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Decretan la participación. Por Javier Agüero Águila y Rodrigo Karmy Bolton

¿Cuándo comienza y cuándo termina una participación? ¿7 de junio-7 de julio, “su” mes? ¿es realmente posible establecer una temporalidad a priori que defina los bordes, límites, umbrales que se pueden –o no– cruzar, en fin, cuando de algún tipo participación se trata? Incluso, menos es la posibilidad de establecer “iniciativa popular de norma” cuya calendarización va desde el 7 al 18 de junio (solo 11 días). La cuestión de fondo aquí es qué designa el término “participación” cuando lo decretan y en qué medida en su definición se articula una específica dimensión del tiempo (que ha sido impuesto por los vencedores), antiguo asunto subrayado ya por Aristóteles en la Etica a Nicómaco cuando el estagirita hace referencia al “prudente”. Una participación acotada, necesariamente, en un tiempo cronológico determinado que permite incluir a la “ciudadanía” (no al pueblo o los pueblos) al interior de una instancia política. Pero, quizás, justamente habría que interrogar el movimiento y tipo de inclusión que la noción de “participación” aquí presupone y que el slogan puesto en condicional “si estamos todos será de todos” suscribe: participar significa alcanzar lo que la presidenta Republicana Beatriz Hevia, en su discurso inaugural denominó el “encuentro”. Es importante el slogan si estamos todos será de todos. En su fondo pervive un chantaje: si te sustraes de participar harás fracasar el proyecto, si disientes no podremos constituirnos en esa comunidad plana y totalitaria con la que se identifica al nombre de Chile. En el fondo, harás fracasar el ensamble de la máquina mitológica portaliana: producción de “culpa” frente a los que disienten, los que se sustraen, los que no quieren saber de este fraude.

Siguiendo el discurso de Hevia, en efecto, los chilenos, deberían “encontrarse” –dicen. Y es, quizás, este significante el que vertebra el proceso y que vendrá a reemplazar el antiguo término “consenso” con el que se forjaron los 30 años. No habrá más referencia al “consenso” como término técnico, pero si al “encuentro” como nuevo dispositivo del orden por el cual se glorificarán los “acuerdos” y sus alianzas tramposas. No olvidemos, además, que el Consejo Constitucional es el dispositivo último de un poder pasteurizado en los partidos políticos y que a través de la designación indicalista y cuoteada, con-signaron a un firmamento de expertos/as; los/as que, a su vez, redactaron la proto-Constitución y que ahora estucan con rímel ciudadano y participativo cuando, sabemos, desde el momento en que se desenchufa la corriente octubrista y entramos al perfecto adagio de la restauración conservadora, la ciudadanía ya había sido lanzada a la periferia.
Se cumple así con la arcaica referencia de Portales: la ciudadanía –decía el ministro– esta llena de “vicios”, por lo cual, las “repúblicas latinoamericanas” no pueden ser regidas por los pueblos sino por un “gobierno fuerte, centralizador” tal como declara en su célebre carta a Cea de 1822.

Por otro lado, el mes de la ciudadanía decretado por un grupo de universidades liderados por las hegemónicas Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, ocurre casi al mismo tiempo en que el Consejo Constitucional escoge como presidenta a una exponente de los valores conservadores más recalcitrantes y reconocidos, pero no por eso menos efectivos. Resulta sintomático lo que la misma rúbrica señala que, ambas universidades: “(…) en colaboración con universidades acreditadas de todo el país y otras instituciones y entidades de la sociedad civil, está encargado de diseñar, implementar y sistematizar el Proceso de Participación Ciudadana con el objetivo de que la ciudadanía logre incidir en el debate constitucional”. El presupuesto es que la ciudadanía por sí sola no puede incidir. Incluso la expresión “logre incidir” deja entrever el amargo peso de la noche aquí cristalizado, la distancia, el hecho de que este es un proceso ajeno al que se intenta arrimar a una ciudadanía derrotada, simplemente, para hacer pasar por democrático un proceso anti-democrático por el cual parece ser que resulta muy difícil “incidir”.

Cabe la pregunta: ¿consideran las Universidades involucradas que el proceso en curso es “democrático”? O mas bien ¿consideran –como lo hacen algunos partidos políticos- que no quedaría más que bregar para el buen término del proceso independientemente de su modo de instalación y de sus propuestas constitucionales? Por lo mismo ¿cómo es que “el mes de la ciudadanía” puede relacionarse con la recientemente electa presidenta del órgano constituyente, representante de la ultraderecha neofascista que pretende digitarse, hoy, en tecla democrático/constitucionalista?

Algo hay de incestuoso en todo esto, qué duda cabe. Incesto urdido por el término “encuentro” utilizado por el discurso con el que Hevia inaugura al Consejo (ya no Asamblea, ya no Convención) para sustituir al operador significante que la otrora transición, despachada por la revuelta, denominaba “consenso” y donde se juega el festín del “todos”. Acuerdos transversales, consensos generales, “encuentros” al fin y al cabo para ocultar la grieta por la que se desgarra la lucha de clases, sino que se oculte y todo permanezca en un manto de profunda normalidad. Incesto entre poder económico y político, máquina circular por la que la oligarquía se potencia y constituye, así como incesto entre partidos políticos que poco a poco, han iniciado el proceso de recomposición del tradicional y único “partido portaliano”, ese de dos cabezas que articula un “encuentro” –incesto- entre el conservadurismo neoliberal y el progresismo neoliberal. Pero un “encuentro” cuya forma portaría también a la “ciudadanía” cuando la llamada Secretaría de participación ciudadana dio por decretado, estipulado y autorizado “el mes de la participación ciudadana”; como si se pudiera cronometrar la participación, datearla, disponerla como un dispositivo sensible únicamente a la normalización urgente y que es requerida ex post a que el repacto oligárquico y sus círculos proclives ya operaran, firmando el contrato en el corazón de una democracia notarial con sede en el patronazgo hacendo-neoliberal.

La idea es validar la farsa vía “participación”, soportar al engaño, restituir el poder a su lugar de origen y sin retobarse porque sería feo. Pero, además, es promover un nuevo pacto oligárquico que tenga como significante amo la noción de “encuentro” que, al pretender totalizar el espacio político, neutraliza el siempre espectral asedio de las potencias populares. Los 30 años despacharon del léxico político el término “pueblo”. En compensación utilizaron la noción de “gente” (campaña de Patricio Aylwin en 1989) o bien “ciudadanía”. “Gente” opera como un término de índole económico, así como la noción de “ciudadanía” que parece agregar simples procesos de votación.
Así, durante la transición, el “pueblo” desaparece frente “al león que dormita pero no duerme” (Pinochet, El Mercurio, 1998). Diríamos, que para el dispositivo portaliano no habría más que ciudadanía fallida, pasiva, consultiva si se quiere. Una ciudadanía que vendría a embelesar un proceso antidemocrático sin democracia, ciudadanía “adémica” si se quiere, que solo responde como población, con su obediencia frente a la violencia de la hacienda neoliberal. No es pueblo, es gente; ahora no es ni pueblo ni gente, sino ciudadanía entrenada en la subordinación y dispuesta a responder al llamado de la tropa fáctica para inseminar legitimidad forzosa a un proceso que ya arrancó sin ella. Cuando se redacte el nuevo texto volveremos a ser gente, o, quizás, ciudadanía, pero sin pueblo. Este último descansará en las sombras, hasta nuevo aviso. Pero precisamente, la pregunta con que arrancamos la columna: ¿cuándo comienza y termina una participación? –resulta fundamental: ¿quién decreta acerca del principio y el fin? El soberano.
¿Quién actúa como soberano, entonces? Justamente, quienes decretan que podemos “participar” solo durante un mes.

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