Cada cierto tiempo Chile vuelve a enfrentar la misma escena, cuando pareciera que el consenso democrático mínimo sobre los crímenes de la dictadura está establecido (lo menciono a propósito del plan nacional de búsqueda) surge una iniciativa que intenta relativizarlo. Esta vez ocurre con la aprobación en el Senado de un proyecto que abre la puerta a conmutar o flexibilizar penas para condenados por violaciones a los derechos humanos.
No es una discusión técnica ni humanitaria, como algunos intentan presentarla. Es una discusión política y moral sobre el lugar que ocupan las víctimas en nuestra democracia. Durante décadas, el país avanzó con enorme lentitud y resistencia, en el juzgamiento de crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Fue un proceso arduo, empujado por el trabajo incansable de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y un pequeño grupo de jueces que se atrevieron a romper con la impunidad que durante años protegió a los perpetradores.
Entre esos condenados se encuentra Miguel Krassnoff Martchenko, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, responsable de secuestros, torturas y desapariciones cometidas en centros clandestinos como Londres 38 y Villa Grimaldi. Hoy acumula condenas que superan ampliamente el siglo de cárcel por su participación en múltiples casos de desaparición forzada y homicidio.
Nombrarlo no es un gesto retórico. Es recordar que cuando se habla de “beneficios” o “conmutaciones”, no se está hablando de delitos comunes. Se está hablando de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y en este caso especifico se estima más de 27 condenas ratificadas por la Corte Suprema de Chile
La distinción es fundamental
Los crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, ejecución política, no prescriben ni pueden ser objeto de amnistías amplias según el derecho internacional. Esa doctrina ha sido reiterada por tribunales internacionales y organismos de derechos humanos durante décadas. No se trata de una obsesión punitiva, sino que se trata de reconocer que ciertos crímenes atacan a la humanidad misma y que su impunidad erosiona los fundamentos de la convivencia democrática.
En Chile, esa convicción costó décadas instalarla. Las primeras sentencias contra agentes de la dictadura recién comenzaron a consolidarse a fines de los años noventa y principios de los dos mil, luego de largos años en que la justicia parecía incapaz de avanzar.
Por eso resulta inquietante que hoy, cuando muchas de esas causas ya han sido juzgadas y sancionadas, se abra nuevamente la puerta a reducir o conmutar las penas.
Quienes defienden estas iniciativas suelen apelar a argumentos humanitarios, tales como la edad avanzada de los condenados, sus condiciones de salud o el paso del tiempo. Pero rara vez se hace la misma pregunta respecto de las víctimas. Al contrario, la derecha chilena lo justifica. Asimismo, se puede volcar el argumento tan escuchado y aplaudido en las campañas presidenciales “MANO DURA CONTRA EL CRIMEN” ¿mano dura contra quienes entonces? Si este mismo proyecto, permite beneficiar no solo a autores de crímenes de lesa humanidad, sino también a violadores sexuales, abusadores sexuales, homicidas, parricidas entre otros.
¿Dónde está la consideración humanitaria hacia quienes fueron torturados? ¿hacia las familias que aún buscan a los detenidos desaparecidos? ¿hacia quienes llevan más de cincuenta años esperando justicia, verdad y garantías de no repetición? ¿encontrar los cuerpos de sus familiares?
La justicia transicional se construye sobre un equilibrio frágil entre memoria, verdad, reparación y sanción. Reducir las penas de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no es un gesto neutro. Envía un mensaje político claro, que el paso del tiempo puede relativizar incluso los crímenes más graves.
Pero la memoria democrática funciona precisamente al revés. Cuanto más tiempo pasa, más claro debería ser el compromiso de una sociedad con el principio de que ciertos actos no pueden tolerarse nunca más. En Chile, ese compromiso se expresó y expresa durante años en la lucha de familiares de detenidos desaparecidos, en las querellas impulsadas por organizaciones de derechos humanos y en la construcción de sitios de memoria como Villa Grimaldi o Londres 38, los cuales constantemente intentan desfinanciar.
Esos lugares existen para recordar que la violencia estatal no es una abstracción histórica. Fue una práctica sistemática, organizada desde el poder y ejecutada por agentes del Estado.
Por eso el debate actual no es menor. Conmutar penas en estos casos no es solo una decisión penitenciaria, es una señal sobre el tipo de memoria política que el país está dispuesto a sostener. Una democracia que relativiza la sanción de los crímenes de Estado comienza lentamente a erosionar su propio fundamento ético.
Chile ya vivió demasiado tiempo con pactos de silencio y zonas de impunidad. Volver a recorrer ese camino sería una forma peligrosa de olvido. Y el olvido, en materia de derechos humanos, nunca es inocente. Son sucias estrategias políticas para fragilizar la democracia y continuar dándole lugar al fascismo.
Valentina Elisa Hernández Segura
Trabajadora Social
Mg Intervención Social Mención Familia
Académica Universitaria
