El domingo 4 de julio, se comenzará a vivir un gran dilema que tiene a su haber muchos ingredientes de variada índole.
En muchas materias, se puede avanzar de manera racional concordando posturas sobre como proceder. De esa forma han ido articulando decisiones, sobre formas de proceder de los gobiernos en materias que no tienen puntos de comparación con lo que representa llevar adelante un proceso constituyente, recurriendo al acuerdo no siempre resolutivo, con reuniones en palacio, mesas de trabajo, comisiones y otras instancias destinadas a poner paños fríos y a dilatar.
Lo constitucional, por la relevancia que tiene, no se puede poner en el nivel anterior, porque se trata de un hito histórico de gran trascendencia, que finalmente involucra a muchos.
Un acuerdo en este contexto, como el del 15 de noviembre del año 2019, no resulta representativo, por mucho que haya abierto paso a un proceso constituyente, principalmente porque congrega a un grupo a cuya mayoría, se le puede sindicar como un sector al cual se le percibía formando parte de una institucionalidad en la cual había y hay una desconfianza significativa. A menos de 30 días, de la firma del acuerdo se había producido una gran revuelta y una semana después de la revuelta, actos masivos en todas las regiones del país, reclamando por justicia y dignidad.
Muchos firmantes del acuerdo, no eran parte de la solución, sino causantes del problema.
Cuando, surge y no como algo nuevo, la necesidad de cambio, si es que se observa la cuestión constitucional, habrá que fijarse en lo medular y estructural de la Constitución del 80, que, aunque algunos sientan que estamos sumidos en una democracia, la verdad es que se ha convivido con un producto hecho en dictadura. Así, recién se podría hablar que comenzaremos a avanzar hacia una democracia verdadera, no fingida. Con anterioridad, había mucho de acostumbramiento, resignación y el desarrollo de una sociedad sumida en una desigualdad creciente y sin oportunidades reales.
Un conflicto manifiesto y evidente, y puede llevarse a una instancia máxima como lo es un acuerdo, pero ello exige la participación activa de las partes que están en conflicto, no de los que aparecen con el claro propósito de salvaguardar sus intereses.
Ya estamos con constituyentes electos, pero no se cumple esa condición anhelada por algunos de los del acuerdo, que les hubiese gustado que en lo constitucional llegaran gente de su sector. Ello no fue así, el acuerdo generó un mecanismo, que abrió la puerta a muchos otros, que tal vez nunca, los convocados en la madrugada del día 15 de octubre, pensaron que ello sería así. La estrategia utilizada, en apariencia se les derrumbó e imperó lo que estaba fuera del cerco.
Aunque, disposiciones instaladas en la Constitución del 80, a modo de reforma permisiva del proceso constituyente indica “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, no es un texto de temer, sujeto a que no se acepte que mientras sesione la Convención, el parlamento le dé la pasada a algún subterfugio por parte del actual gobierno, de tratar de imponer la ratificación de un tratado.
El futuro, haciendo mención a lo que viene desde el domingo 4 de julio del 2021, debe ser resorte de un grado de autonomía que debe alcanzar la Convención y la aglutinación de mecanismos de participación y transparencia. Desde ese día, no se le rendirá tributo al acuerdo, sino que, a la sana dignidad reclamada a través del territorio nacional, a cabildos y otras convocatorias que vayan surgiendo.
Todas las esperanzas en que se logré una Constitución diametralmente opuesta a la impuesta en dictadura, que vaya evidenciando a quienes fueron sus incondicionales seguidores, y que, sin modificar tratados, instale en su articulado la apertura, aunque sea en forma solapada, para su revisión futura. El acuerdo no es una imposición, el bienestar social es el principio fundamental que debe marcar el terreno por sobre cualquier otra cosa. Finaliza esta parte de la historia, con un plebiscito de salida de tipo obligatorio, en el cual ya está la convocatoria para pronunciarse por un apruebo o rechazo el nuevo texto constitucional, no existiendo ninguna mención al caso en que el voto sea mayoritariamente en blanco o nulo. En materia constitucional, después de 42 años, no se puede poner sobre la mesa la decisión por el mal menor.
Por supuesto las esperanzas que todo vaya bien, que lleguemos a una democracia verdadera y que se tenga presente en el nuevo texto, la no existencia de un candado y tampoco que sea la calculadora la que va pauteando. Ya estamos entrando al primer paso, y aquí no ha habido ningún acuerdo, es la mayoría quien tiene que decidir, el clamor de los que han exigido dignidad.
29 de junio de 2021
