Cada vez que la palabra guerra aparece en el debate público chileno, suele hacerlo envuelta en metáforas morales ultraconservadoras: guerra contra la delincuencia, guerra contra el narcotráfico, guerra contra el “enemigo interno”, esto es, contra cualquier disidencia política, sexual, económica o étnica. No se trata de un desliz retórico, sino de una estrategia propia de la llamada batalla cultural a partir de la cual se busca nombrar y legitimar una determinada concepción de la política que entiende los conflictos sociales no como resultantes de antagonismos históricos, sino como patologías a erradicar. De ahí que el actual presidente electo José Kast este proclamando una guerra contra el ambientalismo, el feminismo, el indigenismo y el animalismo. Obviamente todo esto se suma a su tradicional guerra contra el progresismo y, más allá, con el marxismo y el comunismo. El punto es que estas guerras no son, en ningún caso, excepcionales, sino que constituyen la piedra angular de la técnica de gobierno con la que pretende ejercer su mandato.
Lejos de constituir una excepción o una anomalía, la guerra ya no opera como continuidad de la política por otros medios (Clausewitz), sino que funciona como una técnica en sí misma de gobierno: más allá del enfrentamiento entre Estados, la guerra se ha vuelto un conjunto de dispositivos orientados a administrar todo conflicto social por la vía de la fuerza. La retórica belicista propia de los sectores ultraconservadores, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ha convertido la discursividad política en extorsión y la democracia en hostilidad. Bajo esta lógica, administrar el orden significa movilizar el miedo, promover el resentimiento entre ciudadanos y transformar la deliberación y el libre pensamiento en una amenaza constante a los cimientos del capital. De ahí que frente a la problematización de las estructuras y los efectos industriales y financieros que tensionan la vida, esta técnica de gobierno se exprese como militarización de la seguridad pública, excepcionalidad jurídica, criminalización de la protesta y del disenso y gestión punitiva de poblaciones consideradas excedentarias. Gobernar mediante la guerra implica sustituir el diferendo por la amenaza permanente, transformar los antagonismos en problema de seguridad y convertir cualquier desacuerdo político en una traba y en un síntoma de descomposición social. En este sentido, la guerra no suspende el orden ni la racionalidad, por el contrario, inscribe y reproduce la racionalidad necro-económica del capital.
La guerra, en consecuencia, no se presenta como un accidente externo a la vida social. Es, más bien, una dimensión universal, pero siempre contingente, de la lucha de clases. Esta relación entre guerra y lucha de clases no constituye un problema lateral del materialismo histórico, se trata más bien de uno de sus núcleos teóricos y políticos más persistentes. Esta es una conclusión que puede sostenerse desde la Guerra del Peloponeso hasta nuestros días. En el caso de la Guerra del Peloponeso, como ha sido señalado por Tucídides, el enfrentamiento bélico fue el resultado de un prolongado proceso de tensiones estructurales entre dos modelos de poder antagónico en el mundo griego: de una parte, el imperialismo marítimo de Atenas y, de otra parte, la hegemonía terrestre de Esparta. En consecuencia, más que un conflicto súbito, esta guerra fue la culminación de un desequilibrio creciente en la correlación de fuerzas entre ambas potencias que se originó tras las Guerras Médicas contra Persia, cuando Atenas transformó una alianza defensiva, la Liga de Delos, en un sistema de dominación política, militar y económica. Con el paso de las épocas nada parece haber cambiado estructuralmente. Es más, supeditada hoy a la materialidad de las relaciones sociales de producción capitalista, la guerra es, aun cuando haya quienes lo quieran negar, una manifestación política-económica de la lucha de clases. La confrontación estructural por la hegemonía siempre se ha dado entre entidades que pertenecen a un mismo sistema, aunque esto no significa que la guerra sea, en cada caso, la directa expresión sensible y fenoménica de los antagonismos desatados entre explotadores y explotados, pero sí supone su núcleo metafísico fundamental.
Chile no se encuentra al margen de esta lógica. La actual reconfiguración del campo político, marcada por el ascenso institucional de proyectos autoritarios que coquetean abiertamente con formas neofascistas de poder, debe leerse a la luz de este trasfondo. No se trata solo de un “giro ultra y neoconservador” o de un péndulo electoral. Lo que está en juego es la tentativa de reinstalar una racionalidad de guerra en el corazón mismo de la política, donde el desacuerdo político es leído como amenaza y la desigualdad como daño colateral necesario. Se trata de un discurso donde la frontera entre tiempo de paz y tiempo de guerra se vuelve ideológica. La violencia no desaparece: se normaliza. Lo que cambia es el grado de legitimidad con la que es ejercida, ya sea por agentes del Estado o por los partidarios de la nueva guardia pinochetista. En este marco, la insistencia en el “orden” funciona como consigna central. Pero, como se sabe, el orden nunca es neutro. Siempre es el orden de alguien y contra alguien. En sociedades como la nuestra, estructuradas por la desigualdad, el orden es, en los hechos, la administración cotidiana de una guerra social de baja intensidad. Una guerra que no necesita declararse porque ya opera en la explotación y la precarización del trabajo, en la expropiación de territorios, en la mercantilización de la vida (salud, educación, vivienda, cultura, etc.) y en la gestión punitiva de la pobreza. Aquí la relación entre guerra y lucha de clases se vuelve clara. La lucha de clases no es un principio abstracto ni una categoría meramente interpretativa, su función no es nombrar simplemente un conflicto entre grupos sociológicamente identificables, sino dar cuenta de manera lógica y material de una dinámica estructural que organiza el campo de lo posible. Es el antagonismo entre dos lógicas irreconciliables: aquella que pone en el centro el valor de uso y la reproducción de la vida, y aquella que sostenida por el valor de cambio y el fetichismo subordina toda materialidad a la valorización abstracta del capital. Esta contradicción no se agota en el ámbito económico, sino que atraviesa el conjunto de las prácticas sociales, políticas, jurídicas y militares. Es por esta razón que entre más intensa se vuelven las contradicciones más fallan las mediaciones políticas y, cuando ya no existe velo capaz de ocultar esta violencia esta emerge con más fuerza como la verdad indesmentible de este sistema.
Ahora bien, más allá de sus múltiples configuraciones tipológicas (guerra regular, irregular, limitada, irrestricta, civil, regional, mundial, civilizatoria, convencional, insurgente, asimétrica, hibrida, de baja, mediana o alta intensidad, de primera u novena generación, etc.), la esencia de la guerra implica la necesidad de imponer una determinada forma de gobierno y su consiguiente ejercicio del poder. En tal caso, el retorno de discursos autoritarios en Chile debe entenderse, en consecuencia, como parte de una ofensiva internacional destinada a gestionar las contradicciones del capital por la vía de la fuerza. No es casual que este tipo de proyectos de cuenta de una economía de las relaciones donde la política se ha convertido en un campo de acción contrainsurgente, razón que permite contextualizar y no olvidar, tal y como lo señaló Marx en La ideología alemana, que “las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de relaciones materiales dominantes concebidas como ideas”. En consecuencia, las nuevas estrategias del poder soberano no son más que actualizaciones de las formas y las mutaciones históricas, empíricas y categoriales de la noción de guerra y, por ello mismo, relevan su elemento invariable, esto es, que en el fondo la lucha de clases sigue siendo el motor de la historia.
Lejos de constituir fenómenos contingentes o meramente circunstanciales, tanto la guerra como la lucha de clases remiten, en suma, a una misma matriz material: la organización histórica de las relaciones sociales de producción y las formas concretas de dominación que de ellas se desprenden, por lo tanto, las guerras, en un sentido genérico, no deben pensarse como un accidente externo a la lucha de clases, sino como una de sus expresiones privilegiadas, particularmente en el capitalismo tardío, donde la violencia se integra de manera estructural al proceso de valorización. La guerra constituye, por una parte, una modalidad específica de la lucha de clases, aun cuando no siempre se presente fenoménicamente como tal; por otra, es más necesario que nunca comprender que su materialidad es la de una tecnología de poder orientada a la reproducción ampliada del capital, incluso, y sobre todo, cuando esta reproducción adopta formas abiertamente destructivas. El complejo industrial-financiero-digital es así tanto la infraestructura como la superestructura que promueve la fobia neoliberal del Estado contra los pueblos del mundo. No importa realmente contra quien alce su justificación, las guerras que el complejo industrial-militar-financiero origina se hacen contra la naturaleza, humana y no humana, en su totalidad. En este punto, la guerra se revela como una economía política de la muerte. Es por esta razón que nadie puede permanecer ajeno a los nuevos alcances de la histórica relación existente entre guerra y lucha de clases, cuestión que nos recuerda con especial urgencia, sobre todo hoy, que nos enfrentamos a sectores neoliberales que buscan consolidar formas de dictadura dentro de los límites de una democracia limitada.
Pensar críticamente esta coyuntura exige algo más que una defensa abstracta de la democracia. Exige interrogar las condiciones materiales que hacen posible la tentación autoritaria. Exige reconocer que no hay neutralidad posible frente a un orden que convierte la violencia en norma. Y exige, sobre todo, recuperar el valor de uso como criterio político, es decir, volver a poner en el centro la vida concreta frente a la lógica destructiva del capital. Esto no implica abrazar un pacifismo ingenuo ni romantizar el conflicto. Implica comprender que la guerra no es un destino inevitable, pero tampoco un simple desvío moral. Es una respuesta sistémica a un antagonismo que el capital no puede resolver sin negarse a sí mismo. Atacar la guerra, entonces, no consiste en condenarla retóricamente, sino en transformar las relaciones sociales que la hacen necesaria, especialmente en tiempos en que el autoritarismo se presenta como solución y la violencia como garantía de estabilidad. Tampoco se trata de un ejercicio académico, sino de una necesidad política urgente, porque cada vez que la guerra se instala como forma de gobierno, lo que se juega no es solo el control del presente, sino la clausura del futuro.
Frente a la racionalidad economicista que destruye radicalmente la posibilidad misma de pensar la libertad en términos no mercantiles, es preciso pensar una vez más una ética de la lucha de clases. Desde una perspectiva materialista, esto exige recuperar el valor de uso como criterio crítico frente a la racionalidad bélica del capital. Asumir el valor de uso como categoría política implica, por tanto, una toma de partido, supone afirmar que la lucha de clases no se juega únicamente en la redistribución del excedente, sino en la disputa por el sentido mismo de la materialidad del mundo y las relaciones que en su interior se producen. En este marco, una ética de la lucha de clases no puede separarse de una crítica radical de la guerra como forma de gobierno del capital, razón por la que deben interrogarse las condiciones y las necesidades materiales que hacen de la guerra una necesidad sistémica y, con ello, hay que pensar formas de resistencia que no reproduzcan la lógica destructiva que se busca combatir. Comprender que la guerra no es un fenómeno externo a la lucha de clases, sino una de sus formas históricamente determinadas permite reconocer que la violencia y el antagonismo no son residuos arcaicos o un accidente histórico premoderno, sino que se trata del núcleo ahistórico que estructura la historicidad misma de la historia. Toda tentativa de neutralizar la lucha de clases —ya sea por la vía reformista, jurídica o moral— tiene como función desactivar su potencia política. La violencia no aparece entonces como una desviación, sino como la forma ordinaria mediante la cual el capital administra este antagonismo. Desde esta perspectiva, la guerra debe ser comprendida como una intensificación cualitativa de la violencia estructural que atraviesa la vida cotidiana bajo el capitalismo. No inaugura la violencia: la concentra, la acelera y la redistribuye. La expropiación, la precarización, la destrucción de territorios y cuerpos no comienzan con la guerra; simplemente se vuelven visibles en ella en un contexto marcado por la expansión del complejo industrial‑militar‑financiero y la militarización de la política. Al interior, o bien como reverso de esta expansión, la lucha de clases adopta siempre la forma de una guerra de posiciones de baja intensidad. La represión policial, la criminalización de la protesta, la neutralización institucional del conflicto y la banalización del mal cumplen la función de impedir la maduración de un germen insurreccional. Sin embargo, cuando este germen no es aniquilado, la lucha de clases tiende a desplazarse hacia su forma límite: el enfrentamiento entre clases y la guerra civil. Esta última no debe entenderse como caos o disolución social, sino como el momento en que el antagonismo estructural se vuelve irreductible a los mecanismos de mediación existentes, cuestión que mismísimo Trump ha empujado en las últimas semanas en varios Estados de su país. La guerra civil no es el fracaso de la política; es la verdad de una política fundada en la exclusión. En este contexto, la reflexión crítica sobre la relación entre guerra y lucha de clases se vuelve no solo teóricamente necesaria, sino políticamente urgente. Pensar la guerra desde la lucha de clases es, en última instancia, una forma de insistir en que incluso en medio de la destrucción, la historia sigue siendo un campo de disputa y que la tarea teórica y política no consiste, entonces, en oponerse abstractamente a la guerra, sino en atacar las relaciones sociales que la hacen necesaria. En este sentido, la crítica de la guerra es inseparable de la crítica del capital y de la afirmación práctica de una ética material de la lucha de clases.
Gustavo Bustos Gajardo
Doctor en Filosofía
Miembro Comité Editorial Revista Actuel Marx / Intervenciones
