Estamos acostumbrados a escuchar que la educación es una herramienta fundamental para la movilidad social y una condición para el desarrollo. Lo dicen las autoridades, aparece en el discurso público y los presupuestos lo expresan en cifras. No obstante, la importancia que un país atribuye a la educación no se mide solamente por lo que declara ni por cuánto dinero asigna. Se revela, sobre todo, cuando hay que ajustar y decidir qué se protege, con qué criterios, qué consecuencias se aceptan y quién asume sus costos.
La actual discusión sobre el presupuesto nacional para el próximo año ofrece una oportunidad para preguntar qué tan importante es realmente la educación cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles. El proyecto de Presupuesto 2027, por ejemplo, destina $17,3 billones al área (solo por debajo de Salud), un monto que nadie podría señalar que es bajo o que da cuenta de un abandono del sistema educacional. Sin embargo, el detalle de los anuncios que se han entregado hasta ahora revelan un patrón preocupante: reducción de los montos asignados a JUNAEB y a los Liceos Bicentenario, eliminación del financiamiento del programa “Yo elijo mi PC” y restricciones a la contratación o reemplazo de docentes en los Servicios Locales de Educación Pública (además de modificaciones de horas y eventuales fusiones de cursos).
Ninguna de estas decisiones debería analizarse de manera simplista. Un Estado tiene la obligación de utilizar responsablemente los recursos públicos, por lo que los programas deben evaluarse, los gastos deben justificarse y las instituciones deben ser capaces de revisar aquello que no está funcionando. Defender la educación no significa sostener que todo gasto educativo es necesariamente eficiente ni que toda estructura existente deba mantenerse indefinidamente.
Precisamente por eso, la discusión debería ser más exigente, pues aunque las cifras justifiquen los ajustes, estos se viven en comunidades concretas. Cuando se decide eliminar un programa, la pregunta no puede ser únicamente cuánto dinero se ahorra, también debería ser qué problema buscaba resolver, qué resultados obtuvo, qué necesidades quedarán sin atender y qué alternativa existirá para abordarlas. Cuando se decide no reemplazar a un docente, no basta con calcular el costo de esa contratación, sino que importa saber qué ocurrirá con sus estudiantes, cómo se reorganizarán las horas de clases y qué efectos tendrá la decisión sobre la continuidad de los procesos de enseñanza. Cuando se plantea fusionar cursos, no es suficiente calcular cuántos estudiantes caben en una sala, sino que la discusión debería incorporar las condiciones en que se desarrollará la enseñanza y las posibilidades efectivas de atender a estudiantes diversos.
La autoridad puede sostener que estas decisiones no comprometen la prestación del servicio, pero esa afirmación debe poder contrastarse con evidencia. Un país que se toma en serio la educación no evalúa sus ajustes solamente por el ahorro obtenido, sino también por sus efectos sobre estudiantes, docentes y comunidades educativas. Nada de esto implica que el gasto educativo no deba revisarse. Significa que la eficiencia, para ser creíble, debe demostrar que protege aquello que el gasto busca garantizar: el aprendizaje y las condiciones que lo hacen posible.
Existe, finalmente, una dimensión menos visible de esta discusión, que se relaciona con quienes todavía no están en las escuelas. Detrás de cada postulación a Pedagogía hay una persona preguntándose si vale la pena. Mientras el país proyecta un déficit importante de profesores para los próximos años y busca atraer interesados hacia las carreras de pedagogía, esos posibles nuevos docentes escuchan a las autoridades señalar que el derecho a la educación no implica la obligación de contratar docentes y ven que el debate público se centra en la reducción de horas, las desvinculaciones, la reorganización de cursos o la necesidad de contener el gasto.
Quien decide qué estudiar quizá no lee las glosas presupuestarias, pero sí percibe el clima que las decisiones públicas producen. Y ese clima construye expectativas sobre si la profesión será valorada o simplemente administrada, si ofrecerá estabilidad a largo plazo o será constantemente ajustada. Ninguna campaña de atracción de talento pedagógico puede compensar durante mucho tiempo lo que las decisiones públicas comunican en sentido contrario.
Si queremos saber cuánto nos importa realmente la educación, debemos formular preguntas más difíciles que cuánto gastamos: ¿con qué criterios decidimos cuando faltan recursos?, ¿quién asume los costos de esas decisiones?, ¿cómo evaluamos sus consecuencias?, ¿y qué futuro profesional estamos ofreciendo a quienes quieren dedicar su vida a enseñar?
Un país muestra lo que valora en las decisiones difíciles. Esas respuestas, más que cualquier discurso, terminarán diciéndonos qué lugar ocupa realmente la educación entre nuestras prioridades.
Mauricio Arce Argomedo
Académico Pedagogía en Historia y Geografía
Universidad Católica Silva Henríquez
