El pasado día 26 de agosto se celebró el Centenario de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, norma que estableció la gratuidad de esta en los establecimientos educacionales de carácter fiscal, así como el perentorio deber de sus tutores legales de dar cumplimiento a este derecho. No obstante, esta norma fue el resultado de extensos debates a través de una tramitación que se prolongó durante décadas, en lo que constituyó una de las múltiples manifestaciones de desdén de la oligarquía hacia los asuntos sociales en tiempos de la llamada República Parlamentaria. Ejemplo de ello fueron algunos argumentos esgrimidos por parte de los opositores a la aprobación de este proyecto quienes consideraron a: “la educación obligatoria como una forma de usurpar los derechos naturales de los padres por parte del Estado”[1]
Por su parte, como una forma de señalar la urgencia de la de una medida de este carácter, el destacado educador Darío Salas, denunció la magnitud de esta problemática a través de la publicación en de su obra “El problema nacional” en 1917 en la que denunció: “¡Un millón seiscientos mil analfabetos mayores de seis años! Colocados en fila de cincuenta centímetros uno de otro, formarían una columna de ochocientos kilómetros de largo, distancia que media entre Santiago y Puerto Montt”[2].
La promulgación de la ley no significó necesariamente un distanciamiento de aquello que establecía la Constitución Política de 1833, cuya imagen ha llegado a nuestros días como el epítome de la concepción autoritaria de la élite chilena del siglo XIX. Ella, sin embargo, contiene en su articulado elocuentes declaraciones hoy dignas de sincera nostalgia en esta específica materia. Así, señala que: “La educación pública es una atención preferente del Gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional; i el Ministro del Despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República”[3].
De este modo, se configuró el único derecho de carácter social que el Estado decimonónico fue capaz de establecer de manera genérica para el conjunto de la población, realizando esfuerzos por ampliar su cobertura y disponibilidad en el conjunto del territorio. Su directo precedente fue la Ley de Instrucción Primaria de 1860 que estructuró su funcionamiento pero que no adquirió un carácter tan determinado sobre su objetivo al carecer del carácter obligatorio que le hubiera imprimido un mayor vigor al su proceso de implementación.
Si bien su avance fue paulatino y la brecha de acceso se redujo lentamente, lo cierto es que la escuela pública fue la principal entidad formadora de ciudadanos dado el poderoso potencial que transfería a esa infancia, que a través del dominio de la lectoescritura quedaba, debido a las reformas electorales de 1874, habilitada para el posterior ejercicio del sufragio universal masculino.
Si bien ello marchó a la par de la creación de importantes instituciones educacionales que otorgaron un sello a la República como la Universidad de Chile y las Escuelas Normales de Preceptores y Preceptoras y el Instituto Pedagógico, la cobertura escolar no experimentó tan significativos avances. Para 1907, la tasa de escolaridad en establecimientos públicos alcanzaba un 22,9% y a nivel general, de solo un 28,9.%[4]. Por el contrario, mediante la aplicación de la nueva normativa, el analfabetismo en Chile comenzó a reducirse sistemáticamente y para 1930 alcanzaba, según diversas fuentes, cifras cercanas al 43% de la población.
Esto resultó especialmente complejo pues, esta grave limitación afectaba severamente a los sectores populares dado que, no solo cerraba el círculo de la pobreza endémica en los espacios rurales y urbanos, retrasando la ampliación de los sectores medios profesionales y dificultando las posibilidades de ruptura del esquema dependiente de nuestra economía respecto del modelo primario-exportador.
La escuela y el liceo públicos, con el tiempo, se transformaron en uno de los históricos soportes sociales que aportaron a niños y niñas respuestas a un conjunto de necesidades como la alimentación y la salud, sino también, un sentido de pertenencia e identidad que favoreció una mayor cohesión social. En tal sentido, también es necesario destacar el papel de la instrucción primaria obligatoria en que el Decreto Amunátegui de 1877, que permitía el ingreso de mujeres a la universidad, fuera más que una simple declaración de voluntad, un hecho efectivo que lo transformara en una realidad concreta en la primera mitad de la pasada centuria.
De igual modo, es interesante pensar entonces en toda la gravitación que esta norma tuvo, desde múltiples perspectivas, en el desarrollo de nuestra sociedad especialmente durante el siglo XX. Por ejemplo, cuando veinte años después se inició en Chile el proyecto de industrialización de la economía a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, así como en la progresiva democratización que nuestro país experimentó a partir de aquella época.
A pesar de la importancia de esta significativa efeméride de la historia de la educación chilena, esta pareció pasar desapercibida dada la situación que afecta al país y, particularmente, cuando la enseñanza en sus diversos niveles se efectúa por medios remotos gracias al apoyo de recursos informáticos. A pesar de ello, al igual que en 1920, existe un conjunto de estudiantes para quienes el ejercicio de su derecho a la educación posee barreras hoy asociadas a las dificultades de acceso y conectividad a los elementos tecnológicos indispensables materializarla, a pesar de los importantes esfuerzos realizados para revertir tales dificultades.
Este asunto resulta esencial en nuestros días pues, la denominada brecha digital se configura en una amenaza de orden cualitativo dado que radicaliza las desigualdades sociales impidiendo el pleno acceso al conocimiento y a la información. Significa que hoy debemos asumir el desafío de una nueva alfabetización, esta vez de carácter digital que permita que esta valiosa herramienta acerque los servicios públicos y el aprendizaje a las y los ciudadanos por medio de una conectividad a redes de Internet social y espacialmente equitativas en el territorio.
[1] Collier, S.; Sater, W. (1999).Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press, Madrid. P. 165.
[2] Salas, D. (2011). El problema nacional, CChC-PUC-DIBAM, Santiago, p.11.
[3] Constitución Política de la República, 1833, Art. 153, disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=137535&idParte=
[4] Ponce de León, M. (2010). La llegada de la escuela y la llegada a la escuela: la extensión de la educación primaria en chile, 1840-1907. Historia, vol.43, n.2 pp.449-486. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?«script=sci_arttext&pid=S0717-71942010000200004»
