El caso de corrupción que involucra a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, nos ha llamado profundamente la atención por sus “chabacanas” aristas como por los montos involucrados. La Fiscalía la acusa de haber defraudado al fisco por más de treinta y unos mil millones de pesos, lo que podría ser sindicado como el caso de corrupción de mayor envergadura de nuestra historia. Barriga, que en la década de los noventa saltó a la fama como bailarina y animadora de televisión y que posteriormente contrajo matrimonio con el hijo de un conocido político de la UDI, hoy con un tinte de inocencia se defiende indicando que todo fue en beneficio de los vecinos de Maipú y que es víctima de una persecución política.
Este caso y otros de nuestra historia reciente nos plantean múltiples desafíos para la gestión pública de nuestro país. Nos dejan de manifiesto la necesidad de robustecer los mecanismos de control y fiscalización de los recursos públicos que se manejan a nivel local, ya sea en la administración regional como en la municipal, donde se concentra parte importante de la gestión y la inversión social; sin poner demasiadas trabas que ralenticen la gestión o entorpezcan la descentralización. Asimismo, nos muestran la crisis de representación y legitimidad que afecta a la clase política, que en algunos casos recurre a figuras mediáticas para captar votos, sin tomar en cuenta su idoneidad o transparencia.
Por otro lado, ante casos de corrupción de gran connotación pública, observamos como nuestro sistema judicial actúa con disparidad de criterios al resolver las medidas cautelares entre los imputados. Andrade y Contreras (Democracia Viva) quedaron con prisión preventiva por el delito de fraude al fisco; en cambio Barriga con arresto domiciliario total. El tribunal de Antofagasta estimó que los imputados eran peligrosos para la sociedad mientras que el de Santiago argumento que la ex edil de Maipú no lo era. Aun cuando solo estemos hablando de cautelares, esta diferencia de criterio, en la situación de Barriga afecta directamente en la disuasión de la criminalidad y genera un montón de incertidumbre y suspicacias sobre la aplicación de los valores y principios que hoy deberían estar rigiendo nuestro sistema judicial.
Lamentablemente estas situaciones de fraude al fisco y corrupción que tristemente hemos sido protagonistas perjudican a las y los más vulnerables y de ellas como chilenas y chilenos debemos sacar aprendizajes.
En octubre del presente año se desarrollarán nuevos comicios electorales eligiendo a las autoridades Municipales (Alcaldes y Concejales) y Regionales (Gobernadores y Cores) y en tal sentido nos corresponde ejercer el derecho ciudadano votando por quienes representen la transparencia, la legalidad, la eficiencia y la honestidad y no solo dejarnos llevar por la popularidad y el carisma.
Seamos electores, que nos tomemos en serio el proceso, demandantes de información, exigentes, críticos, capaces de distinguir entre el espectáculo mediático de propuestas serias que se basen en la gestión eficaz y ética para de esta manera construir una democracia saludable que busque siempre responder a las necesidades ciudadanas con autoridades que sirvan al país y no que se sirvan del poder. Chile lo hacemos todas y todos, ¡Elijamos bien!
Claudia Hasbún Faila Core Región Metropolitana, Partido Socialista
