Los siguientes sucesos no solamente le pasaron a Boric. He ahí la tragedia.
A esa altura de los sucesos y fenómenos, en aquella isla, las cosas iban mal. No es lo mismo intentar imaginar qué sería de ella, de ellos y de todos cuando se olvida, que vivir con los hechos propios del olvido. Se podría pensar cualquier cosa, pero es imposible comprender la experiencia del olvido. ¿Cómo era posible, en definitiva? Ya no le cabían más palabras para describir esos sucesos extraños, extraordinarios, increíbles, pero, sobre todo, problemáticos. Sucesos que, a esa altura, solo podían indicar el peor de los males que ella, ellos y todos podían experimentar. ¿Se puede vivir sin memoria? La respuesta es siempre sí. Sin embargo, como ella ya podía ver —así recuerdo esta novela—, vivir en la falta de memoria solo nos deja atrapados en lo inmediato de la vida. Pensamos en lo efímero y fugaz de la existencia.
Yōko Ogawa escribió La policía de la memoria, una novela que relata la historia de una isla donde cada día algo desaparece. Primero son objetos; luego palabras; después recuerdos completos. Las personas de esta isla terminan obligadas a olvidar el mundo. Recordar se vuelve un problema que atenta contra el orden. Si alguien logra recordar aquello que ya ha desaparecido, la policía de la memoria se encarga de que lo olvide.
El problema del recuerdo, sin embargo, no es solo su ausencia. También lo es su exceso. Los griegos hablaban del río Lete, el río del olvido. Nietzsche sostenía que no habría vigor para la vida sin una cierta capacidad de olvidar. Borges, en “Funes el memorioso”, mostró el reverso del problema: quien recuerda absolutamente todo queda paralizado, incapaz de pensar. Entre la memoria total y el olvido absoluto, la vida se mueve siempre en un terreno incierto.
Algo parecido ocurre con la política.
Al finalizar el gobierno del presidente Gabriel Boric, se hizo recurrente una crítica dentro del propio oficialismo: no se reforzó el relato de los logros del gobierno. Muchos dirigentes señalaban que la ciudadanía desconocía avances concretos: cuántas viviendas se construyeron, cuántas mujeres fueron beneficiadas con nuevas políticas públicas, cuántas reformas se aprobaron. Francisco Vidal lo resumió de forma directa: era difícil convencer a la comunidad de los logros si ni siquiera los propios dirigentes tenían claridad sobre ellos.
Pero el problema no es nuevo
En 2009, la Concertación enfrentó una situación similar. Para revertirla se creó el sitio web “Red Protege”, que buscaba recopilar y difundir los avances acumulados durante los cuatro gobiernos de la coalición. El diagnóstico era simple: el patrimonio político no tiene valor si no permanece presente en la memoria colectiva.
Y lo cierto es que esos avances fueron significativos. Durante esos años se ampliaron las políticas sociales en educación, vivienda, salud y previsión. Se creó el seguro de desempleo, se implementó el AUGE, se expandieron las becas estudiantiles, se multiplicaron las salas cuna y jardines infantiles. La pobreza disminuyó de manera sustantiva, aumentó la esperanza de vida al nacer y se redujeron la mortalidad infantil y materna.
Sin embargo, hay algo aún más inquietante
En Chile, prácticamente todos los derechos sociales tienen un origen político bastante claro: provienen de las tradiciones reformistas y de izquierda. Desde comienzos del siglo XX, el país inició una transición desde un Estado liberal hacia un Estado con responsabilidades sociales. La Constitución de 1925 habilitó la intervención estatal en materias sociales, proceso que se consolidó mediante hitos legislativos fundamentales: la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, el Código del Trabajo de 1931 y la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952.
Estos avances fueron impulsados por el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y, posteriormente, la Democracia Cristiana. Más que simples reformas administrativas, se trató de un proceso político que transformó la relación entre Estado, sociedad y ciudadanía, instalando la idea de que ciertos bienes —educación, salud, trabajo digno— debían ser considerados derechos.
Incluso en el gobierno de Gabriel Boric se aprobaron medidas que se inscriben en esa misma trayectoria: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el copago cero en el sistema público de salud, la Ley de Conciliación Laboral y el impulso al Sistema Nacional de Cuidados, entre otras iniciativas.
Pero, como en la isla de la novela de Ogawa, el problema aparece cuando la memoria se debilita
Cuando se olvidan los procesos históricos que hicieron posibles esos derechos, estos dejan de parecer conquistas políticas y comienzan a verse como hechos naturales o simples políticas reemplazables. El resultado es una política atrapada en la inmediatez del presente, incapaz de reconocer las trayectorias que hicieron posible el país que hoy existe.
Los episodios del olvido, entonces, no afectan solo a un gobierno o a una generación política. Son un problema más profundo. Porque cuando una sociedad pierde la memoria de sus propias conquistas, también pierde la capacidad de defenderlas.
Y en política, como en la novela de Ogawa, lo que desaparece una vez puede terminar desapareciendo para siempre.
Cristopher Ferreira Escobar, cientista político
