En los últimos años, Chile ha experimentado una disminución sostenida en su tasa de natalidad, lo que ha encendido las alarmas respecto al futuro demográfico del país. Más que un fenómeno meramente individual, esta baja responde a condiciones estructurales que hacen inviable para muchas personas el proyecto de formar una familia. La precarización de la vida, la desigualdad económica, la falta de acceso a vivienda digna, los costos de manutención y la inestabilidad laboral impiden que la maternidad y la paternidad sean decisiones libres y viables.
Este fenómeno no es exclusivo de Chile, sino que es una tendencia mundial.[1] En países como España y Japón, la situación es aún más crítica, con tasas de fertilidad de 1,2 y 1,3 hijos por mujer, respectivamente. Estos datos reflejan una crisis global en la reproducción, impulsada por factores económicos, sociales y laborales que dificultan la decisión de formar una familia. En Chile, la tasa de fertilidad actual es de aproximadamente 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1. En Chile, la tasa de fertilidad actual es de aproximadamente 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1.
Para revertir esta tendencia, es necesario avanzar en cambios estructurales profundos. La desigualdad económica sigue siendo un obstáculo central. Mientras la riqueza se concentra en unos pocos, los salarios de la mayoría de la población no permiten costear una vida digna. Es imprescindible fortalecer los derechos laborales, aumentar los sueldos y garantizar estabilidad en el empleo para que las familias tengan condiciones seguras para criar a sus hijos.
El acceso a la vivienda también es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. La especulación inmobiliaria ha convertido la compra de una vivienda en un privilegio inaccesible para muchos, obligando a las familias a pagar arriendos excesivos o vivir en condiciones precarias. Una política de vivienda justa, con control de precios y acceso equitativo, es fundamental para dar estabilidad a quienes desean formar una familia.
En materia de salud, si bien ha habido avances en vacunación, atención primaria y tecnologías médicas, persisten graves desigualdades en el acceso a servicios de calidad. Es necesario fortalecer el sistema de salud pública, reducir los tiempos de espera y garantizar atención oportuna y gratuita para que el bienestar de las familias no dependa de su capacidad de pago.
Otro desafío clave es la reorganización del tiempo y del trabajo. La conciliación entre vida laboral y familiar sigue siendo una tarea pendiente. Las largas jornadas laborales y la falta de corresponsabilidad en el cuidado infantil generan un enorme estrés en las familias. Es urgente avanzar en políticas de reducción de jornada laboral, permisos de postnatal extendidos y acceso a redes de cuidado público que liberen a las familias de la carga exclusiva del trabajo reproductivo.
A esto se suma una crisis de esperanza en el futuro. La falta de oportunidades y la precarización de la vida generan un sentimiento de desesperanza que desincentiva la decisión de traer hijos al mundo. Sin estabilidad, sin acceso a derechos básicos y sin un horizonte de seguridad social, la maternidad y la paternidad se convierten en un lujo y no en un derecho.
Para enfrentar esta crisis, se requiere un compromiso decidido del Estado en la redistribución de la riqueza, la garantía de derechos sociales y la construcción de un país donde la vida sea sustentable para todas y todos. La baja natalidad no es un problema de falta de deseo de tener hijos, sino de falta de condiciones para hacerlo.
[1] Banco Mundial. "Tasa de fertilidad (nacimientos por mujer)". Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
