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Corrupción y proceso eleccionario. Por Manuel Acuña Asenjo

COMUNIDAD Y CORRUPCIÓN

No es fácil atribuir determinada virtud a una comunidad; mucho menos, hacerlo respecto de un vicio: hay más tolerancia para aceptar una valoración positiva que una negativa. Pero eso sucede en principio, pues tales valoraciones tienden a variar constantemente, de acuerdo a los intereses que subyacen tras ellas. De todas maneras, ¿cuándo es posible decir que una comunidad está corrupta? ¿Cuándo es posible afirmar que no se puede confiar en ella? ¿Cuando la mitad de su población lo está? ¿O cuando lo está la mayoría? ¿Cuál es, entonces, esa mayoría? Y, ¿qué pasa si esa sociedad, como todas, posee clases sociales una de las cuales se impone sobre la otra? ¿Qué sucede si los sectores dominantes de esa comunidad imponen una forma representativa de gobierno, y son esos representantes quienes aparecen realizando prácticas que son corruptas? ¿Qué sucede si esa forma de proceder la adoptan tanto los partidos ‘de derecha’ como aquellos que dicen representar a los sectores dominados?

Para un analista, que toma como fuente de su opinión el libro de Zygmunt Bauman ‘Modernidad líquida’,

“[…] las sociedades caracterizadas […] por […] relaciones sociales debilitadas, volátiles y efímeras, la confianza en las instituciones se desvanece, facilitando inmediatamente la aceptación de comportamientos corruptos por parte de los inútiles funcionarios de turno”[1].

Las relaciones sociales, no obstante, se debilitan por varias causas; la corrupción, entre otras. Y la corrupción no es un delito. Es atropello a la moral. Un ataque a la ética, frente a lo cual

“[…] se hace imperiosamente necesario preguntarnos si estamos frente a una nueva crisis moral de la república. Todo parece indicar que sí”[2].

AMÉRICA LATINA NO BRILLA POR SU TRANSPARENCIA

En el informe elaborado a principios de este año, y que lleva por título ‘Índice de Percepción de la Corrupción 2023’, luego de estudiar a 180 países y territorios, la organización ‘Transparencia Internacional’ concluye que, en América, los datos sobre la corrupción siguen siendo negativos.

“Solo dos países de la región mejoraron su puntuación (Guyana, con 40 puntos y República Dominicana, con 35). Todos los demás descendieron. En algunos casos, la caída fue significativa, como en el caso de Santa Lucía, con 16 puestos menos; Guatemala, con 9 puntos menos; Argentina, Honduras y El Salvador, con 8 puestos menos. La caída de puntos afectó incluso a países bien situados en el índice, como Canadá y Chile, que bajaron 7 puntos en la clasificación”[3].

¿ES CHILE UN PAÍS CORRUPTO?

En Chile, como en la generalidad de las naciones, la corrupción ha estado presente a lo largo de toda su historia. Ha sido parte inherente de la política criolla; sin embargo, nunca había alcanzado los niveles que hoy ostenta. Pero —justo es decirlo— su extrema virulencia se adquirió bajo la dictadura pinochetista, propagándose con fuerza en los gobiernos post dictatoriales[4].

Según un analista,

“Es una paradoja de las sociedades democráticas que, llegado cierto momento crítico comienzan a destruir confianza (un valor público) más rápido de lo que la sociedad y su esfera política puede crearla. Es precisamente lo que está ocurriendo en Chile, como hemos podido observar aquí”[5].

Las sociedades se reproducen. Y lo hacen repitiéndose sobre sí mismas, repitiendo sus propias prácticas. O, lo que es igual, creando costumbre. Volviendo sobre sí mismas. Y, consecuentemente, creando cultura. No debe llamar la atención que, terminada la dictadura, muchas de esas conductas comenzaran a ser adoptadas por políticos que habían prometido a la comunidad nacional ‘la alegría que viene’. Y es que, quien ejerce el poder material en una sociedad ejerce, igualmente, su poder espiritual. Lo que, en palabras más directas, significa que la cultura de las clases dominantes se hace cultura de las clases dominadas. Si aquella es corrupta, no debe llamar la atención que ésta también lo sea[6].

NEGANDO UNA PRÁCTICA QUE ES USUAL

Chile es una nación hipócrita. Sus habitantes aparentan sorprenderse al escuchar semejantes hechos. No somos corruptos, dicen, aunque reconocen que algunos sí lo son, pero no todos[7]… Algo obvio, porque la ecuación se ha invertido: la mayoría está corrupta. Y, sin embargo, en forma porfiada, persisten algunos en explicarlo recurriendo a la vieja ecuación, como lo hacen personajes ligados a la ‘élite política’, uno de los cuales, refiriéndose a las repercusiones del llamado ‘caso Hermosilla’ advertía que se trataría de un hecho

“[…] desastroso, complejo, relevante, pero que no involucra a todo el sistema político, al sistema empresarial y al administrativo”.

“Me parece que hay que ser muy delicado, junto con condenarlo, reprocharlo absoluta y totalmente, no normalizarlo ni extenderlo a muchos actores judiciales o políticos”[8].

No obstante, ese sosiego —rayano en la candidez—, que arranca de las palabras de ese personaje, no parecen compartirlo otros analistas:

“En los últimos 20 años, prácticamente ninguna institución militar y policial chilena se ha librado de la corrupción. Sus altos mandos han malversado fondos públicos, defraudado al fisco, falsificado instrumentos públicos y filtrado información privilegiada, entre otros ilícitos”[9].

¿Y qué decir de los otros casos, como Penta, lo que se ha dado en denominar ‘Megafraude tributario’, las fundaciones, en fin[10]? ¿Qué decir de los negocios hechos desde el propio Parlamento por algunos de sus miembros? ¿Qué decir de un presidente de la República que, con la ayuda de sus ministros y consejeros, pudo acrecentar sus negocios a partir del Estado? ¿Qué decir de los escándalos en las Municipalidades, que van desde agresiones sexuales al saqueo de los fondos que aporta toda la ciudadanía para el funcionamiento de esas instituciones? Las Municipalidades, recordemos, son 345; de ellas, 203 tienen querellas interpuestas en su contra, esperando ser vistas por los tribunales, y, de las mismas, 125 se encuentran ya admitidas a proceso. Todas ellas dicen relación con la corrupción.

CHILE COMO PAÍS CORRUPTO

Chile es un país corrupto, sostenemos nosotros. Y su sistema de gobierno es la cleptocracia. Son corruptas sus organizaciones, instituciones y servicios, por disponerlo así las leyes que las rigen, dictadas, todas en estricta armonía a una forma de acumular excluyente y exclusiva, impuesta por la fuerza a una sociedad indefensa. Lo son los agentes que las administran y dirigen, como asimismo quienes han procedido a nombrar a esos agentes. Unos y otros son personajes que actúan consciente y deliberadamente en la realización de la labor que ejecutan; la mayoría de ellos lo hace desvergonzadamente.

En una torpe interpelación que hiciera a las expresiones de la Sra. Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo —según la cuales existiría una red de corrupción a nivel estatal—, el fiscal nacional, señor Ángel Valencia, exigió le informara aquella sobre esa eventual red de corrupción[11]. Comentando esa singular paradoja, señaló Patricio Herman lo siguiente:

“[…] le informamos al distinguido fiscal nacional que, en diferentes medios de expresión y ante el propio Ministerio de Defensa, hemos denunciado formalmente la red que tolera la corrupción y el tráfico de influencias en el ámbito de los inmuebles fiscales que las diferentes ramas de las FFAA venden en el mercado inmobiliario, asunto que, entre otros, fue publicado en el año 2021 en el Diario Financiero, ver link

https://www.df.cl/aniversario/df-terreno/el-negocio-inmobiliario-de-las-ffaa-bajo-la-lupa[12]

Sostenemos nosotros que, organizado el sistema político, como así lo dispuso su mentor, Jaime Guzmán, con partidos políticos actuando en representación de las grandes mayorías nacionales, han sido esos partidos, al amparo de las leyes dictatoriales, quienes han nombrado a tales sujetos y creado esas instancias que hoy dominan por sobre toda la sociedad[13]. Son personajes que se unen, jamás se dividen, porque

“Hay que mamar juntos en las ubres del Estado, y así nadie protesta”[14].

Es tan cierta esta afirmación que, analizando las razones por las cuales se repuso el voto obligatorio, señalaba, hace poco, un analista:

“La ciudadanía muestra una escasa identificación con los partidos políticos, un bajo interés en la política –clave para el bien común– y una escasa participación electoral […][15]

Así, de la mano de dirigentes con abundante preparación académica y magra teoría social, el mercantilismo fue capaz de penetrar la esencia de los partidos y robustecer, de esa manera, el legado pinochetista, asegurando la separación de la sociedad en clases, y destruyendo en los dominados todo sueño de construir una sociedad mejor. Fue una labor tremendamente productiva. Como lo señala un articulista,

“[…] uno de los mayores triunfos de la dictadura [fue] la desarticulación de la comunidad política y su inherente despolitización producto de un Estado desentendido de sus principales responsabilidades sociales, como lo son educación-salud-previsión […]”[16]

¿Podría suponerse que, para llevar adelante semejante proyecto, estaba de más una sociedad pensante y crítica? ¿No estaba, acaso, implícita en esa idea, la exclusión de los ramos de educación cívica, historia y filosofía en los colegios? Digámoslo, sin mayores reservas, ¿no se buscaba, acaso, la instalación de una sociedad acrítica, que sirviese solamente para entregar determinada fuerza de trabajo a quien tenía necesidad de ella, una comunidad de seres no pensantes, una sociedad de aves de corral (gallinas) cuya única función social había de ser elegir como líderes suyos a los zorros encargados de devorarla?

ENFRENTANDO UNA APOTEOSIS ELECCIONARIA

Así, en los meses que se avecinan, no vamos camino a enfrentarnos con tareas que dicen relación con el bienestar de las grandes mayorías nacionales. No. Vamos enfilando directo hacia una apoteosis eleccionaria que tiene como finalidad la reproducción completa de la sociedad que tenemos. Porque enfrentarnos con los lineamientos de un programa ya no es posible; ni siquiera lo es enfrentarse con los colgajos que quedan del que presentara el actual Gobierno. Por delante solamente tenemos elecciones y más elecciones. Y un encuentro con sujetos descomunales, maestros del ‘trasvesti’ político, personajes fabulosos, desmesurados, desmedidos, individuos desvergonzados, que nos invitarán, una y otra vez, a votar por ellos.

Tal vez, algunos de nuestros conocidos lo harán siguiendo la ruta ineluctable de la opción del mal menor. Nos dirán que es necesario votar porque no todos son ‘malos’. Que, si algunos lo son, no todos han de ser así considerados. Pero no nos dirán por qué, si esas personas —que no son ‘malas’—, buscan ser elegidas y aceptan las condiciones que impone la lista dentro de la cual han encontrado refugio. Y esa monserga nos la repetirán hasta el cansancio, incluso, algunos de quienes marchan junto a nosotros en la inclaudicable búsqueda de una sociedad mejor.

Votar. Votar. Porque el voto es una inversión. Y hay que cuidar las inversiones; no arriesgarlas sino hacerlas crecer. En gracia. Delante de Dios y de los hombres. Porque es nuestro ‘capital’ y, como tal, como valor que se valoriza, ha de acrecentarse una y otra vez. Claro: se trata de la aplicación irrestricta de las leyes del mercado, mercantilismo puro, esencia del neoliberalismo. Pero esa es la cultura que nos han inculcado. Porque nuestra misión ha de ser reproducir la sociedad actual, con sus vicios y virtudes.

Por lo mismo, llamar hoy a la comunidad para hacer las transformaciones parece estéril; más, aun, si es el Gobierno quien toma la iniciativa. La oportunidad para ello se le fue ya de las manos. Por lo demás, jamás tuvo esa intención. En la primera quincena de marzo recién pasado, decía un analista:

“Este 11 marzo marca el inicio del tercer año del Gobierno de Boric y la convivencia con los movimientos sociales pasa por momentos tensos, que se busca distender. Algunos piensan que la presión de actores sociales en la calle podría lograr votos opositores en el Congreso para aprobar las reformas”[17].

UNA OPCIÓN DIFERENTE

El difícil momento que vive Chile no será superado por los sectores dominantes; tampoco por las organizaciones políticas existentes. Por más que se unan. Tal vez, por una nueva; es posible. Como, también, por una fuerza social diferente. Como la que, a menudo, pugna por salir y hacerse presente en las manifestaciones o en las protestas. Pero esa fuerza debe ir precedida de una voluntad de cambio, voluntad que debe hacerse manifiesta en el momento oportuno. Tal vez, al sufragar. Concurrir a votar para anular el voto, trazar preferencias a todos los candidatos, votar por todos ellos y, consecuentemente, hacer de ese voto, un esperpento inútil: forma de protestar contra el ‘animus’ confeso de quienes nos empujan a concurrir a las urnas.

¿Constituye una insensatez hacerlo cuando no se confía en las instituciones políticas ni en sus agentes? ¿Cuando no se confía en la forma en que se realizan las elecciones, en el organismo que supervigila el proceso, en los partidos ni en los candidatos propuestos por los partidos?

¿Constituye una necedad exigir democracia directa, posibilidad de elegir a quien uno quiera, restituir la obligación de todo ciudadano para desempeñar cargos públicos por cortos períodos y con remuneraciones que no excedan el promedio que se le paga hoy a los trabajadores? Y, sin embargo, ellas son algunas de las modificaciones que nos agradaría encontrar en alguna reforma al sistema político chileno para no seguir reproduciendo la sociedad de explotación que hemos heredado de la dictadura.

Santiago, abril de 2024

[1] Prieto Femenía, Lisandro: “Intentando comprender la naturaleza de la corrupción”, ‘El Ciudadano’, 10 de marzo 2024.

[2] Olguín Olate, Jorge: “2024 ¿Crisis moral de la república?”, ‘El Desconcierto’, 30 de marzo de 2024.

[3] Santano, Ana Claudia: “Corrupción, democracia y el tabú de hablar de ello”, ‘El Mostrador’, 19 de marzo de 2024.

[4] Nunca, en Chile, el patrimonio de la cónyuge de un gobernante había engrosado tanto con la incorporación (gratuita, por cierto) de bienes fiscales, ¡incluida la plaza de armas de una ciudad! como ocurrió con Lucía Hiriart; ni, tampoco, se habían lucrado en esa forma ciertos sectores sociales vendiendo al extranjero bebés robados o hurtados a familias chilenas que padecían graves dificultades económicas.

[5] Brunner, José Joaquín: “Desconfianza en las instituciones”, ‘El Libero’, 20 de marzo de 2024.

[6] El día 30 de marzo recién pasado, un camión con acoplado, que transportaba paltas, se dio vuelta en la ruta 5 Norte, frente a la localidad de Caleta Los Hornos en La Higuera, falleciendo su conductor, un joven padre de apenas 30 años. Pocos fueron quienes se acercaron al lugar para intentar socorrerlo. La generalidad de quienes lo hicieron se dedicó a recolectar las paltas no para devolverlas sino para llevarlas consigo. La muerte del joven tenía, al parecer, escasa significación para ellos.

[7] En los años inmediatos al término de la dictadura, para muchos de quienes viajamos del exilio a conocer el nuevo Chile, nos llamó la atención el empleo de un código que parecía estar de moda: ‘¿Cvy?’. Muy pronto recibimos la respuesta: ‘¿Cvy?’‘, equivalía a decir ‘¿Cómo voy yo?’ Era una directa alusión al porcentaje de dinero a pagar por una determinada gestión que se solicitaba. Todo se pagaba, Todo era objeto de transacción. No debe sorprender que, a muchos de nosotros, se nos ofreciese comprar la cuota de importación de un vehículo (como ‘retornado’) con la condición de conceder al gestor parte de la ‘ganancia’. De manera brutal comenzábamos a conocer el nuevo Chile que habíamos heredado de la dictadura.

[8] Redacción: “Raúl Leiva (PS) por caso filtraciones: ’No involucra a todo el sistema político, empresarial y administrativo’”, RUCH, 27 de marzo de 2024. Con negrita en el original.

[9] Peña Pinilla, Silvia: “Algo anda mal: ocho altos mandos militares y policiales enfrentan cargos por corrupción”, ‘El Mostrador’, 18 de marzo de 2024

[10] Según lo consigna el artículo de Claudio Pizarro “Megafraude tributario: Las pruebas que unen al ‘Clan Canessa’ con factoring vinculado a Longueira”, publicado por ‘El Desconcierto’ el 04 de marzo de 2024, el referido fraude alcanzaría la suma de 336 mil millones de pesos.

[11] El señor Fiscal Nacional parece olvidar que su propia nominación en el carácter de tal fue producto de esa red de contactos que opera al interior del Estado.

[12] Herman, Patricio: “Le aseguramos al Señor Fiscal que sí hay una red de corrupción”, ‘El Clarín’, 25 de marzo de 2024.

[13] ¿Necesitamos recordar que todos ellos fueron organizados bajo las estrictas reglas de la economía social de mercado, con empresas de ‘marketing político’ y a realizar la propaganda electoral, con directorios que hacían inversiones de toda índole, con presidentes y consejeros cuyas remuneraciones eran (y son) reguladas por el SERVEL, en fin?

[14] Garib, Walter: “Sanguijuelas asociadas”, ‘El Clarín’, 25 de marzo de 2024.

[15] González, Roberto: “Cohesión social en crisis”, ‘El Mostrador’, 29 de marzo de 2024.

[16] Martínez González, Matías: “La dictadura triunfó”, ‘El Mostrador’, 30 de marzo de 2024.

[17] Saldivia, Carlos: “La difícil convivencia del Gobierno con los movimientos sociales”, ‘El Mostrador’, 11 de marzo de 2024.

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