“Todas las facultades humanas forman un sistema, en que no puede haber regularidad y armonía sin el concurso de cada una. No se puede paralizar una fibra (permítaseme decirlo así), una sola fibra del alma, sin que todas las otras enfermen”. Así sentenciaba Andrés Bello, en su discurso inaugural de la Universidad de Chile, como primera universidad pública de nuestro país recientemente independizado, el 17 de septiembre de 1843. Sus palabras hacen gran eco en días como estos, donde de cordillera a mar nos jugamos una posibilidad decisiva —acaso la más determinante que hayamos tenido en la historia— de democratizar efectivamente el espacio público. Abandonar la huella de la dictadura, y avanzar en la construcción de nuestra propia historia, una historia de la que todos y todas seamos parte. En esta tarea, indudablemente, es clave el rol de las universidades.
La Universidad de Chile en particular, desde los inicios de la República, ha estado a la vanguardia en el avance democrático de nuestra sociedad. Si bien aún no es efectivo un plebiscito que exprese un transversal apoyo a la propuesta constitucional, la universidad ha mostrado en distintas instancias su compromiso con el proceso constituyente desde el día uno. Y es que parece ser que como casas de estudios estatales entendemos la profundidad de las desigualdades en nuestro país y la necesidad de avanzar a un nuevo pacto social. Pero ¿qué hay de la democracia al interior de las universidades del Estado, y en particular, al interior de la Universidad de Chile? ¿Qué hay de la construcción de una comunidad educativa de la que todos formemos parte? ¿Qué hay de un proyecto común donde todas las voces puedan dialogar en pos de un mismo objetivo?
Lo anterior es todavía una promesa por cumplir. Si bien como institución ha ido por delante de otras universidades en lo que a democratización refiere —contamos con un inédito Senado Universitario desde el año 2006 hasta la fecha— aún hay en su seno desigualdades que impiden una correcta armonía entre todas sus partes y estamentos. Hay situaciones que, a la luz del progreso del resto de la sociedad, son inaceptables. No es aceptable que, en nuestra institución, la amplia mayoría de sus funcionarios trabajen a contrata y no sean trabajadores de planta, pues genera incertidumbre y dificultad en cientos de familias. No es aceptable tampoco que existan desigualdades mayúsculas en la cantidad de académicos en relación con la de académicas; ni en lo que refiere a la desigualdad entre sus sueldos. Cuestión que se repite —por cierto— si no en todas, en la gran mayoría de las casas de estudio dependientes del Estado chileno.
No puede ser tampoco que al interior del Senado Universitario, órgano a cargo de la función normativa de la universidad, exista una brecha tan abismal entre la posibilidad de participación de académicos (27 cupos) versus la de estudiantes (7) y la de funcionarios (2). No es razonable que como estudiantes y funcionarios no tengamos voto en nuestros propios consejos de facultad, y tampoco que no tengamos poder de decisión sobre quien regirá nuestra casa de estudios —lo cual dista incluso de la realidad universitaria anterior a la dictadura—. Y yendo más lejos, es lamentable que ninguna otra casa de estudios tenga este inicio de democracia interna en su estructura.
Todo esto nos conduce a las antiguas reflexiones de quien fuera primer rector de nuestra universidad, palabras que me permito parafrasear: no es posible vivir en armonía, si alguna o algunas de las partes de una comunidad no tienen acceso a los mismos términos que gozan las demás. Para que la Universidad de Chile sea de Chile efectivamente, siendo un sustantivo aporte a la solución de sus dolores y urgencias, antes debe ser primero, de modo verdadero, una universidad de todos sus trabajadores y también de sus estudiantes. Ese es un desafío aún sin resolver, el cual debemos enfrentar de manera colaborativa y con la altura de miras que la discusión merece.
En medio de un relevante proceso de cambios políticos e institucionales a nivel país, la Universidad de Chile y el resto de las universidades públicas no pueden quedarse atrás. ¡Deben ser las primeras en levantar la bandera de la democracia y postular los valores que darán color al Nuevo Chile que tanto deseamos!
