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De catálogos, derechas y (des)orden público. Por Jaime Vieyra-Poseck

Faltan manos para contar los catálogos de errores y horrores en la segunda Administración Piñera. El más nefasto es el asesinato de Camilo Catrillanca. Filmado al detalle, muestra una crueldad que no se corresponde con un Estado de derecho. Primero culpan a Catrillanca, y al niño que lo acompaña arriba de un tractor, de ser terroristas. La verdad aparece a cuentagotas con filmaciones filtradas de los propios policías enajenados, convencidos por esta Administración de que están en guerra contra una comunidad desarmada. Con cada nueva imagen fue creciendo el estupor y la vergüenza de ser chileno y de padecer unos representantes que solo representan la arrogancia del poder. La gestión del asesinato es una muestra inmejorable de desfachatez y cinismo políticos. Nadie se responsabiliza políticamente. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se mantiene en el cargo como si no fuera asunto suyo. En cualquier democracia consolidada cae no sólo él, sino también el presidente y todo su gobierno. Pero ahí se quedaron, como si el cobarde asesinato de un ciudadano desarmado arriba de un tractor donde iba un niño, fuera una bagatela más de las suyas. ¿Y si el asesinado hubiese sido no un mapuche o un millonario? La respuesta la tiene todo Chile, menos Piñera ni Chadwick, ni sus parlamentarios, ni los partidos gobernantes que mal nos representan en las instituciones de la democracia.

El liderazgo piñerista, errático y lleno de manías ególatras, declara unos días antes de la mayor revuelta social posdictadura que Chile es el oasis de Latinoamérica. Sumido en el atolondramiento total, con el oasis en llamas, declara que Chile está en guerra, y saca el ejército a las calles y declara toque de queda. Otra guerra contra un pueblo desarmando. Sin convocar inmediatamente al dialogo social, única herramienta válida en un sistema democrático para resolver conflictos sociales, la Administración Piñera se pone torpemente de parte de la policía militarizada y en contra del movimiento social, criminalizándolo, tratándolo como una turba de delincuentes que deben ser reprimidos, acumulando no solo querellas contra los manifestantes, sino permitiendo una violencia desproporcionada que viola derechos humanos fundamentales: 350 personas con lesiones oculares, abusos sexuales, tortura y 34 muertos.

La defensa partidista de la policía y la demonización del movimiento social, nos indica que esta Administración no entiende que en un Estado democrático no se politiza a la policía. Señores, la dictadura ―que tan bien administraron― se les acabó hace 30 años. Las policías en un Estado democrático son neutras y están al servicio de la ciudadanía, no en su contra. Esta Administración ha transformada a las Fuerzas de Orden y Seguridad (ahora del Desorden y la Inseguridad) en un monstruo de mil cabezas ya casi sin control institucional que debe reformarse de pies a cabeza y, al patrimonializarlas partidariamente, las ha puesto contra la ciudadanía convirtiéndolas en la institución más odiada del Estado.

Por otra parte, la búsqueda obsesiva del orden público demuestra que confunde los efectos con las causas. El (des)orden público es un efecto del estallido social, no su causa. Esta rocambolesca confusión entre causa y efecto del legítimo descontento ciudadano solo provocará, si no se cambia la óptica, un gigantesco e incontrolado desorden público garantizado.

Ningún orden público en un sistema democrático como el chileno se sostiene si sólo un 1,01% se lleva más del 50% de las ganancias totales del país. Para alcanzar el orden púbico garantizado debe haber justicia social garantizada; vale decir, protección social básica, universal y de calidad en vivienda, salud, educación y pensiones, que sólo un Estado social, esto es, con capacidad financiera, puede garantizar. Y esto no es comunismo, ni violencia de extrema izquierda, ni Chilezuela ni menos Chilecuba: lo que piden las grandes mayorías es un “capitalismo con rostro humano”, modelo europeo, y el fin del capitalismo salvaje modelo norteamericano que se obstinan en mantener los cerebros-búnker de los poderes de facto económico-financieros, que tienen en esta Administraciones a sus mejores peones defendiendo sus intereses, que son los del propio Presidente ya que pertenece al privilegiado club del 1,01%. Mantener esta injusticia socioeconómica es nutrir un Chilezuela o un Chilecuba a corto plazo.

La ciudadanía exige más capacidad adquisitiva, lo que implica obviamente mayor desarrollo socioeconómico (It’s the economy, stupid!). No pide ninguna revolución de los extremos. Exigen que, de una vez por todas, se reparta la tarta equitativamente según el desarrollo socioeconómico chileno. Y ya es una cuestión de dignidad que solo si se atiende este clamor legítimo, dignificará la política.

La derecha que propone ser social (¡por fin!) debe abandonar los extremos a su derecha y unirse a las fuerzas políticas que proponen un impuesto progresivo para financiar el Estado social, y la repartición del ingreso y de la riqueza equitativamente para garantizar la justicia social y, con ello, un orden público garantizado, vale decir, la paz social.

Todo lo demás es padecer por décadas un desorden social tan garantizado como destructivo.

Así de simple. Y de complicado.

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