Un atributo reconocido del quehacer político criollo, además de estar concentrado en la élite santiaguina, es la entrega de la gestión, administración y jefatura del Estado, al presidente de la República. En efecto, nuestra institucionalidad política se ha fundamentado en una exagerada creencia en el presidencialismo.
Sin embargo, la confianza en la institución presidencial no es lo mismo que la gestión específica del presidente de turno. Y en la actualidad ambas cosas se ven cuestionadas. En cuanto a lo primero, las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo, en el contexto del proyecto del retiro del 10% del fondo de pensiones, se hizo evidente. Respecto de lo segundo, tanto mediante manifestaciones de la ciudadanía como a través de medios de comunicación nacionales e internacionales se evidencian múltiples críticas al manejo del ejecutivo respecto de la crisis social, así como de la Pandemia. En lo profundo, habita el problema de la escasa distribución del poder, lo cual se suma a la desigual distribución de la riqueza; ambas caras de una misma moneda.
Como sociedad chilena, padecemos de una ‘insistente’ desigualdad territorial, la cual, a pesar de los esfuerzos realizados desde inicios de los noventa a la fecha, perpetúa la concentración del poder político en la Región Metropolitana. La política pública que ha buscado descentralizar el país lo ha hecho sólo en términos administrativos, pero no políticos. En tal respecto, la participación de la ciudadanía sigue siendo escasa, de baja intensidad. Persiste en la cultura política de nuestro país la perspectiva portaliana de Estado fuerte, garante de orden, y que debe ser gobernado fundamentalmente por un ejecutivo firme y que tome decisiones desde el centro, desde la capital.
En vista de lo anterior, y bajo un contexto que podríamos catalogar como ‘constituyente’, es preciso avanzar hacia una discusión que instale la descentralización de los territorios tanto a nivel administrativo como político. Una discusión que tensione el modelo de gobernabilidad chileno. Realizar transferencias efectivas de poder a las regiones y sus localidades. No es suficiente hoy con la Ley de Asociatividad y Participación Ciudadana y la consolidación de gobiernos regionales. Primero, porque dicha Ley no ha logrado traspasar el poder decisional a las comunidades y, segundo, porque el gobernador regional obedece al intendente que, en última instancia, es designado por el ejecutivo. En suma, lo que debe cuestionarse en este momento es la figura de un Estado unitario con un Presidente de la República con un alto nivel decisional.
El presidencialismo conlleva una visión hegemónica del poder. Un buen ejemplo de ello pareciera ser la respuesta del ejecutivo posterior a su derrota frente al legislativo, en el contexto del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Ante ello, la institucionalidad política, en vez abrirse, pareciera centralizarse con aún más fuerza. En efecto, a una semana de esta derrota del oficialismo, se produce un cambio de gabinete mediante el cual se busca, más bien, disciplinar a la coalición de gobierno, que configurar un poder ejecutivo dialogante. De esta manera, se apela siempre a la estrategia portaliana de fortalecer el poder central, en vez de dar validez a las voces diversas que configuran, o deberían configurar, la república, en un régimen democrático auténtico.
Respecto de esta obsesiva tendencia hacia el centralismo presidencialista, un ejemplo siempre necesario de tomar en consideración y de mantener activo en la consciencia refiere a las lamentables relaciones que mantiene el actual Estado chileno para con el pueblo mapuche. Para abordar democrática, republicana y, siquiera, humanitariamente el conflicto, no sirven las categorías portalianas que inspiran el accionar del Estado Nación. Lo que ocurre con el fenómeno de la Araucanía devela ineptitud absoluta para comprender una crisis profunda que existe entre el Estado y la Cultura en Chile. El plebiscito, y un cambio de constitución con base auténticamente ciudadana, permite proyectar una forma de Estado distinta, con fundamento intercultural, democrático y auténticamente republicano. Asumiendo la importancia histórica de este momento constituyente, ¿no es pertinente visualizar una organización federal del Estado, mediante la cual se distribuya la riqueza, como la participación efectiva de las comunidades en las decisiones de la república? Ante la transversalidad de la actual crisis, considerar esta posibilidad no sólo es pertinente; resulta necesario.
Mg. Julio Cesar Henríquez
Mg. Felipe Pizarro
Mg. Felipe Quiroz
