La reciente dualidad en las decisiones del gobierno chileno revela la profunda contradicción que atraviesa la política ambiental del país. Por un lado, la creación de parques nacionales marinos de gran extensión constituye un gesto simbólico y mediático que busca proyectar un compromiso ambiental progresista, pero que se limita a proteger áreas geográficas remotas y con bajo conflicto económico o social. Este tipo de medidas, aunque valiosas en términos de biodiversidad, funcionan principalmente como una carta de presentación internacional, evitando cuestionar las estructuras productivas y económicas que generan la mayor parte de los impactos ambientales.
Por otro lado, la suspensión temporal del proceso de determinación de sitios prioritarios para la biodiversidad, pilar fundamental de la Ley N° 21.600, pone en evidencia la subordinación de la política ambiental a los intereses del sector minero y otros actores económicos dominantes. Bajo el pretexto técnico de revisar miles de observaciones, esta pausa revela una estrategia política para diluir, retrasar y debilitar instrumentos esenciales para la conservación efectiva en territorios productivos y privados. Esto genera no solo un retroceso en la protección de ecosistemas vulnerables, sino también una paralización institucional que mina la credibilidad y capacidad de respuesta del Estado frente a la crisis ecológica.
Además, el Ministerio del Medio Ambiente retiró de forma abrupta 43 decretos supremos impulsados durante el gobierno anterior que estaban en proceso de revisión en la Contraloría General de la República, impidiendo que estas iniciativas entren en vigencia. Este retiro masivo afecta a un conjunto amplio de medidas ambientales que incluían reglamentos, normas y, especialmente, iniciativas de conservación de alto impacto, entre ellas la creación y ampliación de parques nacionales, reservas y figuras de protección para especies nativas.
En total, los decretos retirados contenían propuestas para establecer al menos nueve nuevas áreas protegidas, lo que representaba un avance relevante en biodiversidad y resguardo de ecosistemas. La salida del proceso de Contraloría deja estas iniciativas sin efecto en su estado actual, generando una gran incertidumbre sobre el futuro de políticas ambientales clave que estaban en etapa avanzada de implementación.
Esta medida administrativa ocurre en un contexto de cierre del gobierno anterior, cuando se impulsaron decretos relevantes en materia ambiental, incluyendo la creación y ampliación de parques marinos de gran extensión. Sin embargo, no se han entregado mayores detalles sobre las razones específicas de este retiro masivo, lo que ha abierto cuestionamientos y alertas respecto a su impacto en la protección ambiental y la continuidad de políticas públicas.
La senadora Daniella Cicardini reaccionó a este hecho exigiendo al gobierno aclarar los alcances del retiro y advirtiendo que esta medida, inédita por su magnitud, pone en riesgo directo instrumentos de protección ambiental trabajados durante años, especialmente para ecosistemas clave en la Región de Atacama. Entre los decretos afectados están normas críticas para la calidad ambiental de la cuenca del Río Huasco, la creación de parques nacionales Salar de Gorbea y Lagunas Bravas, la reserva nacional Salar de Pedernales, y la declaratoria de Monumento Natural para el pingüino de Humboldt.
Lo anterior evidencia un cambio de rumbo que amenaza con debilitar la institucionalidad ambiental y priorizar intereses económicos sobre la protección del patrimonio natural.
PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y COMPROMISO DE CHILE
A nivel global, países como Costa Rica, Nueva Zelanda, Noruega y Alemania han avanzado significativamente en conservación de biodiversidad, combinando la protección de ecosistemas con innovación científica y tecnológica. Estos países han logrado integrar políticas ambientales con desarrollo económico, reconociendo que la preservación de la biodiversidad es un motor de investigación, innovación y sostenibilidad.
Chile, por su parte, ha suscrito y participado activamente en acuerdos internacionales clave, entre ellos:
Acuerdo de París (2015), comprometiéndose a reducir emisiones y adaptarse al cambio climático.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1993), para proteger especies, ecosistemas y diversidad genética.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992), incluyendo la presentación de inventarios de emisiones y estrategias de mitigación.
Acuerdo de Escazú (2022), garantizando acceso a información ambiental, participación pública y justicia ambiental.
Estos compromisos reflejan la posición de Chile como país que reconoce la conservación y biodiversidad no solo como un deber ambiental, sino como parte integral del desarrollo científico, tecnológico y económico sostenible.
La biodiversidad y los ecosistemas no solo son patrimonio natural, sino también infraestructura estratégica para el desarrollo científico y tecnológico, vinculada a la generación de conocimiento, innovación y oportunidades económicas sustentables. Retrocesos como los que implican la suspensión y retiro de decretos no solo afectan la conservación inmediata, sino que también comprometen la posición de Chile frente a los líderes mundiales en sostenibilidad y el potencial de desarrollo científico del país.
Dra. Ingrid Garcés M.
