Los procesos de crisis social y refundación política que estamos viviendo en nuestro país se producen en el contexto de una crisis de representatividad y de baja participación ciudadana que se arrastra hace más de dos décadas. La profunda desconexión de las autoridades políticas con la ciudadanía, es anterior a la revuelta social y expresa el agotamiento de la forma representativa extrema de democracia que produjo la transición. El proceso constituyente tiene ante sí el desafío no solo de abrir canales institucionales para resolver las demandas económicas urgentes del pueblo de Chile, sino que además debe plantearse el desafío de reconstruir el nexo entre sociedad y política, que para nosotres significa: ampliar la democracia.
Al respecto, nuestra democracia carece de mecanismos efectivos de participación ciudadana, propio de nuestro modelo de transición pactada, cuyo objetivo principal fue la neutralización de la política y de las organizaciones sociales. Lamentablemente, durante los últimos 30 años esta situación se ha mantenido y los distintos gobiernos no han implementado mecanismos de participación y decisión ciudadana más allá del fracaso de los consejos consultivos. El mismo fenómeno también afecta a los gobiernos locales, en específico a las distintas Municipalidades en las cuales la participación ciudadana aparece exclusivamente para las elecciones. La ausencia de mecanismos de decisión y control de la ciudadanía, ha fomentado el clientelismo, la corrupción y la cooptación empresarial de la política.
El proceso constituyente abre la puerta para entregarle un protagonismo histórico a la ciudadanía, a nosotres, el pueblo generador del cambio constituyente. Enfrentar la discriminación y exclusión de diversos grupos de la sociedad es un elemento fundamental en esta encrucijada emancipatoria. Todes quienes hemos sido excluides de esta democracia patriarcal, racista y xenófoba sabemos que los cambios sólo se producen cuando participamos directamente en la toma de decisión. Por lo mismo, la nueva Constitución debe consagrar formas de participación efectiva y directa de los distintos grupos excluidos de la sociedad en las decisiones que les afectan, a través del reconocimiento y fomento de sus organizaciones, la formación de consejos resolutivos en materias como orden público, políticas medioambientales, salud y educación con participación ciudadana vinculante, la instauración de la paridad de género en todo el aparato público y el uso de cuotas para asegurar la participación de la enorme heterogeneidad que existe en nuestra sociedad.
Ningún sistema democrático que pretenda jactarse de ser tal, puede perpetuar la lógica de exclusión de ciertos grupos de la población en base a criterios neutralizadores. Esto se traduce necesariamente en la participación directa, la autorepresentatividad, de estos grupos históricamente discriminados y excluidos. En base a la experiencia que traemos a cuestas, ha quedado en evidencia que la representación convertida en mera delegación fracasa absolutamente en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y soberanía. Como nos enseñó Audre Lorde, “las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo”, por esta misma razón es que empujamos este proyecto colectivo de articulación de los intereses populares en el proceso constituyente, sin mediaciones ni falsas representaciones, que hemos plasmado en el manifiesto Ampliar la Democracia (www.ampliarlademocracia.cl)
En este sentido, cambiar el modelo democrático que tenemos actualmente no es solamente una simple ampliación de este concepto a través de herramientas de participación de la ciudadanía, como la iniciativa popular o el referéndum revocatorio. Reducir la participación exclusivamente al voto ha sido uno de los profundos errores de los sistemas democráticos representativos, dando lugar a un desinterés generalizado en la toma de decisiones y de antipolítica. No podemos tropezar con la misma piedra. Parte vital de ampliar la democracia es colocar en el centro a la ciudadanía, fortalecer sus organizaciones, incorporar a los diversos grupos excluidos directamente en la toma de decisiones, entregando mayor soberanía a las personas, los territorios y a los gobiernos locales.
Reivindicar la participación ciudadana y la política como una práctica cotidiana tiene por objetivo reconstruir una democracia profundamente frágil y tutelada. La verdadera legitimidad de un sistema democrático radica en una participación ciudadana activa, opinante, informada e integrada en todos los procesos políticos, independientemente - y más allá - de las coyunturas electorales. El proceso constituyente que abrió nuestro pueblo movilizado es una luz de esperanza para estos cambios, pero para que ocurran necesitamos participación y personas dispuesta a hacerlo. Por esto, colocar en el centro del debate constituyente la importancia que tiene la democracia, tanto como sistema político y como forma de relacionarse, como brújula y corazón de la sociedad, es crucial en los procesos de transformación política y cultural que estamos viviendo. Desde estas candidaturas, tenemos esa esperanza, de que combatir colectivamente la estrechez democrática es una solución no solo para distribuir el poder en todas las esferas, sino una clave para desmontar en forma y fondo el neoliberalismo patriarcal que nos sucumbe, y así recuperar la soberanía de nuestro medioambiente y nuestras vidas.
