En el último mes, tuvimos la posibilidad vivir el auge de una pandemia, Chile, víctima de una grave negligencia que marcó la calidad de vida de todo un pueblo. Ello, porque el 3 de marzo del 2020 fue detectado el primer caso oficial de Covid-19, presentándose el hecho como algo sin mayores complicaciones para el país. Acto seguido el gobierno señaló que era un virus controlable, promoviendo un retorno seguro al trabajo y las aulas de clases. Chile, ese mismo día cayó en coma. Despertamos después de 60 días con 40.000 contagiados, con un gran colapso hospitalario, y con la imperiosa necesidad de recibir rehabilitación, la que, actualmente es negada para las personas más vulnerable.
Lo anterior, pone de manifiesto las falencias de nuestro régimen de salud, el cual fue instaurado en dictadura específicamente en 1981, cuando por decreto ley se inventan las instituciones de salud previsional (ISAPRES transformado estructuralmente el sistema de salud pública).[1] Dicha metamorfosis implica, en términos sintéticos, la profundización de dos conceptos: la libertad de elección (en cuanto al sistema de salud) y el carácter subsidiario del Estado. Esta alternativa fue mantenida en “los gobiernos democráticos”, lo que implicó en definitiva la mercantilización de la salud, al igual como se hizo con derechos tan fundamentales como la educación. Uno de los indicadores de esto es que actualmente nuestro país, sea el miembro de la OCDE, que menos invierte en salud: del total del PIB, Chile sólo gasta el 3,5% real de su producto, un gasto paupérrimo para lo que recomienda la OMS (alrededor del 6%). [2]
La nula alteración de las lógicas que estructuran el sistema de salud pública en Chile se vincula directamente con los principios que el Estado neoliberal busca aplicar respecto a los derechos humanos, los cuales se traducen en menor intervención y cautela del Estado. En este sentido el artículo 19N°9 de la Constitución Política es una aberración total[3] que no asegura los derechos, pues los únicos que podrían ejercer tal prerrogativa son las personas más adineradas o de mejores ingresos, quedando a los más pobres el desmejorado sistema público de salud. Los magnánimos beneficiados de este gobierno son las Isapres, ya que lucran con el medio, sus arcas son ensanchadas por el dinero de los cotizantes y del fisco, sin embargo, su cobertura solo alcanza para aquellos que “son dignos” de proteger, segregando a los más necesitados.
PROPUESTAS PARA UN NUEVO SISTEMA DE SALUD PÚBLICO.
Es posible señalar que, para terminar con este sistema de salud injusto, discriminador y que no cumple con la labor esencial de prevenir, cuidar y proteger, se debe cambiar la esencia de su concepción. No ver la salud “como un derecho a elegir un régimen” sino que estimarla como un derecho humano, donde el Estado cumpla una labor primordial para resguardar y custodiar. [4]
En este contexto, lo primero que se debe realizar es cambiar nuestra Constitución, ya que esta no asegura ni promueve derechos. Al contrario, los países que siguen principios protectores de la salud, lo conciben como derecho universal, asegurando a todo el pueblo igual acceso, en todos los niveles, con mejores hospitales públicos, mas especialista, excelente acceso a medicamentos, optimas políticas para la salud primaria, de prevención y rehabilitación., etc.
Así mismo, se deben eliminar las Isapres como participes de otorgamiento de cobertura, pues estas nacen de un principio infausto que no ampara el derecho universal a la salud, hablo del lucro. En este paradigma, el Estado debe aumentar su inversión en Salud,[5] alcanzado los niveles recomendados por la OMS, es decir 6% y más del PIB. Por ello, se hace imprescindible una reforma tributaria, la cual recaude los recursos para implmentar y resguardar este derecho. Sin embargo, la actual trasformación a los impuestos, que pronto será ley, no logrará dar curso a un nuevo sistema de sanidad, ya que este financiará el cambio a la educación, por lo cual no se podrá terminar con la injusticia.
De igual modo, sí se piensa en una reforma al nuestro actual sistema de salud, es fundamental la democratización de la política pública ya sea médicos, enfermeros, auxiliares, etc., todos de alguna manera son actores claves y a los cuales se debe escuchar con el objeto de mejorar las condiciones actuales.
Para no sufrir, es sumamente necesario que la ciudadanía y las autoridades políticas defiendan y preserven el derecho a la salud, viendo a este no como una mercancía que se negocia, si no percibiéndola como parte de la esencia misma del ser humano, un amparo fundamental que el Estado debe comenzar y adoptar. Esto se consigue cambiando la Constitución, creando una carta magna que vea a la Salud como un derecho (derecho universal para todos)
Como ya dije y para no olvidar, debe aumentarse el gasto público en este ítem, pero no cualquier gastos (como el de hoy que acrecienta las ganancias de las Isapres) pues este debe ir enfocado a las clases más desprotegida, asegurando su acceso digno y de buena atención, construyendo mejores y más hospitales, aumentando los especialista en los sanatorios públicos en todas sus etapas, mejorando las remuneraciones de los trabajadores, pilares en este compromiso, asegurando en el caso de Christian y de cualquier persona con discapacidad cobertura a la rehabilitación, física y psíquica, aumentando y mejorando centros de rehabilitación, disminuyendo el gasto en las fuerzas armadas, ya que la guerra que el Estado Chileno debe ganar es la de la pobreza, desigualdad e injusticia, y no esas falsas contiendas. Terminemos con el carácter de Estado Subsidiario, para que nuestra gente no dependa de la caridad de instituciones privadas. Más y mejor Estado.
Por una salud pública de verdad, asamblea Constituyente, nueva Constitución.
MIGUEL YÁÑEZ LAGOS
ABOGADO DD.HH.
Notas:
[1] Las Isapres se crearon por D.L N°1 de 1981, en virtud del cual privados, reemplazan al Estado en el otorgamiento de prestación de salud.
[3] 19N°9: La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la protección de salud “cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”
[4] Según la Observación general, el derecho a la salud abarca cuatro elementos:
1. Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.
Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
no discriminación;
accesibilidad física;
accesibilidad económica (asequibilidad);
acceso a la información.
2. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida.
3. Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.
Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los Estados Parte tres tipos de obligaciones:
· Respetar. Significa simplemente no ingerir en el disfrute del derecho a la salud (“no perjudicar”).
· Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no estatales) interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo, regulando la actividad de los actores no estatales).
· Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).
