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Convención constitucional chilena: Los nudos gordianos de un proceso en suspenso. Por Rony Núñez Mesquida

1.- “Mientras la ciudad duerme”

El 15 de noviembre de 2019 el país vivía un clima de máxima tensión producto de una revuelta sin precedentes en la historia republicana reciente. Ante una crisis política e institucional de esta magnitud la élite, representada en forma transversal en el Congreso Nacional, entendió, como pocas veces, que, al menos de manera simbólica, tendría que realizar una concesión a la que no están acostumbrados: ceder poder.

Tal como lo plantea María Victoria Murillo: “En Chile, la élite tuvo suficiente poder para resistir hasta el final sin hacer ninguna concesión y eso hizo que explotara el sistema”.[1]

En efecto, una aparentemente simple reivindicación derivada del alza del precio del metro, terminó siendo la “punta de lanza” de una impugnación colectiva mayoritaria a un modelo en su conjunto: el neoliberal, impuesto a sangre y fuego en dictadura y legitimado en sus cimientos fundamentales por una socialdemocracia de corte liberal, que ejerció la hegemonía durante los sucesivos gobiernos de la Concertación desde 1990, la cual termina aceptando y acomodándose al modelo, bajo la tesis de una posible “humanización” de éste, el cual, a la luz de la exclusión y segregación estructural, la derrota de la meritocracia y la paupérrima distribución del ingreso, termina por acrecentar su deslegitimidad.

En estudios académicos y de análisis de distintas instituciones tanto nacionales como internacionales, advertían desde hace décadas que el supuesto “milagro del modelo chileno” tenía mucho más de apariencia que de un sólido correlato con la realidad. En efecto, se puede asociar el comportamiento de este modelo al de un fenómeno tipo “burbuja inmobiliaria”, más que de un modelo de desarrollo progresivo que permitiera su permanencia en el tiempo, sin ningún tipo de impugnación. De esta manera, la expresión “no lo vinieron venir” que se ha popularizado y difundido en las redes sociales y medios de comunicación, tiene directa relación con la inconciencia de una élite acomodada a un nivel de vida propio de países desarrollados que, deconstruye la realidad sin generar mayores contactos con el Chile real, que ha mirado durante décadas como su nivel de ingresos abarca un menor grado de satisfacción de sus necesidades, acrecentando una brecha de clase cada vez más profunda.

2.- El acuerdo de las Élites.

El 15 de noviembre de 2019, guarecidos dentro del mármol del palacio que albergó el Congreso Nacional hasta el golpe de estado de 1973, la élite comprendió que debía ceder poder para evitar una crisis política y social y retomar un cauce institucional, en un acuerdo inédito tanto por su transversalidad como por su contenido, la mayoría de los partidos políticos, firman el histórico “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, el cual fue suscrito “Con el compromiso del restablecimiento de la paz social y el orden público, así como el total respecto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática”. Ahora bien, el subtexto detrás del acuerdo cumplió dos finalidades específicas y que, por cierto, no se explicitan en el texto mismo:

1.- Salvar al gobierno de Sebastián Piñera de sufrir el oprobioso destino de tener que renunciar y huir sufriendo el destino de otros mandatarios del continente como Fernando de la Rúa y su ya mítica imagen escapando en helicóptero desde una Casa Rosada sitiada por los manifestantes. Este escenario, inédito en la historia republicana chilena reciente, hubiera significado el desfonde final del modelo de transición, así como la generación de un vacío de poder exacerbado por el hiperpresidencialismo. Este nivel de conflicto político, al que definitivamente no estaba ni está preparado el sistema político chileno, implicaba el inicio de un cogobierno con un Congreso igualmente deslegitimado y la apertura a un calendario electoral marcado por el llamado a elecciones anticipadas, contexto en que la élite definitivamente perdería o vería diluirse su posibilidad de influir en el proceso en defensa del modelo por ellos propiciado.

2.- Permitir una solución institucional al escenario de violencia social amplificado por un nivel de represión policial pocas veces visto en Chile en post dictadura, y que ostenta el triste record de más de 400 ciudadanos con pérdida de la vista, producto de balines y bombas lacrimógenas percutadas por agentes del estado, amparados jurídicamente por un estado de excepción constitucional y políticamente por un gobierno que, hasta el día de hoy, respalda el accionar de Carabineros y Fuerzas Armadas.

3.- Los “nudos gordianos” del Proceso Constituyente.

Si bien el ya mencionado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” sumado a la pandemia por Covid-19 pareciera haber dado un respiro a un gobierno, cuyo programa había terminado el 18 de octubre de 2019. Piñera comete dos errores garrafales: en primer lugar, permite que su propio conglomerado desconozca el acuerdo del 15 de noviembre, introduciendo la opción de un “rechazo” al proceso constituyente mismo, opción que es elocuentemente vencida en el plebiscito de entrada del 25 de octubre, quedando el Presidente sin piso político ni agenda.

Por otra parte, valida políticamente las causas de la crisis: esto es, la incapacidad del sistema en su conjunto de procesar la crisis de representatividad, incapaz de establecer soluciones institucionales a las demandas históricas del movimiento social, el cual, harto de un panorama sin mayor horizonte, se plantea como única solución viable, el fin de la Constitución de 1980 y, con esto, la impugnación del modelo de desarrollo mismo, cuestión que, precisamente, ha sido el foco de defensa principalmente de la derecha conservadora, la que ha intentado validar a través de sucesivas reformas, sin tocar los elementos esenciales del modelo mismo, como son la mantención de un estado subsidiario, la defensa férrea de la provisión privada de derechos sociales que debieran estar garantizados como piso mínimo de convivencia, la falta de una definición de un Estado plurinacional y multicultural, el reconocimiento y protección de minorías, el rol y propiedad de los recursos naturales, entre otros, los que se reflejan en el elocuente triunfo de la opción Apruebo.

No obstante lo anterior, la élite se planteó negociar una reforma constitucional al capítulo XV de la actual carta magna, a fin de permitir la estructuración de un calendario constituyente, que permitiera un proceso de reformas sin cambiar la Constitución o sus presupuestos fundamentales. En vez de aquello, la derecha termina aceptando como nueva derrota, la incapacidad de ésta de evitar que sea la impugnación al modelo el centro de la discusión constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proceso Constituyente posee aún varios “nudos gordianos” que no se han resuelto, y que plantean una serie de complejidades que pudieran terminar en el peor escenario posible, es decir, que el proceso constituyente, no cumpla las enormes expectativas que ha creado en la ciudadanía.

a.- Primer nudo: Escaños reservados de los pueblos originarios.

 El acuerdo no dejó establecido el número de escaños reservados para pueblos originarios. Dicha omisión, resulta en que el Estado de Chile no cumpla con el ordenamiento jurídico vigente, en virtud de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. La importancia de los escaños reservados también deben ser considerados a la luz de los sucesivos hechos de violencia y criminalización contra las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, donde el enfoque del conflicto, ha sido la de una política militarizada y de orden público, sin comprender que su solución es política. Y requiere el reconocimiento constitucional tanto de nuestras primeras naciones, como del carácter plurinacional del Estado en la futura nueva constitución. Si bien éstos son temas posicionados en la agenda pública, los sectores conservadores se han opuesto a aceptar una fórmula donde la representatividad de los pueblos originarios esté acorde a su proporción demográfica. De esta forma, la discusión entre una oposición que defiende la postura de garantizar 23 escaños adicionales a los 155 escaños que compondrán la Convención Constitucional, versus un gobierno que ha propuesto 15 escaños, que además sean parte de los 155 convencionales. Esta falta de sensibilidad para resolver el problema de representatividad de las primeras naciones en el Proceso Constituyente, atenta con la posibilidad de iniciar un camino que permita resignificar el valor cultural, social, político e histórico de los pueblos originarios, y donde el Estado de Chile se haga cargo, de erradas políticas implementadas a la fuerza, desde la conformación del Estado-nación a la fecha y que tantas muertes han significado para las primeras culturas. Esta ceguera por parte de la élite en términos de controlar el funcionamiento y conformación de la Convención Constitucional, puede desperdiciar una gran instancia de conciliación entre Pueblos Originarios y el Estado de Chile.

b.- Segundo nudo: Representación de Independientes.

En segundo término, tampoco se encuentra resuelto la representación e incorporación de independientes en la Convención Constitucional. Actualmente se ha legislado sobre permitir la inscripción de independientes, los que deberán reunir un conjunto de firmas equivalentes al 0.4% del padrón que votó en la elección de diputados pasada, correspondiente a la circunscripción en que quieran competir (sistema electoral que se aplicará para la elección de convencionales). Sin embargo, esta legislación, hoy hace prácticamente inviable que personas independientes que no vayan dentro de pactos o listas con partidos políticos, puedan ser electas. Ello porque la legislación no permite la competencia entre independientes y partidos políticos en igualdad de condiciones, pues no está resuelto el que las y los candidatos reciban financiamiento público para sus campañas, como sí podrán los partidos. A su vez, el hecho de exigir la reunión de firmas notariadas en el contexto de la actual pandemia, dificultan aún más la viabilidad de que personas independientes tangan los incentivos suficientes para participar, sin necesidad de depender del hecho que sean los partidos políticos, los que les otorguen cupos en sus listas, convirtiéndose en verdaderos árbitros o filtros para la participación, sobre todo al exigir a dichos independientes algún tipo de subordinación ideológica. Todo lo anterior, prueba una vez más que la élite, a pesar del claro mandato expresado en las urnas el 25 de octubre, desconoce la opinión mayoritaria que descree de los partidos tradicionales, los cuales son vistos como parte del problema que gatilla la crisis y no como un actor capaz de encauzar y dar solución tanto al proceso constituyente mismo, como a la crisis de legitimidad del sistema en su conjunto. En estos términos, la preocupación de la élite político-empresarial es cooptar la conformación de la Convención, a fin de que garantice que, a pesar de la redacción de una nueva carta fundamental, el modelo neoliberal no se vea afectado en sus cimientos.

c.- Tercer Nudo: La disputa por el Reglamento de funcionamiento de la Convención.

En tercer término, no existe una regulación del funcionamiento de la Convención misma hasta el momento. Sobre esta materia la legislación sólo establece que se elegirá un Presidente o Presidenta así como un Vicepresidente o Vicepresidenta de la misma. A ello se sumará una Comisión Técnica que asesorará en la discusión y funcionamiento del ente constituyente. Es decir, será terreno de disputa el Reglamento de Funcionamiento de la Convención Constitucional, cuestión no menor, si se considera que en dicho Reglamento, se establecerá la metodología, forma de trabajo, procedimiento de votación, organización de las materias que serán objeto de discusión constitucional y el rol de asesores o agentes externos. Esto hace que una captura de los Convencionales por parte de la élite sea un peligro latente, y que impactaría en la forma de votación (por capítulos o artículo por artículo por ejemplo), la manera de implementación de la denominada hoja en blanco, la incorporación de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigente, la resolución de controversias eventuales entre la Convención y el Congreso, la aplicación de los 2/3 como quórum de votación, entre otros. En conclusión, son múltiples los aspectos que no se han regulado, ni menos incorporados al escrutinio de la opinión pública, ni de los medios de comunicación, ambos principales contrapesos al ejercicio del poder mismo.

d.- Cuarto nudo: Falta de unidad y cohesión de movimientos sociales y partidos de oposición.

En cuarto lugar, el fantasma de la división de la oposición y movimientos sociales, ronda desde el triunfo del Apruebo. Efectivamente, la falta de visión, la defensa de identidades partidistas, la mezquindad y egos, han dificultado de sobremanera el poder arribar a acuerdos que permitan plantear la viabilidad de una lista única de candidatos y candidatas a convencionales, y que permitan crear las condiciones políticas para que la derecha sea derrotada, en la conformación de la Convención Constitucional misma, única manera de dar garantías de que el nuevo texto constitucional sea fiel reflejo de los sueños y aspiraciones de las grandes mayorías. Si la oposición, movimientos sociales e independientes se presentan divididos en varias listas, la dispersión de estos votos posibilitaría que la derecha pudiera eventualmente sacar sobre el 35 % de los escaños, con lo cual se aseguraría el veto al interior del órgano constituyente, al copar el tercio que necesita para bloquear los cambios a su conveniencia. Un escenario de este tipo, dificultaría significativamente la conformación de un amplio acuerdo político y social que permitiese crear la correlación de fuerzas necesarias que impidiera que un nuevo gobierno de derecha, dirigiera los destinos del país por cuatro años más, cuestión que, claramente este país no se merece. Está en la responsabilidad, generosidad y altura de miras necesaria por parte de las grandes mayorías articuladas a partir de la opción “Apruebo”, posibilitar que por primera vez en décadas, sea el pueblo el que mande. De lo contrario, puede ser la mayor “farra” de nuestra historia vigente, de la que nos lamentaremos quizás por generaciones.


[1] Ver entrevista en https://www.ciperchile.cl/2020/09/19/en-chile-la-elite-tuvo-suficiente-poder-para-resistir-hasta-el-final-sin-hacer-ninguna-concesion-y-eso-hizo-que-explotara-el-sistema/

Rony Núñez Mesquida es escritor y columnista Le Monde Diplomatique.

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