En Chile —y en buena parte del planeta— obtener un permiso estatal es para muchos emprendedores una auténtica tortura. No basta con que el proyecto sea rentable para el privado y para la sociedad: también es necesario atravesar las intrincadas compuertas de la “permisología”. Y es precisamente en ese laberinto de formularios, firmas y ventanillas donde está la oportunidad para la corrupción administrativa. En este contexto, dicho mal puede adoptar dos formas principales, cada una con su propia trama: corrupción centralizada o corrupción descentralizada.
Veamos el ejemplo de un empresario que desea concretar un proyecto. Nada extraordinario: lucrar, generar empleo, pagar impuestos y contribuir al desarrollo del país. Pero para lograrlo necesita —ineludiblemente— tres permisos ambientales: uno para actuar sobre la fauna, otro para intervenir la flora y otro para usar el agua. La potestad de otorgar cada uno de esos permisos recae, lamentablemente, en tres funcionarios corruptos, cada uno a cargo de emitir la autorización correspondiente a su ámbito ambiental.
En el caso de la corrupción centralizada, los tres funcionarios se ponen de acuerdo. Son, digámoslo, sagaces profesionales del mordisco bien administrado. Se reúnen discretamente en una cafetería, hacen sus cálculos y fijan el precio: cada uno cobrará una coima de dos millones de pesos. El empresario sobornado desembolsará entonces, un total de seis millones, cifra que el trío de malhechores considera “razonable” y pagable. El proyecto obtiene así los permisos para fauna, flora y agua. El empresario, algo incómodo, recibe la aprobación; los funcionarios sonríen, y la rueda de la economía —aunque sucia— sigue girando.
Ahora imaginemos la corrupción descentralizada. Aquí cada funcionario actúa por cuenta propia, y eso cambia todo el escenario. Puesto que no hay información compartida, cada uno decide a ciegas, sin conocer la magnitud de las coimas exigidas por los otros dos. Cada corrupto se comporta como un monopolista dentro de su pequeño feudo: “Mi permiso es imprescindible; cobraré lo máximo que aguante el sobornado”. El resultado es que los tres sobreestiman lo que el empresario está dispuesto a pagar en total. El de fauna piensa: “Si el inversionista necesita mi permiso, puede pagar tres millones de pesos solo por el mío”. El de flora razona igual, y el del agua no se queda atrás. El resultado es que el costo total de las coimas sube a nueve millones de pesos.
El empresario en este caso está mucho más incómodo. Siente que algo le están clavando en el ojo y hace lo que cualquier agente racional haría: retira su proyecto y se va a invertir a otro país. Los tres funcionarios, sin entender cabalmente por qué sus bolsillos siguen vacíos, terminan quejándose de la falta de inversión extranjera.
Este fenómeno fue descrito por Andrei Shleifer y Robert Vishny (1993), economistas que estudiaron la transición postsoviética. Descubrieron que, tras el colapso de la URSS, el gobierno ruso se fragmentó en burocracias hambrientas de sobornos, cada una cobrando su propia “tarifa” para permitir que una empresa respirara en su territorio. El resultado fue desastroso: la corrupción descentralizada asfixió más a la sociedad que la centralizada, porque los empleados públicos competían por extraer lo máximo posible de cada víctima sin coordinarse entre sí.
Años después, Benjamin Olken y Patrick Barron (2009) siguieron en la isla de Sumatra a camioneros que, durante un conflicto bélico, debían pagar sobornos en más de sesenta retenes por un trayecto de 637 kilómetros. Como los retenes eran tantos y tan dispersos, en cada uno se cobraba su propio peaje ilegal: billetes, cigarrillos o ambos. Pero cuando terminó el conflicto armado y desapareció la mayoría de los retenes periféricos, ocurrió algo curioso: los soldados que quedaron de común acuerdo incrementaron sus precios, pero el total pagado por los camioneros disminuyó.
Paradójicamente, lo que estos estudios demuestran es que la armonía en el delito puede ser menos dañina que su desorden. Una corrupción centralizada es, dentro de lo maligno, más racional y menos destructiva que una corrupción desparramada entre pequeños burócratas autónomos. En otras palabras: si la corrupción fuera inevitable, sería preferible que estuviera liderada por un ladrón eficiente antes que dispersa en manos de una decena de ineptos.
Pero no nos engañemos. El verdadero progreso no está en elegir qué tipo de corrupción toleramos, sino en no tener que elegir. Porque mientras titubeamos entre facinerosos coordinados o desorganizados; la empresa ya hace sus maletas, la fauna se extingue, la flora se marchita y el agua se escurre por la alcantarilla de la ineficiencia pública.
Lucio Cañete Arratia
Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile
