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Debate constitucional y contrapesos institucionales: ¿una deseable ecuación? Por Hernán García y José Orellana

La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional dio sus primeras luces respecto a sus resoluciones antes de entrar al Pleno de la misma, lo que, para una parte del contexto político institucional y no institucional, implicó colocar situaciones e ideas donde corresponde, mientras que para otra/os no (como es habitual).

La discusión ha derivado desde un Congreso bicameral a otro unicameral, también se busca transitar de un régimen presidencial a uno semipresidencial (y/o presidencialismo atenuado); sumándose la expectativa de pasar de la idea nacional a la de pluri-nación intercultural, derivando, además, de un estado unitario a uno regional autonómico intercultural.

Estas discusiones parecen no alarmar a la ciudadanía, o, llamar su atención en profundidad, explicándose tal situación, en parte, a la existencia de un influjo discursivo, político y de correlación de fuerza sociopolítica que las asume como naturales, o, hasta necesarias, expresadas las mismas desde la institucionalidad, como es el Congreso, la Convención Constitucional y gobierno recién electo, entre otros (sistema político formal en general), o, de la no institucionalidad, incluyéndose los movimientos sociales más o menos orgánicos, organizaciones comunitarias de diverso tipo, más todo lo que permiten las redes sociales, caracterizándolas, desde hace un tiempo a esta parte, como territorio virtual. Sin lugar a dudas, son, necesariamente, un foco de atención y debiesen traducirse en preocupación pública, ya que expresan una señal en la línea de cambios.

Esto, tuvo su máxima expresión en la propuesta de disolver los tres poderes del Estado y crear una asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos. Asamblea que podría tener como ejemplo los Soviet de la Ex URSS. Lo anterior, delata que las ideas de cambio que rondan en el hemiciclo constitucional, pueden no ser, necesariamente recepcionadas por la ciudadanía, ni en la magnitud, ni en la profundidad que implican, demandándose una urgente inteligencia comunicacional oportuna y adecuada.

Esta búsqueda de cambios se centraría en la desconfianza, propia de la visión liberal (entre otras), otorgando al Estado un poder limitado. Paralelamente, a lo dicho, la desconfianza liberal, indicará Pierre Rosanvallón, se concreta en la sospecha de que un poder del Estado experimentase la tentación de imponerse sobre el otro, u otros (ejecutivo, legislativo y judicial), no avanzando en el mejoramiento de las calidades de vida de las mayorías. Por otra parte, se encuentra la sospecha del pueblo (o sociedad civil), sobre el quehacer del Estado organizado en estos poderes, el cual, mediante el ejercicio del poder popular, generaría el contrapeso para que ello no ocurra, ocupando la movilización social o la institucionalidad vigente para tales fines[i]. Un ejemplo de ello se encontraría en la Lista de Pueblo (sus integrantes), quienes, tras participar de los movimientos sociales o la geografía de la multitud en cada una de las regiones del país[ii], pasaron a integrarse a la Convención Constitucional para esculpir un nuevo Estado, con nuevos controles, con nuevos contrapesos.

Tal como hemos expresado, este influjo de cambios, se explica en parte importante por la desconfianza social respecto de las instituciones, esculpida (la desconfianza) por una sistemática desigualdad sociopolítica y socioeconómica, cuya máxima manifestación se expresó por medio de las movilizaciones de octubre 2019 (entre varias ejecutadas a lo largo y ancho del país, inclusive, desde que se recuperó la democracia)[iii]; las que, aún latentes y presentes, se han transformado en expectativas por conseguir condiciones de vida digna para toda/os, en particular desde el gobierno venidero, en su gestión.

También indicarán otras y otros, que la misma desconfianza se explicaría desde la tensión sociocultural, explicadas por las fragmentaciones identitarias y, la necesidad, por ende, de construir identidad territorial, pero también las sexuales, ambientales, laborales y otras; que cuando cristalizan en esencialismos y disputas agonales, complejizan aún más el debate y el consenso necesario. Es decir, el mayor peligro para la democracia no sería, entonces (o, no únicamente) la despolitización, sino lo impolítico[iv], que como explica Rosanvallón, es la no valoración de los sentidos colectivos para convivir y resolver problemas complejos, sino que los individuales y fragmentarios, dificultando de sobre manera el logro de acuerdo y consenso al interior de un país.

Aquí podemos visualizar que, independiente de las formas políticas y la evolución de la geografía de la multitud que decantan de la Convención Constitucional; la esperanza está en lograr contrapesos acordados y consensuados, entre los poderosos (capital) y los trabajadores (producción). Pues en el contexto de expectativas crecientes, la sociedad busca que se terminen los privilegios, para los más ricos de nuestro país.

Si miramos la constitución de 1980, en parte podríamos afirmar que los “contrapesos” institucionalizados en ella, reflejarían tradiciones atávicas de occidente (influenciada por la Guerra Fría, inclusive), permitiendo un ejercicio de control, orden y poder a minorías sociales, desde una subjetividad valórica evolutiva (promovida por la dictadura cívico - militar), derivando, en la construcción de una infraestructura institucional que favoreció las desigualdades e indignidades de las personas tan profusamente comentadas en instancias nacionales e internacionales. Pues el modelo de la Constitución del ’80, llegó a mostrar un Chile como un Oasis[v], lo que claramente no se pudo sostener luego del año 2019.

Acá es importante recordar a Pierre Rosanvallón cuando indica que la democracia occidental moderna es un procedimiento técnico y valórico que viene a administrar la desconfianza (con toda su tecnología institucional). Sólo eso, administrar la desconfianza (que no es poca cosa).

Así, en este avance de la Convención Constitucional y la necesidad de aprobar una Nueva Constitución Política para Chile, es que se esperaría que el principio de los ‘contrapesos’ estuviese presente en las diferenciadas definiciones que se deben dar al interior de las comisiones, como también en la del Pleno de la misma, traduciéndose en el futuro inmediato en una institucionalidad que permita una gestión de gobierno y logro de política pública funcional a las mayorías postergadas expedita y asertiva.

El “contrapeso”, debería traducirse en principios y articulados constitucionales que impidan el abuso particular, colectivo y sistémico, contribuyendo de esta forma, a una democracia que resuelva los problemas sociopolíticos, culturales y económicos a las mayorías postergadas. Por ello, no debe ser entendido como un principio proveniente desde un liberalismo u otra forma institucional política o ideológica moderna o posmoderna, sino que, como una herramienta funcional, que permita administrar la desconfianza natural sobre la organización política moderna. Así, se esperaría que los gobiernos venideros puedan ejercer una gestión asertiva y eficiente en cada una de sus partes y escalas geográficas, donde se organizarán los diferenciados poderes estatales y también comunitarios. Por cierto, dignificadora de la condición humana.

Todo ello obliga a establecer acuerdos y consensos, haciendo de la regla de los 2/3 una posibilidad para que ello ocurra. Estas palabras tan vapuleadas, pero centrales en una sociedad que supera la impolítica, precisan resignificación, pues son parte esencial del proceso constitucional y de los constituyentes, quienes hoy son los nuevos actores políticos (a su pesar, indicarán alguna/os). Entonces la negación de acuerdos y consensos, podría traer descalabros en la construcción de una sociedad que busca un nuevo destino. Propósito, que podría desdibujarse con la radicalización de cambiarlo todo, traduciéndose ello, en poca confianza hacia la misma Convención Constitucional. De ahí que la mirada colectiva, de consensos y acuerdos, deben ser el lugar común para avanzar hacia los debates, que permitan resolver con claridad y transparencia, los esperanzadores cambios que nos debe entregar la Convención Constitucional, para el futuro del país.


[i] Ver en https://www.academia.cl/comunicaciones/columnas/la-contrademocracia-los-gobiernos-y-los-proyectos-politicos

[ii] Ver en https://pagina19.cl/destacado/la-lista-del-pueblo-y-algunas-constataciones-en-su-geografia-de-la-multitud/

[iii] Ver en https://www.academia.cl/comunicaciones/columnas/la-geografia-de-la-multitud-tras-la-polis-justa

[iv] Ver en La democracia exigente. La teoría de la democracia de Pierre Rosanvallon https://www.redalyc.org/pdf/628/62845862003.pdf

[v] Ver en https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html

 Hernán García Moresco profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH

José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano

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