Recientemente se entregó el Informe Anual de la situación de los derechos humanos en Chile 2024 por el INDH. Un informe muy completo presentado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y podrá ser remitido a la Organización de las Naciones Unidas. Este informe aborda el análisis de la situación de derechos humanos en Chile en siete ámbitos: el primero Violaciones masivas y sistemáticas 1973-1990: desplazamientos, movilidades y traslados forzados, los siguientes capítulos son Situación de las personas defensoras de derechos humanos; Derecho a la vivienda adecuada: asentamientos informales; Maternidad vulnerable: derechos de madres privadas de libertad y garantías para sus hijas e hijos menores de edad; Derechos humanos y áreas protegidas, y finalmente, el último capítulo se abordan los avances y desafíos para garantizar el derecho a la salud mental en Chile.
Por primera vez, se aborda la gestión de áreas protegidas y sus instrumentos asociados, vinculándolos con los derechos humanos reconocidos por la constitución chilena. Aunque Chile reconoce el derecho a un medio ambiente sano como fundamental, aún está rezagado en su consagración constitucional en comparación con desarrollos internacionales recientes. El concepto de “vivir en un medio ambiente sano” se ha convertido en una estrategia clave para el desarrollo social y económico, subrayando la importancia de preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Esto resalta que el progreso debe ir de la mano con la protección ambiental, pues su cuidado es esencial para el desarrollo y la supervivencia humana.
La protección ambiental es un compromiso que involucra al Estado, las comunidades, sus integrantes, autoridades, poderes del Estado, personas y empresas. Todos deben reflexionar y actuar conforme a las normas y obligaciones pro-ambiente para cumplir con sus responsabilidades ambientales.
El capítulo sobre Derechos Humanos y Áreas Protegidas resalta la pérdida acelerada de biodiversidad y su impacto en el bienestar humano. La biodiversidad es crucial para el equilibrio ecológico y el ejercicio de los derechos humanos, ya que los ecosistemas nos brindan recursos vitales como alimentos, agua y aire limpio. Además, tiene un valor cultural y espiritual para muchas comunidades que dependen de los ecosistemas para su subsistencia. Su pérdida pone en peligro derechos fundamentales como la salud, la alimentación y un ambiente sano.
Se subraya que el 75% de la superficie terrestre se ha degradado y el 85% de los humedales se han perdido, lo que refleja la gravedad de la crisis ambiental. Esta degradación está vinculada a las actividades humanas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático, que afectan negativamente a las comunidades más vulnerables.
Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad, actuando como refugios sostenibles. Sin embargo, las políticas de protección deben incluir un enfoque de derechos humanos que garantice la participación de las comunidades locales y respete sus derechos y medios de vida. De lo contrario, la creación de áreas protegidas puede generar conflictos por la limitación de recursos o necesidades socioeconómicas. Los ecosistemas proporcionan servicios clave como alimentos, medicinas y materiales, regulan procesos como la purificación del agua y la polinización, soportan funciones básicas como el ciclo de nutrientes y la formación del suelo, y ofrecen beneficios culturales. Su deterioro afecta gravemente nuestra calidad de vida y el acceso a estos recursos esenciales.
En Chile, la conservación de la biodiversidad comenzó en 1907 con la Reserva Forestal Malleco. En los años 80 se crearon parques nacionales, para preservar la biodiversidad. Sin embargo, el 62% de las especies chilenas están en riesgo de extinción, siendo la zona centro-sur un punto crítico de biodiversidad globalmente amenazado. El Estado chileno ha tomado medidas como la Ley 21.600 de 2023, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para mejorar la gestión de los ecosistemas y áreas protegidas. A pesar de los avances, persisten desafíos.
Un ejemplo destacado de conflicto entre conservación ambiental y derechos humanos es el Salar de Surire, en la región de Arica y Parinacota. Este ecosistema único alberga especies como los flamencos andinos, pero enfrenta amenazas por actividades extractivas como la minería del boro, que afecta los recursos hídricos y altera los hábitats poniendo en peligro especies endémicas. Las comunidades indígenas locales, que dependen del salar, han denunciado la degradación ambiental y la falta de protección estatal. Este caso muestra la ausencia de evaluaciones ambientales integrales y supervisión deficiente de las industrias extractivas. De manera similar, la industria salmonera en el sur de Chile ha dañado los ecosistemas marinos cercanos a áreas protegidas, afectando tanto la biodiversidad como a las comunidades, mientras que las medidas estatales para enfrentar estos problemas siguen siendo insuficientes. Otro ejemplo, en lugares turísticos como San Pedro de Atacama, las comunidades indígenas enfrentan carencias de servicios básicos, a pesar de los esfuerzos por proteger la biodiversidad. Estas comunidades, incluso en áreas protegidas, suelen depender de acuerdos con empresas para acceder a servicios, lo que frecuentemente genera conflictos y afecta el tejido social. Estos ejemplos subrayan la necesidad de políticas públicas inclusivas que equilibren la conservación y los derechos humanos, promoviendo la participación local y fortaleciendo la supervisión de actividades extractivas.
En Chile, las áreas protegidas están desigualmente distribuidas, concentrándose principalmente en la Patagonia, lo que dificulta el acceso a recursos naturales para muchas comunidades. La explotación de recursos como el litio y el hidrógeno verde en la norte amenaza los ecosistemas frágiles y profundiza las desigualdades en el acceso a recursos y protección ambiental.
El manejo de estas áreas enfrenta desafíos como la falta de recursos, la exclusión de comunidades locales y las presiones de actividades extractivas cercanas. Para una conservación efectiva y la protección de los derechos humanos, el Estado debe adoptar un enfoque integral que equilibre la preservación de ecosistemas con el bienestar de las comunidades, garantizando acceso equitativo, respeto a los derechos humanos y fomentando la participación local. Solo así se logrará un desarrollo sostenible y justo que beneficie tanto a la naturaleza como a las personas.
Dra. Ingrid Garcés Millas
Investigadora - OPSAL