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Del desalojo al despelote, el riesgo de los operadores de la derecha en el Estado. Por Raúl López Muñoz

“Nos preparamos para gobernar 8 o 12 años”, fueron las declaraciones de intenciones con las cuales el gobierno de Piñera se preparaba para dar a Chile -tiempos mejores-. Conviene, hoy, revisar estas declaraciones rimbombantes de la UDI por las implicancias que pueden tener para el gobierno de Boric https://www.fjguzman.cl/fjg-la-receta-para-gobernar-8-o-12-anos/

La historia no siempre sigue el curso de quienes la planifican, el segundo gobierno de Sebastián Piñera califica para ser el peor de la historia reciente.

Esto refuerza la evidencia que indica a gobiernos de megalómanos y narcisistas como un riesgo para la justicia y libertad. Afortunadamente, la transición de este gobierno catastrófico es hasta ahora pacífica e institucional, donde políticos novatos, millenials y jóvenes buena onda se preparan para ingresar al ejecutivo y cambiar el rumbo de Chile. Para ello, además de las buenas intenciones, su activa vida en redes sociales y un ego bastante alto, el gobierno de Boric debe considerar cuidadosamente la estructura del Estado profundo, aquel conformado por los burócratas y mandos medios del nivel central y de las regiones que deja el gobierno de Piñera. Este grupo de personas ha sido incorporado estratégicamente por la derecha para gobernar y no dejar nunca el poder. Recuerde que anteriormente el político retirado Andrés Allamand planteó el “desalojo” y no sería raro que esta vez, que la respuesta sea por el “despelote”.

La derecha retrógrada y autoritaria logró incorporar al Estado, en 8 años que gobernó, un considerable número de empleados públicos que, sin duda, no comparten los valores y objetivos y del gobierno de Boric, y que son sin duda un riesgo para la agenda transformadora que comienza el 11 de marzo.

Durante estos años, la derecha, ha utilizado estos cargos para construir una red difícil de modificar a la hora de buscar cambios profundos para el país. Esta red está constituida por los cargos de Alta Dirección Pública (ADP) y un amplio número de cargos provistos por concursos públicos manipulados para correligionarios. Para el caso de los cargos ADP la incorporación ha sido cuidadosamente provista para que se cumplan el término del primer periodo de tres años, antes del fin del gobierno de Piñera. De esta forma, el nuevo gobierno deberá indemnizar a cada uno de estos funcionarios por el tiempo restante (3 años más) o los deberá mantener, apostado a la presunción sobre ellos respecto a que tienen vocación de servidores públicos. El segundo grupo de correligionarios ingresados por concursos públicos de dudosa legitimidad, son parte de los costos permanentes y no hay mucho que hacer por ellos.

Sin embargo, la primera y segunda línea de alta dirección pública no debe ser integrada por personas con alto compromiso político con una tendencia derrotada. Por decencia deberían renunciar, asumiendo que el gobierno por el cual llegaron al fisco fue ampliamente derrotado en las urnas verificando que la ciudadanía no los quiere en el ejecutivo. De no hacerlo, la solución es la destitución masiva de los cargos ADP, dado que es económicamente eficiente, gastar en indemnización por una vez, que mantener profesionales que buscan “atrofiar” el músculo del cambio social que impulsa el nuevo gobierno y que puede tener un costo monetario y político muy superior al dinero que involucra sus eventuales destituciones.

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