En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadoras/es, de este 1 de mayo de 2025, las organizaciones firmantes convocamos a seguir reflexionando sobre las problemáticas laborales que nos afectan y demandamos a las autoridades de nuestras instituciones, públicas y privadas, y al Estado mejorar las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo.
Durante estos últimos dos años hemos sido testigos de las consecuencias de la crisis económica y administrativa que viven varias de las universidades del país. Estas dificultades han provocado despidos masivos durante los últimos meses en las Universidades Austral de Chile, Alberto Hurtado, de la Frontera, de Antofagasta, del Bío Bío, de Magallanes, entre otras. Estos acontecimientos han dejado en evidencia la vulnerabilidad contractual en que se encuentran muchas/os trabajadoras/es del conocimiento y la investigación, principalmente aquellos que se desempeñan en condiciones laborales más flexibles, como quienes ejercen sus labores a honorarios, a plazo fijo o a contrata.
En ese sentido, consideramos que las crisis económicas que afectan a las universidades no deben comprometer el empleo de las y los trabajadores que forman parte de su cuerpo académico, docente y administrativo. Este personal debe ser siempre una prioridad en la planificación presupuestaria de las instituciones, especialmente porque son responsables de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de educación superior.
Además, Chile ha experimentado un aumento significativo del número de estudiantes que acceden a la educación superior, hecho que ha implicado el aumento de carreras y matrículas en las universidades del país, tanto en pregrado como en postgrado. En relación a este último segmento, la matrícula de doctorados aumentó de 6024 en 2020 a 7473 en 2024, mientras que la de magísteres aumentó de 39459 en 2020 a 44588 en 2024 (Informe SIES, 2024). El universo de capital humano avanzado, altamente calificado, va en aumento en Chile, académicos/as, docentes e investigadores/as en el área van creciendo en número, junto con la amplitud de la flexibilidad laboral, generando problemas de inserción y de condiciones laborales de las personas postgraduadas, que están en proceso formativo o en etapas iniciales de la carrera académica.
En este contexto, exigimos un trabajo digno en las remuneraciones que reflejen las labores efectivamente realizadas, considerando, por ejemplo, las horas no lectivas (preparación de clases, corrección de trabajos, gestión, etc.) en el caso de la docencia y la totalidad del tiempo dedicado a actividades de investigación, en el caso de quienes se desempeñan en este ámbito. De la misma forma, demandamos el resguardo de las condiciones laborales mínimas, tales como facilitación de equipamiento, instrumentos e infraestructura mínima para desempeñar las respectivas labores, el pago oportuno por las labores realizadas, que en el caso de las/os trabajadoras/as a honorarios frecuentemente se realiza de forma irregular y a destiempo, generando lagunas en las remuneraciones que deben ser suplidas con fondos personales y préstamos.
Sin duda, la precarización del empleo en las áreas que comentamos afecta especialmente a las mujeres. Es imprescindible generar las condiciones para que puedan suplir las tareas de cuidado, tales como el acceso a sala cuna, más allá del tipo de contratación, pues muchas trabajadoras del conocimiento y que trabajan a honorarios no tienen asegurado su acceso, ya que la ley no se los garantiza. Además, muchas mujeres experimentan distintos tipos de violencias de género en sus espacios laborales, que frecuentemente significan la pérdida del empleo para las afectadas en caso de realizar una denuncia, ya que su condición contractual —ya sea a contrata, a plazo fijo o a honorarios— no resguarda su continuidad laboral.
Considerando que nuestro principal empleador son las universidades, demandamos que se propicien mayores incentivos para que las instituciones de educación superior ofrezcan condiciones de empleo dignas a todas/os sus trabajadoras/es. Por una parte, por medio de normativas que permitan aumentar la proporción de trabajadoras/es, docentes e investigadoras/es contratadas/os por carrera, por ejemplo, estipulando un porcentaje mínimo de contratación de planta docente en la reglamentación de pre y postgrado de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y no solo la plana directiva. Y en las universidades estatales, mediante el cumplimiento del proceso de traspaso de honorarios a contrata mandatado por la Contraloría General de la República.
En línea con lo anterior, es necesario incluir, en la reglamentación de la CNA para la acreditación de carreras, articulos que permitan implementar medidas tendientes a evitar la sobrecarga laboral de quienes se desempeñan en empleos de docencia para las carreras de pregrado, por ejemplo, estipulando un máximo de estudiantes por docente en cátedras o talleres. Tal mejora en las condiciones laborales de quienes imparten docencia en las universidades permitiría también mejorar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes.
Aspiramos a que las/os trabajadoras/es del conocimiento y la investigación y trabajadoras/es a honorarios de las Instituciones de Educación Superior podamos contar con condiciones laborales dignas y salarios dignos, equivalentes a quienes realizan las mismas labores pero con condiciones contractuales y salarios distintos. Muchas veces en una misma institución vemos desigualdades en el pago de sueldos, que lo atribuímos a que nos encontramos en un estatus laboral distinto y desmejorado.
Por último, hacemos un llamado urgente al Parlamento y al Ejecutivo a legislar para fortalecer la estabilidad laboral en las universidades, eliminando la excesiva flexibilidad contractual, y a reformar la acreditación universitaria, exigiendo un porcentaje significativo de docentes con contratos estables como indicador de desempeño. Consideramos necesario la promoción de políticas públicas que permitan la inserción de las y los trabajadoras/es del conocimiento y la investigación en espacios académicos y no académicos, con tal de mejorar sus condiciones laborales, brindándoles el valor necesario para alcanzar estándares tan mínimos como un empleo digno y estable, dejando atrás la inestabilidad y la precarización.
Directiva Asociación Nacional de Investigadoras/es en Postgrado (ANIP)
Directiva Sindicato a Honorario Universidad de Chile
