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Covid-19: apruebo y los Srs. C. Warnken y R. Lagos. Por Felipe Cabello Cárdenas

En las últimas semanas los medios del país se han saturado de análisis acerca de las declaraciones de numerosos ciudadanos respecto de si aprobar, o de rechazar el borrador de la nueva constitución. Sin embargo, a través de ellos es difícil formarse una opinión cabal de lo que estaría en juego para la sociedad chilena en estos procesos, ya que la cobertura mediática es en general superficial y desgraciadamente a menudo, las interpretaciones periodísticas del texto constitucional están plagadas de falsedades. Como una persona que se ha preocupado profesionalmente de la evolución, a menudo perjudicial de las enfermedades infecciosas en el país, durante más de cuarenta años, desearía hacer un análisis breve de este proceso constitucional a la luz de la catástrofe de salud pública en desarrollo, provocada por la epidemia de Covid-19. Esta epidemia ha dejado hasta ahora una estela trágica de aproximadamente 60.000 fallecimientos reconocidos, pero como los servicios de salud del mundo fracasan en detectar un 25 % a 30% de los fallecimientos por el virus, las muertes producidas por esta a lo mejor están realmente en el rango de las 75 a 80 mil, cercanas a un 0,4% de la población chilena total. Estas cifras altas, de parcialmente prevenible mortalidad indican, que al igual que en otros países, el Estado chileno ha fracasado de manera sustancial en proteger la salud de la población a través de una prevención efectiva de las infecciones virales.

Los factores responsables de este desastre sanitario son indudablemente múltiples y es imposible analizarlos exhaustivamente en un corto artículo. Sin embargo, entre ellos se podrían a mi juicio destacar la fragmentación de la detección y de la vigilancia epidemiológica de las infecciones, producida por la municipalización de la actividad sanitaria, que, acompañada de recortes presupuestarios, socava el número y la calidad de estas acciones, en la mayoría de las municipalidades del país. La presencia de desfinanciados servicios municipales de atención primaria y también la importante privatización de la actividad sanitaria en general, ha creado servicios de salud que atienden a la mayoría de la población, carentes de fondos y con importantes limitaciones técnicas. Por ejemplo, laboratorios microbiológicos de buena calidad y esenciales para una permanente vigilancia epidemiológica están centralizados en algunas pocas ciudades del país dejando a una parte importante de la atención primaria y de la población sin acceso a tecnología microbiológica simple, desarrolladas por Pasteur y Koch ya hace casi dos siglos. Sin lugar a duda la institucionalidad sanitaria implementada durante la dictadura y sostenida por la constitución de 1980 y mantenida hasta hoy dia con exiguas modificaciones, destruyo el desarrollo progresivo, la integridad y la racionalidad de los servicios de salud pública chilenos.

Estas regresivas vicisitudes continúan limitando las labores de vigilancia epidemiológica de los sistemas sanitarios y han creado además una abusiva desigualdad y segregación en sus actividades, negándole una atención oportuna y de buena calidad a la mayoría de sus beneficiarios. Esta situación de retroceso histórico de las políticas sanitarias en Chile, mediada por la violencia política, ha creado una práctica de ella alejada de los contenidos modernos en lo científico, técnico y ético y esto es en parte responsable, de la ineptitud del Estado de lidiar con la epidemia de Covid-19 de manera racional y efectiva. El artículo 44 del borrador de la nueva constitución en su inciso 3 indica que el Estado debe asegurar a los individuos los niveles más altos de salud y en el inciso 8 indica que el Estado debe fortalecer el desarrollo de las instituciones de salud pública. El artículo 61, inciso 4 establece el derecho individual a beneficiarse del progreso científico y el artículo 97, inciso 2 indica que el Estado debe asegurar el desarrollo científico y tecnológico en todas las áreas del conocimiento y su inciso 3 asegura que el Estado permanentemente vigilara la aparición de riesgos ambientales y sanitarios. La implementación de políticas fundamentadas en estos artículos e incisos constitucionales crearía a mi juicio las condiciones para aminorar, y aun para tal vez evitar, la repetición de un nuevo desastre sanitario semejante al que evoluciona en el país, y solamente por esto el apruebo de este texto aparece sin dudas científica, técnica y éticamente justificado.

En el artículo 168 del borrador se establece que aquellos que cumplan labores públicas deben asumir la responsabilidad de las acciones que tomen en su ejercicio y que el Estado, debe facilitar la fiscalización por individuos y por la sociedad que este examen democrático de la responsabilidad funcionaria se cumpla. La lectura de los artículos mencionados, y especialmente este último, trae a la memoria la desastrosa gestión técnica y ética de la epidemia Covid-19 por el ministro Dr. Jaime Mañalich al comienzo de ella, y cuyos desaciertos que continúan pagándose aún hoy en dia en enfermedad y en muertes. En esta historia, la frívola entrevista que el 24 de mayo del 2020 el Sr. Cristian Warnken, hiciera al Dr. Mañalich, es un inoficioso hito. La entrevista, auspiciada por una entidad empresarial, repleta de contenidos insustanciales que ignoraban la calamidad sanitaria en desarrollo en ese momento (aumento del número de casos y de muertes, ineficaces medidas epidemiológicas, manipulación y ocultamiento de información, incompetentes pronunciamientos microbiológicos), ayudo al ministro a evadir su responsabilidad funcionaria. Para ese entonces, las limitaciones de los conocimientos y de las acciones de salud pública del Dr. Mañalich eran ya tristemente célebres y señaladas en diversos medios; la ausencia de una discusión al respecto de ellas en la conversación revela la incuria del Sr. Warnken en su papel de entrevistador o su inclinación indigna ante la putativa autoridad ministerial o la obsequiosidad inicua con sus auspiciadores.

La entrevista a mi modo de ver es una apología obscena de la impericia ministerial, para la cual el Sr. Warnken servía de tapaderas, ignorando en el proceso de manera maliciosa y perversa que esta impericia era una causa importante por la cual los ciudadanos chilenos pagaban diariamente en elevados sufrimientos y en muertes. Semanas después de esta espeluznante parodia pseudo cultural/pseudo científica y periodística, el Dr. Mañalich hubo de renunciar, aplastado por la espantosa y cruel realidad creada por sus torpezas. El ministro fue acusado constitucionalmente en septiembre del 2020 y salvado de responder y de ser penado por sus repetidos y peligrosos desaciertos, en octubre del 2020. Como ya lo discutiera en un artículo previo en El Mostrador (https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/10/03/covid-19-don-ricardo-lagos-y-el-juego-impune-con-la-vida-de-los-chilenos/), otro personaje que fuera accesorio a la impunidad del ministro Mañalich fue el Sr. Ricardo Lagos, que al parecer sin conocimiento alguno en salud pública y de las deletéreas actividades del ministro, abogaba por su inocencia frente a la acusación constitucional. La intervención del Sr. Lagos intentando desvirtuar la acusación constitucional, que tenía evidentes fundamentos democráticos y científicos, constituye un ejemplo de la descomposición de una actividad política espuria que está dirigida a proteger a una claque privilegiada y fatua, en desmedro del bienestar y de la vida de la mayoría de la población.

Las actividades de los Srs. Warnken y Lagos, inexpertos en salud pública y en epidemiologia, glorificando las funestas actividades del Sr. exministro, y que ayudaran a este evadir su responsabilidad funcionaria a costas del sufrimiento de la población y de las pérdidas de sus vidas, reflejan un considerable extravió ético y político, que el artículo 168, de la nueva constitución podría ayudar a prevenir. Estas descarriadas acciones y el hecho que ambos Srs. estén por rechazar el científicamente orientado y democrático borrador constitucional, despierta tremendas dudas acerca de la idoneidad e imparcialidad de su juicio, de su respeto por las normas democráticas y de su empatía con las tribulaciones y adversidades de la población chilena, y se convierten sin duda en una poderosa razón más para votar apruebo. Para terminar, como dijera el filósofo Walter Benjamín, “Que las cosas continúen como están es una catástrofe. No es que esta se esté acercando, el problema es que la catástrofe ya está aquí instalada”, y como indicara el general Ulysses S. Grant, presidente de los EE. UU, “Es ridículo suponer que una generación crea que ella establece las únicas y mejores reglas de gobierno y que estas se crean permanentes, y que puedan aplicarse sin modificaciones a nuevas e imprevistas condiciones futuras”.

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