Con motivo de la excelente fiscalización realizada por la Contraloría, bajo la mano conductora de Dorothy Pérez, se han podido conocer las trampas de las licencias médicas mal utilizadas por miles de funcionarios públicos, muchos de los cuales ya han presentado sus renuncias a los cargos que desempeñaban y otros tantos han sido despedidos, razón por la cual, para demostrar que años atrás no existía un riguroso apego a la ley en dicha Contraloría, a continuación describimos un caso muy indecoroso que goza de absoluta impunidad, generado en la dictadura cívico-militar y materializado en la comuna de Vitacura en plena democracia.
Pues bien, en el año 1988, después del plebiscito que perdió el gobierno de facto, se desafectaron 5 hectáreas fiscales del área verde riberana al río Mapocho, sector oriente de Santiago, que formaban parte del proyectado Parque Las Américas y para ello se publicó en el Diario Oficial un Plan Seccional, con normas urbanísticas acotadas que admitían solo la construcción de viviendas de hasta 2 pisos y en ciertos sectores minoritarios edificios con alturas máximas de 4 pisos.
Antes del término de la dictadura cívico-militar el Ministerio de Bienes Nacionales, le vendió directamente a la recién conformada “Inmobiliaria Parque Las Américas Limitada” ese extenso predio, ahora en calidad de urbano, denominado Lote 2-C, localizado en aquella época en la comuna de Las Condes. Esa obsequiosa operación pública-privada fue autorizada por el decreto supremo N° 886 del 14 de noviembre de 1989, “por orden del general de Ejército y presidente de la República Augusto Pinochet Ugarte”. Como el negocio entre las partes ya estaba acordado, en dicho decreto se estipuló que la empresa compradora se debía regir por el aludido Plan Seccional Parque Las Américas para construir su negocio inmobiliario. Dicho terreno de 50.327 m2 está ubicado, según la transferencia, entre las calles Isabel Montt, Narciso Goycolea, sitio municipal y avenida Parque Las Américas, territorio que actualmente forma parte de la comuna de Vitacura y el 30 de enero de 1990, pocos días antes de que asumiera el gobierno democrático de Patricio Aylwin, se firma la escritura de compraventa entre el Fisco de Chile y la señalada inmobiliaria en la notaría de Raúl Undurraga, fijándose un precio de UF 81.566 que la elegida compradora paga al contado y enseguida se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, dejándose establecido que el amplio terreno está exento de pagar el impuesto territorial (sic).
La Inmobiliaria Parque Las Américas posteriormente vende el terreno al fondo de Inversión Cimenta que, en el año 1998, obtiene de parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Vitacura el permiso de edificación N° 202 por 18 torres habitacionales de entre 13 y 25 pisos de altura, por lo tanto, vulnerándose abiertamente las restringidas normas urbanísticas del mencionado Plan Seccional.
Los vecinos perjudicados por las abusivas y por lo tanto ilegales características del permiso de edificación, tomaron contacto con este columnista, con el entonces diputado y arquitecto Patricio Hales y con la arquitecta Israela Rosenblum para que analizáramos la situación. Llegamos a la conclusión que ese acto administrativo municipal era contrario a derecho y por ello se hicieron las denuncias de rigor ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, instancia del gobierno central quien, confirmando la ilegalidad, emitió un oficio dirigido al Director de Obras Municipales (DOM) de Vitacura, expresándole que “procediera en consecuencia” y como el funcionario municipal no quiso entender aquello, se posibilitó que la inmobiliaria iniciara las obras de los mega edificios.
Ante esta desobediencia, tal Seremi en su oficio N° 359 del año 2000, le solicita a la Contraloría que disponga la sustanciación de un sumario administrativo con el objeto de que se investigue la situación derivada del otorgamiento, por parte de la Dirección de Obras Municipales de Vitacura, del permiso de edificación N° 202, de 1998 y en paralelo los vecinos aledaños al proyecto llevaron el caso a la misma Contraloría, cuyo titular era don Arturo Aylwin, a quien ya le había solicitado una entrevista un lobbysta para "analizar la controversia", pero como dicho contralor conocía muy bien las presiones que ejercen los lobbystas, sanamente prefirió no inmiscuirse en la situación, pidiéndole al subcontralor Jorge Reyes que resolviera la materia.
Pues bien, los funcionarios de la Contraloría que investigaron la denuncia detectaron 5 causales de ilegalidades, pero la segunda autoridad del ente fiscalizador, Jorge Reyes, en su dictamen N° 44.492 del 20 de noviembre de 2.000, optó por ignorar las ilegalidades cometidas porque, según él, aplicar la ley “podría comprometer la responsabilidad civil extracontractual del órgano administrativo que emitió el acto irregular, pues dicho actuar por ser viciado y ocasionar un daño, configuraría una especie de mal funcionamiento del servicio que haría procedente el pago de una indemnización”.
Debido a ese despropósito, corrupción pura y dura, 41 vecinos de la comuna de Vitacura, quienes se sentían con justa razón que se habían violado sus derechos urbanos, interpusieron con los abogados Pedro Bosch y Cristián Bulnes, 2 recursos de protección en contra del subcontralor Reyes, porque éste actuando como Contralor General subrogante, en su dictamen N° 44.492 del año 2.000, se negó a anular o revocar el permiso de edificación N° 202/98.
Transcurrió el tiempo y el 13 de abril de 2007, cuando la mayoría de los edificios ilegales estaban construidos, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo para el bronce, le da la razón al subcontralor, manifestando entre otras sandeces, que no siempre las infracciones al principio de juridicidad acarrean la nulidad del acto, concluyendo que las “irregularidades”, sin reconocer que eran graves ilegalidades, solo pueden ser investigadas y determinadas en un procedimiento sumarial y de esta manera tan liviana, desestimó los recursos de los vecinos.
La Corte Suprema validó, con grandilocuentes expresiones legales, esa alegre sentencia y por ende también el burlesco dictamen N° 44.492 del año 2.000 de la Contraloría, motivo por el cual recomendamos a los lectores que lo revisen en la web del ente de control, para conocer cómo los influyentes y prebendarios actores de los mercados siempre salen airosos cuando se detectan sus pillerías. Copia de este indecoroso dictamen se lo entregamos, años después, en una reunión sostenida con el contralor Ramiro Mendoza, a quien le representamos el comportamiento de ese subcontralor, ya que era muy distinto construir, en ese desafectado terreno, casas de 2 pisos y algunos edificios de 4 pisos, que las invasivas torres habitacionales de entre 13, 15, 16 y 25 pisos. Como vemos, debido a las violaciones urbanísticas, vicios de fondo que conocieron todos los órganos competentes ya en democracia, los privados tan amigos de Pinochet y en mayor medida los inversionistas de Cimenta que levantaron las 18 torres ilegales lograron una mal habida utilidad. A la luz de lo que se refleja en nuestras semanales columnas de opinión, publicadas en algunos medios, hasta el día de hoy se mantiene la política de los hechos consumados ilegales, pues los abúlicos agentes públicos que deben fiscalizar y exigir el apego a la ley, prefieren acomodarse al imperio de la Ley de la Selva, con la cual siempre ganan con ardides aquellos que, en los hechos, controlan el país.
En conclusión, por lo relatado tenemos otro episodio con una multimillonaria corrupción, posibilitada por la amañada decisión de un ex subcontralor general de la República y por fallos judiciales, cuyos magistrados, cándidamente creían en la "buena fe" de los involucrados. Si Dorothy Pérez hubiera ejercido en aquella época el cargo de contralora, los empresarios de Cimenta en su amplio predio de Vitacura solo habrían construido casas de 2 pisos y unos pocos edificios de 4 pisos, por lo tanto, respetándose las densidades bajas y medias del mencionado Plan Seccional.
