En las últimas semanas, Chile ha sido testigo de una sucesión de hechos que involucran muertes, agresiones graves y vulneraciones extremas contra niños, niñas y adolescentes. Lactantes muertos a golpes en sus hogares familiares. Niños fallecidos al interior de residencias de protección del Estado.
Adolescentes asesinados en contextos de narcotráfico tras escapar de centros donde debían ser cuidados. Padres que intentan matar a sus propios hijos en plena vía pública. No se trata de casos aislados ni de tragedias imprevisibles. Se trata de un patrón que revela un fracaso sistémico profundo.
Frente a cada uno de estos hechos, la respuesta pública tiende a seguir el mismo guión: conmoción mediática, declaraciones institucionales, promesas de investigación y, finalmente, olvido. Hasta que la siguiente tragedia reinicia el ciclo. Este modo de operar - reactivo, fragmentado, centrado en la emergencia - es precisamente lo que la evidencia científica lleva décadas advirtiéndonos que no funciona.
La Teoría Ecológica del Desarrollo Humano, propuesta por Urie Bronfenbrenner, plantea que el bienestar de un niño depende de la interacción dinámica entre múltiples sistemas concéntricos. Desde el ontosistema - las características individuales del niño - hasta el cronosistema - el contexto histórico y las transiciones vitales -, pasando por la familia, la escuela, los servicios de salud, la comunidad, el mundo laboral de los cuidadores, los valores culturales y las políticas públicas. Ninguna de estas capas opera de forma independiente. Cuando una falla, las demás deberían compensar. Cuando todas fallan, el resultado es la muerte o el daño irreparable de un niño. Lo que estamos viendo en Chile no es el colapso de una sola capa. Es el debilitamiento simultáneo de varias. Y eso exige un análisis que vaya más allá de buscar culpables individuales.
Varios de los casos recientes comparten un denominador común: la violencia proviene de las figuras que deberían ser las principales protectoras. Padres, madres, padrastros, madrastras. El microsistema - la familia - se convierte en el espacio de mayor riesgo. Sin embargo, reducir el problema a la maldad individual de un agresor es un error analítico que nos impide ver las condiciones que producen esa violencia: crisis de salud mental sin abordaje, consumo problemático de sustancias, historias transgeneracionales de maltrato, precariedad económica extrema, ausencia de redes de apoyo y una cultura que aún normaliza el castigo físico como forma de crianza. Desde el trabajo social sabemos que la intervención en el microsistema, cuando es tardía, es insuficiente. La pregunta no es sólo qué pasó dentro de ese hogar, sino qué condiciones permitieron que ese hogar llegará a ese punto sin que ningún otro sistema interviniera antes.
El mesosistema, en el modelo de Bronfenbrenner, se refiere a las interrelaciones entre los microsistemas. Es decir, la comunicación entre la familia, la escuela, el centro de salud, el jardín infantil. En teoría, Chile cuenta con programas como Chile Crece Más, con controles de niño sano, con establecimientos educacionales que deberían funcionar como espacios de detección temprana. En la práctica, estas redes operan de manera fragmentada, sin protocolos efectivos de coordinación y con profesionales sobrecargados que muchas veces carecen de las condiciones mínimas para cumplir su rol.
Cuando un niño de tres años llega muerto a un hospital con signos de maltrato crónico, la pregunta obligada es: ¿nadie lo vio antes? ¿No hubo un control de salud que detectará lesiones? ¿No hubo un educador que notara algo? La respuesta, probablemente, es que sí hubo señales, pero el sistema no tiene la capacidad de conectarlas. No es un problema de voluntad de los profesionales; es un problema de diseño institucional.
El caso de los niños que mueren o son gravemente vulnerados al interior de residencias de protección es el síntoma más brutal de la falla en el macrosistema. Aquí no hablamos de familias disfuncionales; hablamos del Estado como garante directo. Un niño que muere ahogado en una piscina dentro de una residencia estatal. Un adolescente que escapa de una residencia y aparece calcinado vinculado al narcotráfico. Otro queda parapléjico tras ser apuñalado por un par. Denuncias de abusos sexuales y riñas al interior de centros que deberían ser espacios reparatorios. Todos estos hechos ocurrieron bajo la responsabilidad del Estado chileno en los últimos 6 meses. Todos son expresión de un macrosistema que no logra garantizar lo mínimo: que un niño bajo su custodia esté vivo y seguro.
¿Por qué el macrosistema no funciona? Porque la política de infancia en Chile sigue operando bajo una lógica reactiva y no preventiva. El Estado interviene cuando el daño ya está hecho, no antes. Los recursos se concentran en la reparación - que además es insuficiente - mientras la prevención queda reducida a programas piloto sin escala ni continuidad. No existe un sistema integrado de alertas tempranas que conecte salud, educación y protección social de manera efectiva. Las políticas públicas de infancia son tratadas como un sector más del aparato estatal, y no como una prioridad transversal que atraviese todas las carteras. A eso se suma que la inversión por niño en el sistema de protección sigue siendo inferior a lo que el propio Estado gasta en otros ámbitos de la política social. En definitiva, el macrosistema falla porque Chile aún no ha decidido, como país, que la infancia sea realmente primero.
La transición del SENAME al Servicio de Protección Especializada fue presentada como un cambio de paradigma. Pero un cambio de nombre institucional no transforma las condiciones materiales del cuidado: dotación insuficiente de profesionales, turnos mal remunerados, falta de formación especializada en trauma, infraestructura precaria y una lógica de subvención por plaza que prioriza la cobertura sobre la calidad de la intervención. Como han señalado diversos académicos, la protección especializada en Chile opera bajo una lógica que termina reproduciendo las condiciones de daño que dice reparar.
A esto se suma una crisis de salud mental que el Ministerio de Salud aún no aborda con la urgencia que requiere. La violencia intrafamiliar, las adicciones, los trastornos sin tratamiento y el estrés crónico son una bomba silenciosa que explota dentro de los hogares. Y las víctimas principales son quienes no tienen voz ni capacidad de defensa.
Por su parte, el cronosistema nos recuerda que estos hechos no ocurren en un vacío temporal. Chile arrastra décadas de deuda con su infancia. Los 1.313 niños muertos bajo la tuición del SENAME no fueron un accidente; fueron la consecuencia de un sistema que trató a la niñez vulnerable como un problema de gestión y no como sujetos de derecho. Hoy los datos del Diagnóstico 2025 de la Defensoría de la Niñez confirman que esa deuda no se ha saldado: 52 menores de edad fueron víctimas de homicidio consumado en 2025, las muertes por armas de fuego contra niños aumentaron un 122% en dos décadas, y los propios adolescentes reportan creciente sensación de abandono e inseguridad en sus entornos.
Y aquí cabe una reflexión incómoda sobre la propia Defensoría de la Niñez. La institución fue creada para ser una magistratura de influencia que resguarda efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en la práctica su acción se ha limitado en gran medida a producir diagnósticos, difundir cifras y oficiar a otros organismos del Estado, generalmente cuando los casos ya tienen connotación pública y mediática. Su rol ha terminado siendo más comunicacional que garante. Oficia, declara, publica informes, pero no tiene - o no ejerce - la capacidad de intervenir de manera vinculante cuando los derechos de un niño están siendo vulnerados en tiempo real. ¿De qué sirve documentar que 52 niños fueron asesinados si la institución encargada de defender sus derechos no pudo incidir en que esas muertes no ocurrieran? El problema no es de voluntad de sus equipos; es de diseño institucional. Una Defensoría que solo puede recomendar, pero no exigir ni fiscalizar con consecuencias, termina siendo un observatorio del horror y no un instrumento real de protección.
Desde la disciplina del Trabajo Social, la lectura de estos hechos no puede ser moralizante ni reduccionista. No basta con señalar a los agresores ni con exigir penas más duras. Lo que se requiere es una transformación estructural del sistema de protección que opere con lógica preventiva y no solo reparatoria.
Eso implica, como mínimo, dejar de intervenir desde el escritorio y volver al territorio. Acompañar a las familias en sus contextos reales, no solo derivarlas entre programas. Hacer psicoeducación y contención sostenida con las figuras de cuidado, no intervenciones puntuales que se cierran cuando se cumple el plazo del convenio. Entregar apoyo concreto y permanente a las familias de acogida, que hoy asumen la crianza de niños con traumas, con escasa formación y muchas ganas de hacerlo, acompañamiento que no es suficiente y muchas veces sin recursos básicos. Garantizar formación continua y gratuita para los funcionarios y equipos de trato directo, que trabajan con las situaciones más complejas del país en condiciones de precariedad laboral inaceptables. Y, sobre todo, abrirse al intersector de verdad: que salud, educación, justicia, vivienda y protección social dejen de operar como compartimentos estancos y se articulen en torno al niño y su familia. Porque es precisamente la fragmentación la que reproduce estas formas de violencia. Cada institución interviene su pedazo, cierra su informe, hace sus estadísticas, tiene su propia base de datos y ningún niño queda realmente sostenido por el sistema completo.
Bronfenbrenner nos enseñó que el desarrollo humano es un fenómeno ecológico: ningún niño crece ni muere de forma aislada. Cada muerte, cada golpe, cada vulneración es el resultado de múltiples sistemas que fallaron simultáneamente. Mientras el Estado siga interviniendo de forma fragmentada
• un programa por aquí, un oficio por allá, un informe que nadie lee - seguiremos llegando tarde. Y seguiremos contando niños que no deberíamos tener que contar.
La protección de la infancia no es un favor ni una caridad. Es una obligación ética, legal y política. Y hoy, en Chile, estamos fallándoles.
