Luego de las elecciones del año 2021 y con la segunda vuelta instalada, en esa época se configuraba un país en el cual un análisis simple hacía presumir percepciones respecto a lo que se vive en la actualidad, no se trata de los actos delictivos sino a componentes del espectro político, es la sensación inevitable y con una carga heredada de gobiernos anteriores, caer en la administración del modelo del cual está la noción clara de su proveniencia y sobre el cual se pone una aureola de un respeto irrestricto a las instituciones que lo hicieron posible.
Desde otra mirada, las transformaciones profundas que se pretenden en un momento determinado pasan a no ser factibles si no son antecedidas por un proceso previo de un tiempo no menor que involucre por años un trabajo de la mano con la ciudadanía, saliendo a la calle a demandar cuestiones claras, obtener triunfos sustanciales desde las demandas justas y razonadas, lo cual lleva a tener un camino avanzado y la conciencia del cambio debidamente internalizada. Si en algún momento no se toma en cuenta la práctica de la participación de muchos y muchas, seguiremos marcando el paso y como advertencia, no hay nada sin un proyecto claro, sólido y duradero, no conversado entre cuatro paredes sino fruto de una amplia convocatoria de diálogo, con personas de una misma sensibilidad social en la teoría, la práctica y la consecuencia.
Es mal signo cuando alrededor del objetivo supuesto del cambiar, se constituyen alianzas con quienes ya han gobernado y nunca desarrollaron acciones de modificaciones sociales y estructurales, aunque hubiera sido en un accionar paso a paso. Esto es desecharse de algunos, para darles cabida a quienes no lo merecen, y dejando que las cosas se manejen entre palacio y parlamento a un estilo de élite.
Octubre de 2019, aunque haya detractores de su ocurrencia, fue un momento en que marcó un punto de máxima tensión por la omisión extensa de cambios sociales y estructurales, en materia de educación, salud y previsión. Fue un período en que hubo un pasar de cuenta histórico, inserto en la lógica, de si un modelo es implantado con extrema violencia y permanece en el tiempo, no se puede esperar que con la ausencia del cambio profundo y paulatino, tengan una respuesta no tensionada, es imposible que el efecto de las huellas que deja la violencia logre decantar, la única vía habría sido olvidar, pero ello es imposible es parte de lo latente.
Fue un estallido de cuestionamiento significativo a la clase política, aunque parte de ésta haya sentido que lo hacía muy bien, la zona de privilegio no deja ver la realidad y se vuelve latente una reacción predecible, queda instalado un tema no cerrado que puede rebrotar.
Todo ocurría muy rápido y parte del mundo político alejado de los lugares donde se expresaban las demandas sociales, buscaban la vara mágica inducidos por la derecha con una acción planeada con tiempo, al estilo de una estrategia muy bien elaborada, en que bajo ciertas circunstancias tenía que generarse la propuesta de iniciar un proceso constituyente, rodeado de una forma muy enrarecida y que motivó análisis profundos hace algunos años, que contribuyen a validar esta hipótesis.
Así, luego de algunas volteretas, la Constitución del 80 sigue vigente a plenitud y todos ganaron. Por el lado de las desconfianzas, esto compromete a instituciones con una clara inclinación política que son las ramas de las fuerzas armadas y de orden del país, que el 11 de septiembre del 73 demostraron una inclinación muy definida y nunca han dejado de ser algo distinto. Se levantan como merecedoras del financiamiento estatal, y desde la cúpula con su estructura férreamente jerárquica, siempre son el puntal de un sector político y garantes de la protección al poder económico que se hace representante de los intereses de la “patria”. Es oportuno decir, que la representación de estas palabras sólo muestra un período limitado de la historia, pero en rigor se trata de un accionar a lo largo de un tiempo mucho mayor. Sin levantar ninguna hipótesis sobre hechos recientes, los comportamientos y actitudes, dejan abiertas múltiples aristas tanto en el caso de alguien al cual se le extiende el plazo de su formalización, como el proceder inhumano de este tipo de instituciones formadas para disparar y la consecuencia de herir o matar. Un tema que la autoridad no ha podido o no ha querido resolver, optan por llamarlas nuestras fuerzas armadas o nuestras fuerzas de orden según corresponda, en el ejercicio del gobierno se hace caso omiso a que se trata de organizaciones que llevan instalada una doctrina con alto nivel de sesgo y extrañamente son tratadas con niveles altos de prudencia y rendición de pleitesías. Por último, en la realidad actual, hay una situación preocupante, la actitud de ir en defensa a las ISAPRES, que se aprecia como una intromisión en una situación netamente de la práctica de negocios de un particular y con alta probabilidad de una cadena de comercio diversificada de la estructura económica del país.
La Corte Suprema, representante del poder judicial emite un fallo y obliga a las ISAPRES a efectuar una devolución a sus clientes. Aparecen de esta forma dos partes controversiales, el cliente de la ISAPRE y la ISAPRE como prestadora de servicio, lo que da lugar a que el cliente esté en condiciones de exigir el pago que le corresponda.
De lo anterior, se instala una situación que en rigor debe ser materia de resolver entre los clientes y la institución de salud con la cual tienen firmado su contrato. De esta forma se identifican los reales protagonistas, que deben estar alertas del cumplimiento de los pagos y, el poder judicial que debe exigir la ejecutoriedad del fallo, sumando el rol que pueda tener la Superintendencia de Salud, sin agregar a terceros.
Es de suponer que una institución de salud cuenta con todo un equipo jurídico, el cual, al efectuar un recuento por un tiempo, pudiera determinar el momento exacto en que la acción interna respecto a la interpretación de la ley, y por ende un cobro incorrecto, es concluyente que se actuaba con total discernimiento respecto a lo que estaba ocurriendo y lo que vendría a futuro. Luego viene otro momento contradictorio, en más de alguna ocasión se ha mencionado que los poderes del estado deben actuar de manera independiente entre sí, lo cual implica el uno no interfiere en lo resuelto por el otro, excepto cuando un trámite puede determinar la existencia legal de la posibilidad de veto presidencial o algún pronunciamiento del tribunal constitucional, pero no es el caso.
Entonces ¿qué hace el parlamento y el ejecutivo, interponiéndose en un fallo judicial? ¿se ha convocado de manera oficial a consulta a los clientes de las ISAPRES? Así lo único que se visualiza es una operación de salvataje, como ha pasado en otras situaciones, de manera diferente, pero con denominador común de ir a la defensa de institucionalidades que, desde hace tiempo, ya no deberían existir.
Al final pareciera ser que hemos convivido a lo largo de años con niveles de desconfianzas crecientes a las cuales no se les da importancia, la rutina funciona así y la lógica del modelo sigue imponiéndose, debemos aceptar que hay materias en las cuales Chile no se mueve un milímetro. Con todo lo dicho ¿será llevadero en el país un proceso de transformaciones?, o deberemos seguir en la senda de “en la medida de lo posible”.
