna política específica y categórica que permitiera poner fin a lo que allí se denunciaba. Esto sucedió a comienzo del siglo XX. En los albores del siglo XXI se creó una nueva comisión, la denominada Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que estuvo presidida por el ex presidente Patricio Aylwin y que tuvo como misión asesorar al mandatario en funciones, Ricardo Lagos, en cuanto al conocimiento histórico de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas para, con base en ello, proponer políticas específicas para la generación de un nuevo trato. Esto en cuanto a su objetivo más explícito, pues no es imprudente pensar que una intención tácita y a corto plazo la constituía la búsqueda de propuestas consensuadas para enfrentar el denominado conflicto mapuche.
Al igual que la Comisión Parlamentaria, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato presentó un informe ampliamente documentado y con un diagnóstico claro relativo a los ejes fundamentales que configuraron la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Del mismo modo, el informe presentó una serie de propuestas concretas que, a los ojos de las y los expertos que allí confluyeron, podrían servir para introducir cambios y mejoras en la relación y la situación que afecta a los pueblos indígenas. Sin embargo, con el correr de los años, y al igual que en 1911, este informe, aunque publicado[iii], pareció archivarse sin que lograra incidir en la formulación y la aplicación de políticas públicas que reflejaran el trabajo realizado. Peor aún, hoy, a más de 15 años de la presentación del informe, es posible constatar que, por ejemplo, en el caso mapuche, el escenario parece haber empeorado.
El caso de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato es sintomático respecto de la tendencia dominante al interior del Estado. El grueso de sus integrantes aprobó lo que allí se estipuló, sin embargo, de un total de veinticuatro comisionados llamados a firmar el acta de aprobación[iv], tres no lo hicieron. Uno de ellos se retiró por incompatibilidad con un cargo asumido en el proceso, otro envió un documento complementario en el que exponía algunas ideas individuales sobre la temática y, el último, presentó una opinión de minoría. Parece ser, según la consecución de los hechos, que fue esta opinión minoritaria la que terminó por imponerse.
En términos generales, el informe de la Comisión da cuenta de la persistente negación y exclusión de los pueblos indígenas en el proceso de construcción del Estado-nación chileno,
y propuso, consecuentemente, una serie de medidas tendientes a subsanar esta lógica, tales como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus derechos políticos y territoriales, entre otras, todas ellas vinculadas a la legislación internacional en materia de derechos indígenas.
Frente a este tipo de propuestas, que en comparación con procesos ocurridos en otros países del mundo parecen todavía incipientes e insuficientes, hubo una opinión de minoría que expresó reparos a los planteamientos contenidos en el Informe Final de la Comisión. Esta opinión fue presentada por el comisionado Felipe Larraín, ministro de Hacienda en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, quien consideró que las ideas contenidas en el Informe tendían más hacia la separación que a la integración, lo que contrariaba, por tanto, la idea fundamental a la que adhería el ex ministro: “creo que el camino adecuado para un nuevo trato es el de la integración de los indígenas a la sociedad chilena” [v].
No es este el lugar para discutir los argumentos del señor Larraín, que han sido suficientemente refutados, teórica y empíricamente, por múltiples estudios y experiencias concretas. Pero no deja de llamar la atención el hecho de que interprete la existencia de tendencias separatistas en el derecho internacional cuando este reconoce derechos colectivos o territorios indígenas o, también, su insistencia en la vía integracionista cuando la realidad ha indicado que ese camino terminó por precarizar profundamente la vida y la cultura de los pueblos indígenas. Pero más allá de estas presunciones, es alarmante que su posición en dicha comisión, de hecho y formalmente minoritaria, haya terminado por imponerse y coincida con la ruta mayormente invariable del Estado chileno.
Así entonces, las dudas y sospechas sobre un nuevo comité que se erige para solucionar los conflictos históricos que se viven en el territorio mapuche están plenamente justificadas. Las expectativas sobre esta nueva instancia no pueden ser más bajas: no estarán los actores que deberían estar, no se hablarán los temas que se deberían hablar y no se discutirán las propuestas que se deberían discurtir. Así puestas las cosas, en el largo camino por derribar los muros que distancian las posibilidades de construir una sociedad que conviva en plenitud con su diversidad, el nuevo comité propuesto por el gobierno parece ser otro ladrillo más en la pared.
Claudio Espinoza Araya
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas
Colegio de Antropólog@s de Chile.
[i] Espinoza, C. “Los límites del reconocimiento en Chile. La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y un voto de minoría”. Revista Tiempo Histórico, Nº 17, 2018, pp. 145-161. http://revistas.academia.cl/index.php/tiempohistorico/article/view/1273/1510
[ii] Comisión Parlamentaria de Colonización. “Informe, Proyectos de Ley y Actas de las Sesiones y Otros Antecedentes”. Sociedad Imprenta y litografía Universo, Santiago, 1912. pp. 329-330.
[iii] Gobierno de Chile, Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato 2003. Santiago de Chile, Gobierno de Chile-Pehuén, 2008.
[iv] Los integrantes fueron:1. Patricio Aylwin Azócar, quien la presidió, 2. Antonio Alcafuz Canquil, 3. José Bengoa Cabello, 4. Sandra Berna Martínez, 5. Juan Claro González, 6. Obispo Sergio Contreras Navia, 7. Enrique Correa Ríos, 8. Armando de Ramón Folch, 9. Alberto Hotus Chávez, 10. Francisco Huenchumilla Jaramillo, 11. Aucán Huilcamán Paillán, 12. Carlos Inquiltupa Tito, 13. Felipe Larraín Bascuñán, 14. José Llancapán Calfucura, 15. José Santos Millao, 16. Sonia Montecino Aguirre, 17. Samuel Palma Manríquez, 18. Carlos Peña González, 19. Galvarino Raimán Huilcamán, 20. Ricardo Rivadeneira Monreal, 21. Juan Carlos Mamani, 22. Víctor Caniullán Coliñir, 23. José Quidel Lincoleo, 24. Rosamel Millamán Reinao.
[v] Gobierno de Chile, Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato 2003. Santiago de Chile, Gobierno de Chile-Pehuén, (tercera edición- 2009), p. 559.
