Que la justicia transicional ha funcionado en Chile, si, pero a medias, por la forma como se dio la transición a la democracia, pactada con la dictadura, lo que permitió que quienes detentaban el gobierno dictatorial y fueron responsables o cómplices de los crímenes cometidos, pudieran negociar una amnistía que los puso a resguardo de cualquier proceso penal. Garantizándoles la impunidad parcial o total, pudiendo muchos de ellos continuar con sus actividades políticas y empresariales aun en los gobiernos post dictadura.
En este contexto, tempranamente se marcó la cancha de los derechos humanos, así lo hizo Aylwin, con su decisión de que la Justicia operara, pero en la medida de lo posible, o Lagos, quien impidió, poniendo un candado legal, que se conociera públicamente quienes son los que cometieron los crímenes de torturar y asesinar.
Así hemos acudido a la justicia, para querellarnos en contra de los agentes del estado que perpetraron estas tropelías, en desventaja. ¿Se nos pregunta, usted fue torturado? ¿Reconoció a su torturador?, el Traumatismo que Ud. sufrió no fue por una caída casual? ¿Porque afirma que fue torturado? ¿Qué le hicieron?
Preguntas que treinta y tantos años después de sucedidos de los hechos, seguramente son importantes desde el punto de vista investigativo, pero a veces son irrelevantes para la decisión final de la justicia. Son preguntas que resultan hasta insultantes, mirado esto desde el punto de vista de las víctimas. Pero que son aún más violentas, cuando se trata de nuestras valientes compañeras, quienes fueron repetidamente violadas y ultrajadas en los centros de detención y tortura a lo largo de todo el país.
Mientras esto sucede, con absoluto desprecio, la señora Jacqueline Van Rysselberghe y otros personeros políticos, opinan, minimizando la participacion de ex militares, presos en la cárcel de lujo en Punta Peuco, poniendo en duda que estos tratos degradantes e inimaginables, fueran cometidos, a pesar de las pruebas que dicen lo contrario.
Todo esto, como ha venido sucediendo en los últimos años, avala la impunidad, lo que se manifiesta hoy, con dos ex militares acusados de torturar y de ser cómplices del asesinato y la desaparición de personas. Es el caso de Cheyre y Labbe, quienes intentan eludir la justicia, ambos protegidos entre los entramados de la democracia parcial y negociada, uno como alcalde y otro como alto funcionario de gobierno.
Estos ex oficiales del ejercito, pretenden desconocer que testigos, puedan hoy reconocerles como sus torturadores, porque es cierto, ellos durante esos años y en esas circunstancias tomaron precauciones, como tener a sus prisioneros y prisioneras, todo el tiempo, mientras eran sometidos a torturas, con capuchas en la cabeza. Pero, aunque la justicia ciega no lo acepte, la tortura no se olvida, deja huellas indelebles o visibles en las personas, por lo que difícilmente se olvidarán las voces de nuestros verdugos, cobardes verdugos, que nos atacaban amarrados e indefensos.
Los valores de la aplicación de justicia y de las medidas de reparación, no se miden en acciones puntuales, sino que, en su impacto en el largo plazo, para que en las futuras generaciones el respeto a los demás, a los derechos humanos, se asuma como un valor transcendental para nuestra convivencia y no como mero discurso.
Pero hasta hoy, ninguno de los gobernantes y la gobernante, han sido lo suficientemente valientes, como para romper con los acuerdos amarrados con la dictadura en 1989, por el contrario, lo que han hecho es mantener e imponer una transición, con el menor costo posible. Por ello han rehuido, por ejemplo, establecer en el sistema educativo, en todos los niveles, incluidas las instituciones y las FFAA, la educación en derechos humanos, no solo como una materia más, sino que, como un pilar importante para la construcción de una democracia firme y duradera.
Ya vamos para los cincuenta años del golpe cívico militar, que dio inicio a una larga dictadura, con prácticas sistemáticas de violación de los derechos humanos por parte del Estado. Pero aun no hay decisión para desarrollar y generalizar una pedagogía de la memoria, para educar para el nunca más, por el contrario, aún hay un debate ridículo, dilatorio e intrascendente, a nivel de cúpulas políticas, si lo que hubo fue un régimen o una dictadura militar.
Hoy, se acercan las elecciones presidenciales, también asoman las propuestas que cada uno de los candidatos y candidatas ofrece a los ciudadanos y ciudadanas, la pregunta es, ¿cuál de los candidatos o candidatas se atreverá a resolver esta pesada carga, que tenemos como sociedad?
Que el candidato de la derecha, con sus discursos tramposos, quiera mantener este “status quo” no sorprende a nadie. O que continúen buscando los resquicios legales para aumentar las garantías de los criminales presos en Punta Peuco o para intentar liberarlos con el discurso que están viejos y enfermos. Tampoco nos va a extrañar que los candidatos comprometidos con la Concertación, se mantengan apegados al compromiso que hicieron con la dictadura en 1989.
Esperemos que alguno de los nuevos candidatos y candidatas, reafirmen su compromiso con los derechos humanos, allí radica parte de lo nuevo, del cambio que queremos los chilenos y chilenas, que lo asuman y lo valoren como un eje de gobierno y no como una cuestión tangencial. Haciéndose responsables de una realidad políticamente oculta, que en Chile hay un legado de crímenes de lesa humanidad, pero que hoy, se extiende, entre otros, a la desigualdad social, en el tratamiento al pueblo mapuche y en el papel de los medios de prensa.
En efecto, organizaciones y Comunidades Mapuches se encuentran sitiadas militarmente, atropelladas con respecto a sus Derechos fundamentales, también de Libertad de expresión y de información, estigmatizando con esto del “conflicto mapuche”, como si el mapuche fuera un problema o como si el mapuche hubiera generado unilateralmente los actuales conflictos. Por otro lado, el monopolio de los medios de prensa, atenta contra la libertad de expresión, los medios escritos, principalmente los diarios y prensa del empresario Edwards y su línea EMOL (El Mercurio), los que son un escollo para la buena convivencia social en este país. Porque estos son la cuna del fascismo, de la reproducción del racismo, del patriarcado y de la violencia estructural que históricamente hemos sufrido los chilenos y chilenas.
Son asimismo instrumentos de montajes y de conspiraciones contra todos quienes cuestionan el nefasto capitalismo que ellos representan y defienden, medios masivos que contribuyen al adormecimiento de una gran parte de la sociedad, que ocultan las brechas de la desigualdad, justifican el racismo y la violencia de los agentes del estado y son cómplices del grave daño que las industrias extractivas y energéticas vienen causando a los bienes naturales y colectivos.
De la misma manera, estos medios incentivan la imagen tergiversada de la derecha, para explicar lo sucedido en 1973, justificando el golpe cívico militar, calificándole de “necesario” “porque no había otra salida”, o, porque el gobierno de Allende era un mal gobierno y que nos llevaba al comunismo.
Ya es hora de parar todo esto, porque así solo se alimenta la mentira y la impunidad, imposibilitando que nuestras futuras generaciones impugnen, por convencimiento, un régimen de dictadura y que se opongan, como sociedad, a la tortura, a la vejación del que piensa distinto.
Así se ayudará a cambiar o transformar la acción política, hoy cubierta de corrupción y, sobre todo, la realidad social, para lo cual se requieren propuestas claras, concretas, discutibles y que empiecen a ser discutidas. ¡Ubicando en el centro y como un factor importante, los derechos humanos, en su historia y en su realidad actual.
Enrique Villanueva M
