Las sociedades pueden convivir con el peligro. Lo que las desgasta es dejar de creer que algún día podrán salir de él.
Hay una diferencia entre enfrentar un peligro y vivir permanentemente bajo su sombra. El primero es una circunstancia; el segundo, una forma de existencia.
Durante años, los chilenos hemos aprendido a convivir con distintas formas de incertidumbre. La inseguridad ocupa un lugar creciente en las preocupaciones ciudadanas. El costo de la vida obliga a reajustar permanentemente los presupuestos familiares. El acceso a la vivienda parece cada vez más lejano para amplios sectores. El endeudamiento acompaña proyectos que alguna vez fueron presentados como caminos de movilidad social. Cada problema tiene causas distintas, pero todos terminan produciendo una misma sensación: la de habitar un entorno donde la vulnerabilidad se ha vuelto permanente.
Lo inquietante no es solo la persistencia de estos problemas. Es la familiaridad que hemos desarrollado con ellos. La incertidumbre se ha vuelto tan recurrente que comienza a desgastar incluso nuestra capacidad de asombro. Los mismos diagnósticos reaparecen elección tras elección. Las mismas promesas regresan gobierno tras gobierno. Y, sin embargo, la experiencia cotidiana de fragilidad permanece.
Las democracias suelen ser evaluadas por sus procedimientos. Elecciones libres, separación de poderes, alternancia política y respeto a las libertades fundamentales. Todo ello es indispensable. Sin embargo, la legitimidad democrática descansa también sobre una dimensión menos visible: la capacidad de las instituciones para ofrecer horizontes de futuro.
La política no existe únicamente para administrar conflictos. Su función más profunda es reducir incertidumbres. Crear condiciones que permitan a las personas proyectar sus vidas, tomar decisiones y confiar en que el esfuerzo de hoy puede traducirse en una situación mejor mañana.
Por eso el problema no es simplemente la existencia de peligros. Toda sociedad enfrenta riesgos económicos, sociales o de seguridad. Lo verdaderamente inquietante ocurre cuando esos riesgos dejan de percibirse como transitorios y comienzan a formar parte de la normalidad.
Cuando el peligro se vuelve cotidiano, la primera víctima no es la seguridad: es la expectativa de cambio.
En ese momento, las promesas electorales comienzan a perder fuerza. No porque los ciudadanos hayan dejado de interesarse en la política, sino porque les cuesta creer que las instituciones tengan la capacidad real de modificar las condiciones que producen inseguridad e incertidumbre. La pregunta deja de ser quién gobernará mejor y pasa a ser algo más inquietante: si alguien puede realmente gobernar mejor.
Quizás por eso el debate público parece atrapado entre la administración de urgencias y la confrontación permanente. Se discute sobre los problemas del presente, pero cada vez resulta más difícil encontrar liderazgos capaces de ofrecer una visión creíble del futuro. Y cuando las instituciones dejan de producir certezas y los liderazgos dejan de producir dirección, la sensación de vulnerabilidad se profundiza inevitablemente.
Ese cambio tiene consecuencias profundas. La legitimidad democrática no depende únicamente de la existencia de elecciones. Depende también de la confianza en que las decisiones colectivas pueden influir positivamente sobre la realidad. Cuando esa expectativa se erosiona, la distancia entre ciudadanía e instituciones se amplía inevitablemente.
Por eso uno de los mayores riesgos para las democracias contemporáneas no es la crisis institucional abierta, sino la normalización de la vulnerabilidad. Cuando las personas se acostumbran a vivir calculando riesgos permanentes, la política deja de ser percibida como una herramienta de transformación y pasa a ser vista como un mecanismo incapaz de alterar el curso de los acontecimientos.
Las consecuencias son conocidas: apatía, desafección, volatilidad electoral, búsqueda de soluciones extremas y creciente desconfianza hacia las instituciones. No porque los ciudadanos rechacen necesariamente la democracia, sino porque dejan de percibir que esta puede ofrecerles seguridad, estabilidad o progreso.
Hace más de un siglo, Baldomero Lillo retrató en El Chiflón del Diablo[1] a hombres que vivían “en perpetua lucha contra las adversidades de la suerte”. La potencia de esa imagen no reside únicamente en las duras condiciones de la minería del carbón, sino también en la descripción de una vida donde la incertidumbre es permanente y donde el esfuerzo cotidiano parece destinado, más que a progresar, a resistir.
Quizás allí se encuentre una de las claves del malestar contemporáneo. No en la existencia de problemas específicos, sino en la sensación de que amplios sectores de la sociedad viven también en una suerte de perpetua lucha: contra el costo de la vida, contra el endeudamiento, contra la inseguridad, contra la dificultad de acceder a una vivienda o simplemente contra la incertidumbre respecto del futuro.
La pregunta que debería inquietarnos es cuánto de esa condición hemos comenzado a aceptar como normal.
Porque una democracia no se legitima solo porque permite elegir gobernantes. Se legitima porque ofrece a los ciudadanos la posibilidad de imaginar un futuro mejor. Cuando esa posibilidad desaparece, la incertidumbre deja de ser un problema de gobierno y se convierte en un problema del régimen político. Las sociedades pueden convivir con el peligro. Lo que difícilmente soportan es vivir indefinidamente en perpetua lucha.
Rossana Carrasco Meza es Profesora de Castellano, PUC; Politóloga, PUC; Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile
[1] Baldomero Lillo, El Chiflón del Diablo, en Sub Terra (1904).
