El 11 de abril elegiremos a quienes redactarán nuestra nueva Constitución, por lo que esperamos escuchar las propuestas de candidatas y candidatos a constituyentes. Con ello podremos votar informadamente por quienes creamos puedan decidir el rumbo que tomará Chile en las próximas décadas. Sobre ello, cabe recordar la reciente frase del presidente Piñera: “en democracia hay que saber respetar la decisión libre y soberana de la gente, y también las reglas del juego de la República”. Esto último es, en definitiva, lo que se busca cambiar para superar una sociedad encadenada por una carta fundamental ideologizada y esquiva a la materialización del poder de la ciudadanía. Dentro de los temas que deben ser propuestos, discutidos y claramente comprometidos por candidatas y candidatos a constituyentes, pero que no han sido visibilizados mayormente en el debate público, se encuentra el tema de nuestros derechos políticos. La materialización periódica de estos derechos puede gravitar enormemente en nuestras vidas ( piénsese como seres vivos en totalidad), porque permitirán decidir directamente temas de interés público a la ciudadanía, sujeto a la extensión y profundidad que permitan “las reglas del juego” de la nueva carta fundamental.
En general, nuestros derechos políticos pueden ser definidos como la materialización del “poder” para tomar las decisiones públicas. En este sentido, el “poder” debe ser entendido como la capacidad de elegir libremente en asuntos públicos, pero también como la fuerza con la cual se materializan nuestras preferencias. La posibilidad de contar con ambos en la nueva Carta Fundamental, determinarán en parte, el tipo de desarrollo al cual podemos aspirar. ¿Por qué? La respuesta es simple y directa, hoy no decidimos directamente los temas públicos relevantes que inciden en nuestro bienestar, sino que le entregamos esa responsabilidad al ejecutivo y al parlamento. Ellos asumen la función de definir y decidir qué tipo, cantidad y calidad de iniciativas públicas se concretan en el país. Esta forma de gobierno, se ha debilitado, llegando a un bajísimo nivel de confianza de la ciudadanía hacia el actual mecanismo de representación. Por tanto, los futuros constituyentes deberían pensar, proponer y explicar claramente como trazarán y construirán una nueva forma de representación del poder de la ciudadanía. Este poder se concreta en la amplitud y profundidad de los poderes políticos de cada sociedad organizada. Por ejemplo, en un gobierno dictatorial, ellos son mínimos y solo las elites deciden, por lo que no existen los derechos políticos en la práctica. Por otro lado, existen, sociedades donde el poder político se consuma con el voto directo, desde las decisiones de los gobiernos locales, hasta las actuaciones del gobierno nacional. El ejemplo recurrente de este tipo de sociedad es Suiza, donde las ciudadanas y los ciudadanos deciden, comenzando con las decisiones presupuestarias de un cantón (especie de comuna) hasta, por ejemplo, el gasto en defensa nacional (última votación 2020 sobre compra de aviones de combate para la OTAN). Por tanto, es posible pensar, que el bienestar de las naciones se relaciona con la forma y alcance en la cual se concretan los derechos políticos de sus ciudadanos.
Para Chile, la ampliación de los derechos políticos, permitiría cambiar la forma en que se determinan las decisiones relevantes, permitiendo que la ciudadanía (desde grupos de vecinos, partidos políticos o individuos unidos por iniciativas temporales) y los representantes políticos (legisladores y administradores fiscales) se alineen en un proceso inclusivo, consensuado y con sentido de pertenencia. La evidencia está en los hechos recientes, una representación elitista, alejada del sentido común, ha generado una sociedad inequitativa, con graves problemas ambientales y una cuestionada institucionalidad, que ha devenido en actos violentos y que deben ser comprendidos, como la manifestación de la falta de representatividad en la esfera de decisiones públicas. Por tanto, el llamado es a crear una nueva carta fundamental, donde se ejerza la esquiva y secuestrada “democracia directa”, por medio de nuevos y mayores derechos políticos: votar, ser votada(o) y decidir directamente temas de interés público. Candidatas y candidatos a la convención constituyente, ¡tienen la palabra!, porque en el próximo mes de abril, la ciudadanía tendrá el voto.
