La siguiente reflexión, nace de una experiencia como indígena, la que a partir de conversaciones con autoridades ancestrales, amigos de diversos pueblos, incluso con actores de la académica, política y organizaciones sociales para poder desarrollar el mejor planeamiento posible.
Como contexto, es muy necesario mencionar que en diciembre de 2025 participé, junto a varias personas de las que se describen anteriormente, en un encuentro convocado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en Valparaíso. El propósito era recoger propuestas para fortalecer aspectos de la participación indígena y sobre la educación intercultural, particularmente, la asignatura de Lengua y Cultura Indígena en el currículum escolar chileno. En la sala éramos no más de quince personas, representantes de distintos pueblos, junto a dos autoridades ancestrales. La conversación fue densa y necesaria bajo el objetivo de poder responder a ¿cómo sostener las lenguas en un sistema que históricamente las relegó? y ¿cómo evitar que la interculturalidad se reduzca a un enunciado administrativo?.
Al salir de esta actividad que tomo dos días de trabajo, en una plaza cercana, una comparsa multitudinaria ocupaba el espacio con música y danza. Más de doscientas personas en total, decenas de músicos, un centenar de bailarines, trajes, colores, y un gran marco de público atento. La escena no era menor; era afirmación colectiva. Sin embargo, el contraste resultaba inevitable. ¿Por qué la masividad en la celebración y la escasez en la deliberación? ¿Por qué la plaza se llena y en la sala hay tan poca participación?
No se trata de oponer cultura y política, mucho menos de cuestionar la vitalidad festiva, enraizada en la identidad de cada uno de nuestros pueblos, las preguntas son estructurales: ¿qué formas de presencia indígena resultan promovidas y cuáles encuentran mayores obstáculos? ¿Qué tipo de participación se facilita y cuál se vuelve técnicamente restringida?
Chile ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que consagra el derecho a la consulta y participación frente a medidas que afecten a los pueblos indígenas, entonces el marco jurídico existe, pero entre el reconocimiento formal y la incidencia efectiva existe una distancia que no es meramente procedimental. Las instancias de consulta suelen estar mediadas por tiempos institucionales, lenguaje técnico y decisiones previamente encauzadas. Participar exige recursos y una confianza que la experiencia histórica no siempre avala.
Teóricamente la perspectiva de Judith Butler nos explica que la política puede comprenderse como una forma de aparición regulada de los cuerpos en el espacio público y que no toda presencia tiene la misma disposición. Hay presencias celebradas y presencias que incomodan, la comparsa es una presencia que el Estado puede mostrar como prueba de diversidad, y la deliberación sobre educación, territorio o lengua introduce una dimensión distinta, allí no se exhibe identidad, se disputa poder.
Y esta es la misma lógica que se aplica al suprimir la diferencia desde diferentes procesos de colonización, al clasificarla y administrarla. Quijano es enfático al decir que quien posee el poder, también ostenta el poder de integrar al indígena, como expresión cultural, pero al mismo tiempo, limita su potencial como proyecto político. Y algo similar advierte Walter Mignolo, la acción colonial permite que la diferencia pueda circular dentro del sistema, siempre que no altere sus fundamentos. Entonces, llevando esta idea al contexto del que hablamos, la danza puede ser patrimonio; la autodeterminación, en cambio, reconfigura la estructura.
La escena de Valparaíso, entonces, no es una anécdota aislada. Más bien, ilustra procesos de subjetivación, donde la identidad puede expandirse cuando se inscribe en el registro del espectáculo público, pero encuentra mayores límites cuando se traduce en incidencia normativa.
Sin embargo, esta constatación no habilita un juicio simplista, la asociatividad cultural ha sido, y sigue siendo, una condición de continuidad histórica, y tenemos que afirmar que las organizaciones culturales, de danza, de música son parte del entramado que sustenta la resistencia indígena en nuestro país. Las organizaciones comunitarias sostienen lengua, la ritualidad y la memoria, sin esa trama colectiva no habría persistencia posible, haciendo visible lo que se ha señalado desde distintos espacios académicos, la comunidad es el soporte de la identidad. Pero si esa fuerza asociativa no logra incidir en las decisiones estructurales, corre el riesgo de ser reconocida sólo como un patrimonio administrado donde la cultura se preserva y el poder permanece inalterado.
En este punto, la reflexión de Boaventura de Sousa Santos resulta pertinente: ninguna democracia es completa si excluye saberes, esto implica que los conocimientos indígenas no pueden permanecer confinados al ámbito artístico-cultural, ya estos conocimientos poseen un lugar también en la definición de políticas públicas, de lo contrario, la interculturalidad se convierte en una retórica sin redistribución.
Proceso que nos mantiene en lo que Silvia Rivera Cusicanqui ha advertido sobre con el llamado multiculturalismo decorativo, proceso donde el reconocimiento que no transforma puede terminar reforzando la subordinación. Y es importante asumir que participar políticamente no es asimilarse, sino intervenir desde la propia historicidad y desde la identidad, lo que no supone abandonar la raíz, sino proyectarla.
En la misma línea, tenemos que insistir en que el conocimiento sólo adquiere sentido pleno cuando se vincula con la acción transformadora, que las comunidades no son destinatarias pasivas de políticas, están compuestas de sujetos con capacidad de orientación colectiva, y tenemos que orientar nuestra participación a lo que se ha planteado como interculturalidad crítica, que es ante todo, un proyecto político-epistémico orientado a cuestionar las bases coloniales del Estado moderno.
En el año 2020 se publicó un libro de la autoría de Enrique Antileo, el que se titula “aquí estamos todavía”, si la leemos bajo la conversación que estamos desarrollando, esta frase no alude únicamente a persistencia cultural, expresa continuidad histórica frente a la pretensión de desaparición, pretensión que el mismo estado de Chile asume en la publicación del “Informe de la comisión de verdad histórica y nuevo trato con los pueblos indígenas”, pero estar todavía no es lo mismo que decidir plenamente, por lo que permanecer no garantiza incidir.
Hay que ser enfáticos en que la crítica o propuesta no es orientar el abandono de la plaza, de la danza y de la música, más aun teniendo la convicción de que la fiesta y el carnaval son parte de nuestra memoria e identidad, que son parte de nuestro ciclo vital y también un componente clave en la relación con nuestra madre tierra en aspectos de temporalidad, y formas de vida. Lo que si no podemos permitir es que la identidad se agote en la celebración, mientras las decisiones que afectan el futuro de nuestra identidad se toman con participación limitada.
Podríamos preguntar claramente al Estado, ¿basta con exhibir diversidad o se está dispuesto a redistribuir poder?, y para nosotros como pueblos indígenas, la interpelación es igualmente compleja: ¿cómo transformar la vitalidad cultural en voluntad política sostenida sin perder autonomía ni horizonte propio?
Tal vez el desafío no sea elegir entre bailar o deliberar, tal vez el desafío consista en asumir que la ancestralidad no es sólo memoria ritual, sino criterio para decidir el presente. Que la lengua no es únicamente patrimonio, sino derecho político. Que la identidad no es sólo imagen pública, sino fundamento de autodeterminación.
La escena de la plaza y la sala no debe entenderse como contradicción inevitable, sino como tensión a resolver, si “aquí estamos todavía”, la pregunta que sigue es ¿desde dónde y para qué estamos?.
Que la presencia no sea únicamente visible.
Que también sea incidente.
Dr. Carlos Miranda Carvajal. Simma Lickanantay. Facultad de Humanidades, Universidad de Playa Ancha.
