UN ESTATUTO CUESTIONABLE
Desde hace mucho la educación en Chile está en crisis no solo a nivel básico, sino también en educación superior (Mazorco Irureta, Graciela. (2010). Educación en crisis. Polis (Santiago), 9(25), 269-288.). La privatización generalizada de la educación superior realizada por la ley en 1990, como un acto final de la dictadura, tiene lo malo y lo bueno de toda intención humana. (https://opech.cl/bibliografico/calidad_equidad/Documento_Bloque_Social_Noviembre.pdf). Lo bueno es que logró que la educación superior alcanzara a sectores amplios de la población, subiendo en diez veces la cantidad de estudiantes en poco tiempo, y con ello el nivel cultural de la población, Lo malo es que la población fue educada para permitir los abusos y entre ellos está la privatización y la mala calidad de la Educación.
Ahora bien, si entendemos que una universidad es por antonomasia el centro natural del libre desarrollo del pensamiento y de ideas al más alto nivel académico, podemos concluir que las unidades académicas que de ella emanen deben potenciar y perfilar al resto de la sociedad ese rol. Desde luego en dictadura ese proceso no es posible ya que la forma de educar en política es la represión y la persecución de las ideas, una especia de acondicionamiento a lo Pavlov, es decir condicionamiento clásico, tipo de aprendizaje asociativo más básico, en el que un organismo responde a un estímulo ambiental, originariamente neutro, con una respuesta automática o refleja. Ese fue el papel politico de la represión.
El término de la dictadura nos ha permitido aceptar como una base esencial del quehacer de la Universidad la revalorización y potenciamiento del concepto de ciudadanía como un eje de desarrollo básico de un sistema democrático, esta institución debe ser un eje natural de articulación del conocimiento y profundización de las materias relacionadas con los derechos humanos y el derecho humanitario y su natural relación con las libertades ciudadanas y la profundización de la democracia, pero ello no fue asi por cuanto la democracia no volvió al termino de la dictadura, solo termino esta y las practicas atroces contra las personas. Recién se ha iniciado un proceso constituyente que podría lograrlo.
Ahora bien, la ley permitió un tipo de universidad como si se tratara de un negocio, un nuevo emprendimiento donde los criterios propios de una entidad académica superior estaban ausentes, donde raramente se combina de modo equilibrado las funciones de docencia, investigación y extensión. De hecho, sólo nueve de las sesenta universidades que existen en el país cumplen con este requisito fundamental, diversos indicadores nos relatan esta desigualdad. Estas son la Universidad de Chile, U Católica, de Concepción, del Desarrollo, Andres Bello, Adolfo Ibañez, Valparaiso, Talca, entre otras. Algunas otra tienen modestos aportes en investigación y ´postgrado (https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/818/submission/proof/16/index.html).
Las universidades que denominaremos tradicionales, invierten el doble de recursos académicos de jornadas completa y de grado doctor que imparten docencia por alumno. Si bien en estos cuarenta años las universidades han evolucionado, el resultado en si mismo no es beneficio social toda vez que se trata de un negocio que ha dejado a miles de estudiantes y profesores en la estacada, debido al fracaso del negocio, en tanto que a las universidades publicas se les redujo los aportes del Estado y se les forzó a transformarse en una suerte de empresa.
Hay un tercer elemento a considerar de esta política educacional: es por una parte el abandono del Estado en el control y fiscalización del negocio educacional y por otra la forma ideológica que se desarrolla la fiscalización, como lo demuestra la forma en que se han fiscalizado algunas Universidades, siendo un ejemplo reciente la Universidad la Republica, dejándola sin control mientras se endeudaba y aplicándole ilegalmente normas administrativas que la paralizan y le impiden superar la crisis financiera.
Las consecuencias negativas de este negocio es el costo que ha tenido para el Estado hacerse cargo de universidades en quiebra, el endeudamiento de estudiantes con políticas como la del CAE, aun sin solución, la explotación de profesores sin previsión y sin recibir sus sueldos miserables oportunamente, y aporte marginal a la investigación científica. Es decir, que él único aporte es tener hoy una masa critica superior a la que existía hace cuarenta años, aunque muchos estudiantes hayan quedado en el camino, sin su título profesional y además endeudados. Demas esta decir que no existe una carrera académica, con excepción de las universidades tradicionales y, además, se ha construido una educación para ricos y otra para pobres((https://opech.cl/bibliografico/calidad_equidad/Documento_Bloque_Social_Noviembre.pdf)).
Chile, en comparación con otros países, tiene el mayor costo relativo en educación superior, considerando que el valor promedio de los aranceles representa el 41% del PIB per cápita. No se puede rebatir que los aranceles de la educación superior en Chile son altos y que su peso está radicado en las familia, lo que ha significado una carga para la familia el crédito con aval del estado(CAE), que tiene a un 25% de los estudiantes universitarios endeudados que han abandonado la Universidad sin retorno, (como dato anecdótico la tasa que se titulan en la Us es el 16% de los que ingresan) , y además se le entregó a la banca intermediaria la acción de operar los créditos y a impuestos internos a perseguir esta moratoria, y como un antecedente digno de ripley, el estado ha recomprado a la banca el 40% de la cartera vencida. Negocios son Negocios.) La ley de gratuidad vino en parte a resolver los problemas económicos solo de las familias de nuevos estudiantes. La organización para la cooperación y el desarrollo económico” (OCDE), afirma de nuestro país: “que la educación chilena está influenciada por una ideología que da importancia indebida a los mecanismos de mercados para mejorarla enseñanza y aprendizaje” la inversión en educación en cuanto recursos financieros y humanos ha sido muy alta comparativamente con anterioridad a la década de los 90, sin embargo, no ha producido los resultados esperados por la comunidad y por las necesidades de la sociedad chilena”.
Detrás del problema y parte del mismo está la ideología neoliberal que constitucionalizó sus máximas, lo que queda en evidencia en el Capítulo III del Decreto Ley N° 3464, “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, en el Art. 19 nº 10 y 11 en donde la valoración esta puesta en la libertad de enseñanza, el negocio de la educación por sobre el derecho a esta. Este capítulo margina la responsabilidad estatal en materia de derechos, lo que se traduce en falta de garantías de manera que los ciudadanos quedan indefensos frente a los abusos de las AFP, las ISAPRES, las U’es privadas y las organizaciones empresariales. Es esa constelación jurídico-legal la que “regula” el sistema, e incluye la Ley General de Educación (del año 2009, que reemplaza a la LOCE), resultado del conflicto del año 2005 que nuevamente demostró como las trampas institucionales chilenas (Sistema binominal, Leyes de Quórum Calificado) tan solo visualizan a una parte de los intereses existentes en nuestros país y por último pese a que la legislación prohíbe que las universidades lucren, sus propietarios lo sigue haciendo, a veces con éxito y otras no.
EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN
Respecto de la educación tanto en la LOCE como en la LGE, primeramente, los estudiantes desde el año 2006 exigían una igualdad y calidad en la educación, y un libre acceso a ella, por lo que su petición de derogación de la LOCE entro en vigencia el 2009, gracias a la ley general de educación que la derogó. Actualmente las demandas estudiantiles son con respecto a la educación superior, donde exigen una mayor cobertura en dinero para los que no posean mayores recursos económicos, incluyendo a la clase media que también se ve afectada y siendo ésta la que mayormente aspira a la educación superior.
El problema recurrente es la falta de recursos que entrega el Estado para poder seguir estos estudios, o los que entregan los particulares (bancos, casas comerciales, etc.) que endeudan a las clases medias y acarrean un amarre económico una vez terminado los estudios. El Estado se desliga de su obligación, excusándose de que esta educación no tiene un carácter obligatorio, por lo que solo entrega cobertura a lo referido con la educación básica y media en los establecimientos públicos donde hay consenso que no preparan para ingresar a la vida universitaria y es causante de las desigualdades. Según la OCDE el sistema chileno genera una división entre los ricos y pobres desde las salas de clases. Tal vez la evidencia más contundente para Chile en este aspecto ((https://opech.cl/bibliografico/calidad_equidad/Documento_Bloque_Social_Noviembre.pdf). …) son los resultados de los test estandarizados que reflejan fielmente la estratificación económica de los mismos, viviéndose en Chile una hipersegregación…” .
LA PRIVATIZACIÓN SIN CONTROL
En Chile el Estado aporta 56% de la educación y las familias un 44% .. En países OCDE el Estado aporta 85% y las familias 15%. Con el aporte del Estado muchas instituciones lucran. En Chile la educación es de las más caras del mundo. A nivel universitario el costo de la educación es un 72% del Ingreso Per Cápita. En los países de la OCDE es un 44%. Desde 1950 a 1973 el gasto público en educación creció 10% anual. La dictadura militar llevó el gasto público en educación de un 7% del PIB al 3 %. En los colegios públicos 85% de alumnos viene del 60% más pobre. En los colegios privados más del 60% de los alumnos viene del 20% más rico.
LA GRATUIDAD UN APORTE POSIBLE
La ley N° 21.091, sobre Educación Superior, regula el financiamiento institucional para la gratuidad, que impuso la gratuidad para universidades reconocidas que quisieran optar a ello, permitió que nuevos estudiantes de sectores mas desfavorecidos pudieran ingresar a la universidad. Permite financiar la matrícula y el arancel durante el tiempo que dure la carrera al 60% de estudiantes con menores ingresos de la población. El beneficio se otorgará a los y las estudiantes que cumplan con los requisitos y que se matriculen en una de las instituciones adscritas al proceso de Gratuidad. Según cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, cerca de 430 mil estudiantes contaron con la gratuidad el 2021. De ellos, casi 70 mil (un 8,7% del total) la perdieron por exceder la duración de sus carreras, principal requisito de este beneficio. 51.301 jóvenes debieron recurrir a créditos del Fondo Solidario de Crédito Universitario o el CAE para terminar sus estudios.
Este sistema no tiene nada que ver la gratuidad que existía antes del golpe militar ni con la que tienen países latinoamericanos y de otros continentes, donde solo basta reunir los requisitos académicos para ingresar a la universidad. Además, antes del golpe militar la educación era de calidad en todo el sistema, igual para todos, con excelentes profesores, muchos de los cuales han sido víctimas del terrorismo de Estado. Además, el sistema educacional desde 1974 y en particular desde 1980 la educación es clasista, lo que tiene consecuencia para el acceso a la universidad.
SOCIEDAD Y DERECHO EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL
Las universidades nacionales, públicas y privadas, tienen todavía que desempeñar una noble tarea en la formación de profesionales ciudadanos, es decir de personas que reciban una formación basada en los derechos humanos. Esta necesidad se origina no solo por el enorme desarrollo de esta rama del derecho y del conocimiento en general sino porque nuestro país ha sufrido en carne propia las consecuencias de una falta de nivel cultural en esta materia.
Persistir en maquillar el modelo actual de educación se asemejaría a la actitud de nuevos ricos que creen que basta comprar muebles nuevos, objetos bonitos y bibliotecas para parecer modernos y cultos, o también se puede asimilar al trauma del niño violado: no reconocer el hecho, viviendo con la angustia del pasado sin enfrentar el dolor, o aun al conocido síndrome de Estocolmo (enamorase o empatizar con el represor).
LA EDUCACIÓN EN LAS PROPUESTAS CONVENCIONALES
La Convención Constitucional trato el tema de la educación de manera amplia y profundizó respecto de la educación superior. El derecho a la educación, fue definido como un deber primordial del Estado (artículo 35) y sus fines contienen la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional.
En el humanismo pareció inspirarse la propuesta al sostener que sus principios se rigen en la cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo, pilares que coinciden con la Declaración Universal de Derechos Humanos, señalando que la educación tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Este es sin duda un aporte al desarrollo del derecho constitucional.
El carácter de reconociendo especifico que realizo la propuesta constitucional hacía parte a todas las instituciones de educación superior del Sistema Nacional de Educación Superior (artículo 37), conformado por las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, las academias creadas o reconocidas por el Estado y las escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas, proponiendo además que estas deberían considerar las necesidades comunales, regionales y nacionales, para las cuales se les prohibía toda forma de lucro.
Esta propuesta fortalecía el rol de la educación pública, donde el Estado por fin se haría cargo de sus instituciones, buscando diseñar e implementar una nueva forma de relación y un nuevo sistema de financiamiento, que permitiría asegurar una trayectoria educativa desde lo público favoreciendo el ingreso y permanencia de los estudiantes.
Desde una perspectiva objetiva y de orientación nacional, la nueva convención elegida democráticamente tiene a su haber este gran aporte realizada por la antigua Convención Constitucional, desaprovecharla sería un grave error.
27 de noviembre, 2022.
