No existe dolor más grande entre quienes entregan su vida intelectual y familiar a la enseñanza —profesoras y profesores, educadoras, docentes diferenciales y asistentes de la educación, entre otros actores— que constatar que los dineros destinados a mejorar escuelas y liceos públicos terminan siendo mal gastados -o en bolsillos ajenos- por personas que quizás no tienen la más remota idea de lo que significa estar 44 horas semanales frente a cursos de 45 alumnos o más.
De manera tragicómica, pero al final del día profundamente preocupante y triste, muchos millones se esfumaron en frivolidades totalmente alejadas de la educación: limusinas, fiestas, tonterías sin sustento y sueldos fantasmas por hacer nada.
Que la corrupción, el pago de favores, el robo descarado, la llegada de nuevos trabajadores no calificados, el amiguismo y los pitutos sean una nefasta realidad en Chile no es sorpresa para muchos. Pero cuando los dineros mal habidos estaban destinados a mejorar un sistema de educación pública que estaba fracturado, con una brecha casi insalvable respecto del sector privado, la corrupción se transforma en una amenaza gravísima y, además, socava hasta los cimientos de la democracia.
¿Cómo alguien, o un director de un SLEP, puede darse gustos irrisorios con dineros que pertenecen a niños que no pueden pagar por educarse? ¿Acaso no saben que la educación es un derecho humano universal? Lo que ocurre en algunas de estas administraciones es una doble maldad, porque además se vulnera un dilema ético absolutamente injustificable. No es fortuito que los colegios pertenecientes a la red SLEP obtengan los peores puntajes en la última PAES. Pero no todo es malo, es un indicador que desde ese punto se puede mejorar. Se puede avanzar con mejores recursos humanos y monetarios. Hay profesores muy buenos en Chile, y ellos deberían liderar los SLEP: personas con visión, que conozcan el sistema, que saben lo que es dar una buena retroalimentación, con paciencia infinita y que hayan prestado el hombro a sus alumnos para llorar.
El tema en cuestión es transversal, así de trágica es la corrupción. Aquí no se salva nadie y el abanico de colores políticos es enorme. “Si el otro saca una tajada, ¿por qué yo no?”, parece ser el razonamiento dominante. Mientras tanto, los alumnos sufren las consecuencias de la falta de recursos y los docentes continúan siendo mal remunerados y cada vez hay menos postulantes a pedagogías lo que se traducirá en menos profesores. Al final, queda la sensación de que los que están detrás de estos hechos carecen de formación ética y no son profesionales de la educación; y si lo son, no les interesa en lo más mínimo como mejorarla.
Partamos desde el comienzo. El Estado, durante el siglo XIX, realizó un esfuerzo genuino por absorber y administrar la educación junto a representantes de corrientes liberales y radicales, en contraposición a los conservadores y la Iglesia, que se abanderaron por una educación privada sin injerencia estatal, no crean que fue algo sencillo, fue un caballo de lucha de un siglo completo. A medida que surgieron nuevas leyes en materia educativa, se logró, de forma lenta y pausada, que más niños ingresaran a un sistema marcado por la deserción, el analfabetismo y el elitismo.
Por supuesto, en sus inicios fue una educación muy exclusiva, propia de un siglo muy distinto al actual, dominado sin contrapeso por una Oligarquía que rayaba en la indolencia frente a los problemas populares. Ya en el siglo XX, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y, posteriormente, un Estado asistencialista con una economía mixta regida por el modelo ISI, volcaron sus esfuerzos a mejorar la educación. Lamentablemente, los avances fueron siempre más cuantitativos que cualitativos: hagamos más salas de clases, pero sin una reflexión profunda sobre la calidad y que paradigma utilizar en un salón.
A fines de la década de 1960, el sistema mixto de sustitución de importaciones estaba obsoleto. La población crecía vertiginosamente y la duplicación de subsidios vació unas arcas fiscales que nunca han sido abundantes en nuestra patria. Tras el golpe de Estado y la instalación del paradigma neoliberal, fueron las municipalidades las encargadas de administrar y gestionar los recursos de la educación fiscal. Por supuesto, no contaban con los activos necesarios; a modo de ejemplo, dejaron como herencia el no pago de imposiciones a los profesores, lo que hoy conocemos como la deuda histórica.
Además, para asegurar la calidad educativa se ideó —entre otras cosas— el SIMCE, que en sus inicios fue concebido como un instrumento punitivo. Una de las ministras de Educación de la época, Mónica Madariaga (1983), propuso cerrar las escuelas en un plazo máximo de tres años si obtenían bajos puntajes. Nuevamente, como tantas veces, el fondo del problema —mejorar la calidad— estuvo ausente.
La educación municipal, hasta hace poco, dependía en gran medida de los recursos de cada comuna. Aquellas con mayor recaudación por impuestos, patentes y número de habitantes podían inyectar más dinero a sus establecimientos versus las que no tenían como pagar los sueldos de los profesores. Tema aparte es la calidad de la educación entregada, que debe analizarse desde múltiples factores para explicar la profunda distancia entre la educación pública y la privada. Hoy no profundizaremos en ello.
SLEP significa Servicios Locales de Educación Pública. La idea original es llegar a 70 servicios para reemplazar a las municipalidades y corporaciones municipales, buscando mejorar la educación mediante un mayor flujo de recursos. No obstante, no se explica claramente cómo se logrará este cambio de paradigma. En teoría, la idea es potencialmente muy buena, pero requiere profesionales con una ética educativa sólida. Actualmente existen cerca de 27 SLEP en funcionamiento, de los cuales once se encuentran en régimen completo, con traspasos de establecimientos ya efectuados.
Empero ya al menos hay cinco SLEP que están en la palestra pues hay funcionarios —en algunos casos sus directores— presentan graves casos de corrupción que aún no han sido resueltos, generando la preocupación del MINEDUC y de la Contraloría. La situación es compleja: algunos directores continúan recibiendo sueldos millonarios sin asistir a trabajar, debido a suspensiones administrativas o procesos judiciales en curso. ¿Se imaginan cuántos libros, mejoras e inversiones educativas podrían realizarse si no se pagaran estos injustificados sueldos fantasmas?
En el 2023, el actual ministro de Educación reconoció públicamente los casos de corrupción del SLEP de Atacama. Hasta la fecha han pasado siete directores. Lo más irrisorio es que el director suspendido en 2022 continúa percibiendo su sueldo; es decir, han transcurrido cerca de cuatro años. Ante tal caos administrativo, surge la pregunta inevitable: ¿Quién supervisa a los SLEP?, ¿Quién evalúa a sus directores?
Existen además casos en Huasco, Valparaíso, Magallanes, Colchagua y Aconcagua, entre otros.
Tras treinta años de educación municipal con desigualdades evidentes, sería ingenuo pensar que cambiando el nombre del sistema se solucionarían los problemas. Falta voluntad real de hacer bien el trabajo, auditorías periódicas y una decisión clara de gastar el dinero en el futuro del país: nuestros niños en edad escolar. Una nueva estructura, por sí sola, no garantiza nada si no existe una planificación adecuada. Tampoco se trata de hacer borrón y cuenta nueva sin analizar hacia dónde se quiere avanzar.
Sería ideal partir por lo elemental: mejorar los sueldos docentes, cumplir con el trato 50/50 —mitad clases, mitad preparación—, reducir la cantidad de alumnos por sala, invertir en infraestructura y revisar la pertinencia de los textos escolares, muchos de los cuales terminan a fin de año en los basureros sin siquiera haber sido abiertos. Vaya ironía.
Un punto históricamente débil ha sido la burocracia (desde los tiempos coloniales). Las trabas que impiden respuestas eficaces y oportunas a las necesidades de una escuela son otro de los puntos a mejorar, a ello se suma el amiguismo, pues con cada nuevo director suelen producirse despidos masivos, especialmente en el profesorado, que tiembla cada diciembre sin saber si será renovado. Otro error grave es no considerar a la comunidad educativa: alumnos y familias siguen siendo actores secundarios, lo que nos deja frente a una dicotomía permanente de no tomar en cuenta a los actores principales: Los estudiantes.
Hay que ser inteligentes y buscar soluciones. Si no se sabe administrar dinero, es imprescindible contar con apoyo profesional de quienes sí lo hacen bien. Se puede separar la labor pedagógica de la asignación de recursos. Un director no tiene por qué ser un contador experto, pero sí debe contar con apoyo técnico y transparentar siempre los gastos. No puede volver a ocurrir que el dinero de niños con recursos limitados sea despilfarrado en el arriendo de limusinas y fiestas con alcohol.
Debemos generar diálogos reales entre profesores, alumnos y familias, y dejar de lado reuniones de apoderados estériles donde importa más cobrar una cuota para un paseo que abordar un dilema educativo de fondo. Los apoderados deben ser un agente activo y no solo escuchar las notas que se pueden mandar de forma instantánea por un e-mail.
Aprendamos del pasado. Si la municipalización causó problemas, no los repitamos; si tuvo aspectos positivos, profundicemos en ellos. No perdamos nunca de vista que un alumno es el futuro y la base moral para un país más justo. Desde mi trinchera de docente, todos los esfuerzos serán en vano si quienes administran los recursos no conectan con las necesidades reales y con el quehacer educativo en su máxima expresión.
Finalmente, vivimos un tiempo de crisis, con niveles de corrupción alarmantes y una clase política transversal cuestionada por cientos de casos de fraude. Estos hechos también se replican en el ámbito empresarial privado, con dolorosas colusiones que perjudican al chileno común y normalizan una lógica perversa: “si todos lo hacen, yo también”. Lo más preciado que no podemos perder es la vida democrática, y esta se ve profundamente afectada por la malversación de fondos, porque termina erosionando la confianza ciudadana. La educación no debe tener color político y debe ser encauzada de la forma más ética posible.
Álvaro Vogel Vallespir. Profesor e Historiador.
