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Del chantaje a la construcción política. Por Carlos López Dawson

SUPERAR LO IRRISORIO

Los ministros bajo la actual constitución política, son de confianza del Presidente de la República, de manera que resulta fuera de toda norma que un ciudadano pida a un Ministro que renuncie, teniendo además, los diputados, como mecanismo institucional la acusación constitucional.

Cuando un partido o una persona exige la renuncia de una autoridad que es de confianza de otra autoridad, como es el caso de los Ministros, solo queda de manifiesto que se trata de una maniobra publicitaria, que desquicia el orden jurídico y la comunicación política. El chantaje político nunca ha sido una buena estrategia política porque al final todo vuelve a su punto de partida y se transforma en un boomerang. Ese tipo de acciones convierte la política en una lucha anárquica que destroza el debate y que solo terminara en un progresivo ambiente de violencia que no beneficiara a nadie.

Ya la doctrina política ha señalado que cuando se aceptan chantajes se corrompe la política., Maquiavelo piensa que en tal caso quien es chantajeado solo debe atenerse a la ley de lo contrario aceptara la corrupción de la política. Además, para realizar exigencias éticas o de responsabilidad ética es necesario, por un principio de coherencia, tener autoridad moral para ello y todo indica que no hay tal, sin necesidad de recordarlo. El país necesita estabilidad y sobre todo lograr que la situación de los ciudadanos sea mejor, que se logre distribuir la riqueza, se reconozcan los derechos sociales y económicos de todos. Lamentablemente hace tiempo que se practica la guerrilla política lo que impide y convierte la actividad de todos los actores políticos en irrisoria, un riesgo para la democracia debido al desprestigio de la política. Y si alguien lo practicó antes, la venganza no es la mejor manera de hacer política.

EL LENGUAJE Y LAS RESPONSABILIDADES

Los parlamentarios han sido elegidos para legislar, ello significa que deben estudiar los proyectos para decidir informados. Sabemos que estudiar toma su tiempo de manera que a los parlamentarios se les paga para dedicar su tiempo al estudio de los proyectos legislativos. Sin embargo, desee hace tiempo vemos que los parlamentarios se dedican a dar conferencias de prensa, asistir a programas de farándulas y dar opiniones a toda hora, yendo más allá del rol fiscalizador que tienen como cuerpo legislativo. La imputación de delitos a un Ministro sin fundamento, es un delito de injuria que el injuriado, el Ministro, podría perseguir penalmente. Pero, esta manera de hacer política deja la impresión que el nivel cultural de la población es pobre, o es lo que creen los que usan ese tipo de argumentación para atacar políticamente. La chimuchina política cansa y es improductiva. Esto demuestra que hace falta una democracia participativa como la que proponía el proyecto constitucional de la Convención Constitucional penosamente rechazado.

RECUPERAR LA SOBERANÍA

Como consta en los anales de historia nunca ha funcionado en Chile una verdadera asamblea constituyente. Los llamados que hizo la resistencia al dictador Pinochet no logro ser retomada en la transición que inició la Concertación de Partidos Por la Democracia, por lo que aún existe un debate sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Por ello, grupos de ciudadanos sin representación parlamentaria siguen proponiéndola para que culmine con una nueva Carta Magna efectivamente democrática. La vigencia de esta convocatoria se retoma ante el fracaso evidente del proceso constitucional actual, donde grupos políticos conservadores tratan de imponer un tipo de constitución que no es democrática y que encierra valores anticuados o ajenos a la historia del país, y que no respetan los derechos de las personas.

El proceso constitucional actual se ve afectado por ciertas posiciones dogmáticas que impiden aprobarla. En efecto, sus propuestas se alejan de los conceptos modernos de democracia participativa. La teoría y filosofía política reconocen como distintivos de un estado republicano las siguientes características: 1. La soberanía reside en el pueblo. 2. El gobierno acepta la división tripartita de poderes (Ejecutivo, Legislativo y judicial) . 3. Los ciudadanos gozan de igualdad ante la ley. 4. Los gobernantes ejercen su poder elegidos por el pueblo, y por un período de tiempo limitado. 5. Los gobernantes son responsables de su actuación ante el pueblo soberano. 6. Los actos de gobierno son públicos. 7. Se basa en el imperio de la ley, que debe regir la actuación de gobernantes y gobernados. 8. Quien detenta el Poder Ejecutivo es un Presidente u otro cargo equivalente, pero no un Rey o un dictador. Estos principios elementales que todos pueden consultar en cualquier texto de filosofía o de ciencia política y en internet, están ausentes de manera integradora en las propuestas conservadoras que ahora se debaten. Varios columnistas de diferentes medios de circulación nacional ya han advertido sobre este riesgo.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La ausencia de mecanismos democráticos de fondo, no meramente formales, constituye un retroceso constitucional para el país, es la otra cara de la cultura nacional. El empeño por mantener reducido el poder a pequeños grupos dominados por una oligarquía además inculta y depredadora solo servirá para agudizar las tensiones políticas y crear un abismo entre ese grupito y el resto de la ciudadanía. Y sabemos a qué conduce.

En ciencia política se registran propuestas muy interesantes sobre participación democrática. La Convención Constitucional recogió algunas de ellas, se estableció el derecho de la ciudadanía a participar de manera incidente o vinculante en asuntos de interés público, abriéndose de este modo a contar tanto con mecanismos de iniciativa ciudadana como también activadas por las autoridades representativas. Examinaremos brevemente algunas de ellas:

●Iniciativa popular de ley: indicaba que un grupo de la ciudadanía habilitado para votar y que representaran el 3 por ciento del padrón electoral (al día de hoy, 450 mil firmas aproximadamente) podría presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Este mecanismo no es vinculante, pero permite a la ciudadanía colocar en la agenda legislativa los temas que proponga.

●Iniciativa de derogación de norma: se trataba de un mecanismo mediante el cual un grupo de personas habilitadas para sufragar y equivalente al 5 por ciento del padrón electoral (760 mil firmas al día de hoy aproximadamente) podría presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante un referéndum nacional. No serían admisibles las iniciativas sobre materias relacionadas con tributos ni con la administración presupuestaria del Estado.

●Referéndum: se estipulaba que el o la Presidenta de la República convocaría a referéndum ratificatorio de reformas constitucionales que han sido aprobadas por el Poder Legislativo en temas que alteren sustancialmente el régimen político, período presidencial, diseño del Poder Legislativo y duración del mandato de sus integrantes, forma de Estado Regional, principios y derechos fundamentales, además del capítulo sobre reforma y reemplazo de la Constitución. En caso de que estas reformas fuesen aprobadas por 2/3 de ambas cámaras, no se requerirá la convocatoria a referéndum.

●Se proponía establecer Asambleas sociales regionales y comunales con el fin de promover una participación ciudadana incidente.

●Audiencias públicas: en los órganos representativos de nivel nacional, regional y local deberían realizar audiencias públicas, de acuerdo con el modo en que establezca una ley.

●Iniciativa popular de reemplazo de la Constitución: se establecía la posibilidad de que pueda convocarse a un referéndum para reemplazar la Constitución vigente a propuesta de un grupo de la ciudadanía, reuniendo para la convocatoria un número de firmas correspondiente al 25 por ciento del padrón electoral (3,8 millones aproximadamente al día de hoy). El mecanismo incluía que este referéndum también pueda ser solicitado por el Presidente o Presidenta de la República con el apoyo de 3/5 partes del Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMOCRACIA

La Constitución vigente solo reconoce la democracia representativa, que denominare formal por cuanto los ciudadanos solo pueden elegir a un representante cada cierto tiempo, pero no pueden pedirle que rinda cuenta. En su artículo 4º, dispone que “Chile es una república democrática”., luego el articulo 5º Establece que la soberanía reside esencialmente en la nación. Luego esa misma disposición incorpora en el ordenamiento jurídico los instrumentos internacionales vigentes y entre ellos están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos XX, XXIV, XXXII y XXXIV; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23. En el mismo sentido, otros tratados aluden a la participación democrática formal, así: la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, artículos 7 y 14 (2. a); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, artículo 5, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,

El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) es un mecanismo de participación ciudadana creado por la Ley 20.500 en Chile. Está compuesto por representantes de organizaciones sin fines de lucro y tiene un carácter consultivo. Los COSOC buscan incidir en la toma de decisiones sobre la generación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Su aceptación por las propias autoridades no ha sido buena, solo el 63% de los COSOC de los 345 municipios fueron creados No tienen facultades impositivas, sus acuerdos no son vinculantes y sus propuestas muchas veces no llegan a ninguna parte.

EDUCACIÓN POLÍTICA UNIVERSAL

El ambiente político se ha puesto tan desagradable que terminara afectando la convivencia y la siquis de las personas. Además, la resistencia tan enérgica a los cambios agudiza las tensiones sociales y, más allá de los votos, la gente dañada por tanta intransigencia explota. Las encuestas demuestran que la adhesión a los partidos políticos es muy baja y que la mayoría de los ciudadanos los desaprueban. Entretanto ciertos medios masivos siguen tratando el tema de la seguridad solo desde una perspectiva del escándalo, aumentando el sentimiento de inseguridad en la población y, al mismo tiempo se ocultan los informes de la Naciones Unidas y de las Universidades sobre cómo debe enfrentarse realmente el problema de la seguridad humana. Todo este panorama nos exige estudiarlo con seriedad, adoptar medidas de seguridad y principalmente entregar mejor educación a la población, educándola políticamente, no adoctrinarla, sino entregarles los elementos para que puedan decidir racionalmente y organizarse en comunidad contra la delincuencia y el abuso, reafirmando los valores de la fraternidad, la cooperación, la ética y la igualdad.

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