Ventana, Quintero y Puchuncaví, lugares y paisajes obligados en la infancia de muchos(as), hoy convertido en un lugar de sacrificio para miles de habitantes de la zona afectada. En agosto del año 2018, se reconoció públicamente uno de los tantos incidentes medioambientales, cuyos resultados fue una catástrofe ambiental y un problema de salud por intoxicación, sobre todo para niñas y niños, quienes debieron asistir masivamente a los centros de salud.
Como ciudadanía pensamos, que estos hechos gravísimos, alertarían y movilizarían a las instituciones del estado para tomar decisiones radicales frente a estos focos de contaminación, encarnados por un cordón industrial de plantas de refinería, entre otros.
Estos gases contaminantes, se han incubado en el hábitat, entrado a las casas a través de polvo en suspensión y de arrastre, por tanto, se asume que existe un número indeterminados de personas que eventualmente estarían contaminadas.
Los vecinos se movilizan, emplazan a las autoridades por un cambio, acuden a los medios de comunicación como una instancia denunciante, sin embargo, las respuestas no llegan, más bien se desestima el alcance de esta contaminación, que es el corolario de décadas de contaminación silenciosa. Hace muchos años que el suelo de Ventana y Quintero han dejado de florecer, perdiendo sus habitantes el verde y el colorido tan propio de una zona donde se articulaba campo y costa. Junto a la flora, se pierde la fauna y también la biodiversidad, sacrificio que la gente del lugar estuvo obligada a hacer porque estas industrias representaban el desarrollo del sector y la posibilidad de una mejora salarial. Por tanto, los afectados están en una situación compleja, puesto que por sustentar sus hogares están perdiendo la casa común, cuestión que es injusta e inmoral. Las industrias operan bajo la lógica de maximizar las ganancias con los menos gastos posibles, por esa razón, no se actualiza la tecnología o no se supervisa el impacto ambiental, porque, si fuera de otra manera, estos sucesos no ocurrirían.
Frente a esta situación, sorprende el escaso valor que tanto el poder ejecutivo y legislativo les atribuye a las personas-ecosistema, es tan evidente que algo grave ocurre y requiere una acción pronta de las autoridades. Lamentablemente, esta actitud no asombra, porque es una muestra más de la farándula de los cargos. ¿Tan poco valor tiene la vida de las personas?
Como suele suceder con otras instancias de injusticia social, los vecinos del sector se organizan. Han interpuesto recursos de protección y querellas colectivas en la corte de apelaciones de Valparaíso y en el tribunal de garantía de Quintero respectivamente, no obstante, las indagatorias para determinar a los responsables aun no terminan. ¡¡¡Insólito!!!
Ahora bien, es evidente que las normativas están ajustadas a los requerimientos de las empresas y no a las necesidades de la ciudadanía, tanto es así, que la cantidad de empresas en el sector excede con creces a las establecidas (hay 19 focos contaminantes). Este es uno de los motivos, según las autoridades, de lo complejo que es determinar responsabilidades en las intoxicaciones masivas.
Ante esta situación, la exigencia de los vecinos es levantar políticas públicas ambientales universales nacionales, que aseguren el resguardo de las personas y del ecosistema, y no políticas focalizadas que respondan a emergencias en forma compensatoria. Por este motivo, los vecinos de las zonas afectadas están desesperanzados y cansados de la burocracia. Necesitan respuestas inmediatas porque la realidad así lo amerita. Cabe preguntarse, ¿existe ocultamiento de información? ¿O es solo negligencia, o alevosía?
Si bien, se ha conocido a través de los medios de comunicación que el ministerio del medioambiente está realizando gestiones para instalar un laboratorio de monitoreo en la zona de sacrificio, además de un plan de prevención y descontaminación atmosférica en un plazo de cinco años, es sabido también, que los vecinos no confían en la eficacia del plan, puesto que consideran que lo ofrecido es una solución “parche”. Lo que solicitan es la paralización inmediata de las empresas que emiten contaminación.
De esta manera, la zona de sacrifico representa el paradigma del conflicto medio ambiental en un modelo neoliberal con tintes democráticos. Así pues, cada uno cumple su rol en la escena: las autoridades señalan que aún están investigando, pero mientras eso sucede, las enfermedades avanzan y la contaminación continúa provocando constantes varamientos de carbón y decretándose alertas por la mala ventilación del aire. Por su parte, cada empresa intenta disuadir y transferir su propia responsabilidad social, a través de un silencio escandaloso, manejo de la información y gozando de la impunidad que le entrega el Estado para que no transfieran los capitales; a su vez, los medios de comunicación abordan los diversos eventos de la catástrofe medioambiental en unos pocos minutos pues se trata una noticia de provincia, mientras indolentemente, el resto del país toma el té mirando la pantalla, como si esas imágenes fueran ciencia ficción, puesto que –creen- no nos afecta directamente.
El resto de los sujetos implicados son los ciudadanos del lugar: niñas, niños y jóvenes que no pueden asistir a estudiar de forma segura, trabajadores y trabajadoras, ancianos, jefes y jefas de hogar que intentan vivir la vida con normalidad. Los más perjudicados: los pobres, aquellos compatriotas más desfavorecidos socialmente, porque los ricos cierran la casa y se van a vivir al extranjero o a lugares exclusivos. Y ni hablar de la madre tierra: suelo, peces, frutas y hortalizas contaminados con metales pesados.
En definitiva, toda una zona contaminada para beneficiar a unos pocos, quienes además son empresas transnacionales que devastan territorios y personas como saltamontes que comen, destruyen y se van, dejando atrás ecosistemas que requieren décadas o siglos en restaurarse ¿Acaso siguen siendo los efectos colaterales menores para cumplir el propósito de la riqueza? ¿Estamos dormidos?, ¿dónde están nuestros derechos?
Todo esto parece una desidia, falta a los deberes o simplemente indiferencia, paradojalmente, Chile se está preparando para ser sede de la COP 25. Podemos predecir las escenas del evento: políticos, empresario, prensa, gran despliegue de seguridad, ciudadanía protestando contra los atentados medio ambientales, policía represiva, despedida de las autoridades internacionales, vocería del gobierno elogiando el evento. Mientras que Ventana, Quintero y Puchuncaví… y otras zonas de crisis medioambientales continúan esperando que capital, política y bien común estrechen la mano en pos del desarrollo sostenible de los pueblos.
Al respecto, Max Neef (1986a, 1986b), compatriota nuestro, plantea el desarrollo a escala humana y la economía descalza, esto significa utilizar otros lenguajes, reconociendo a los desconocidos o invisibles e ideando el crecimiento con sustentabilidad, resguardo del entorno natural y a sus habitantes.
“Nos han hecho creer que la única forma de entender y tomar decisiones en torno a temas económicos es la teoría neoliberal, sin embargo, basta mirar alrededor para darse cuenta lo macabro del sistema que lejos de servirnos a nosotros, nos tiene atados” Homenaje a Manfred Max Neef
Referencias bibliográficas:
Max-Neef, M. (1986a). Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y reflexiones. Barcelona: Icaria.
Max Neef, M. (1986b). Economía descalza, señales de un mundo invisible. Montevideo: Nordan.
Dra. Sonia Brito Rodríguez
Mg. Lorena Basualto Porra
Lic. Andrea Berríos Brito
