Por quinto año consecutivo este 20 de junio se conmemora el Día Nacional de Los Pueblos Indígenas. La discusión legislativa que declaró feriado esta fecha buscaba resaltar el valor simbólico de las ceremonias realizadas por los Pueblos Indígenas que representaba el cierre de un ciclo. El 2021, cuando se promulga la ley que crea este feriado, también ocurre la primera elección nacional con diecisiete escaños reservados para los Pueblos Indígenas en la primera Convención Constitucional. Estos gestos, en diferentes escalas, apuntaban al reconocimiento nacional y a avanzar en la política indígena. No obstante, mejorar una política pública no es solamente una declaración, sino que requiere de la existencia de nuevos insumos que permitan establecer caminos alternativos.
En mayo de este año, se conoció el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento que definió 21 recomendaciones. Este documento analizó información obtenida de las regiones: Metropolitana, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. La metodología es destacable por cuanto logró una mejor aproximación a las problemáticas del Estado con el Pueblo Mapuche. A partir de este documento me gustaría argumentar sobre las implicancias del principio de reparación y luego la relación de la propuesta de cambios institucionales con los Pueblos Indígenas del norte.
Por una parte, la reparación es un concepto poco frecuente en las políticas, pactos y planes asociadas con los Pueblos Indígenas de gobiernos anteriores. Con mayor detalle, la reparación fue abordada en el Proceso Constituyente 2021-2022 a través del informe final del Proceso de Participación y Consulta Indígena donde cada Pueblo declaró sus alcances respecto del derecho de reparación de manera muy amplia. En cambio, en el informe de la Comisión, la reparación es descrita como un proceso, pero limitada solamente al despojo de tierras y los efectos de la violencia rural, la cual es articulada con la creación de una agencia de reparación y una ley de reparación a víctimas, respectivamente.
En ambos casos el enfoque prioriza lo material. Sin embargo, la reparación es un camino que requiere diálogo y la renegociación permanente de las soluciones así lo demuestra la experiencia de Canadá. La reparación debería entenderse desde las lógicas locales de vida, más aún cuando hablamos de Pueblos Indígenas. Para llegar a esta etapa es necesario el reconocimiento, donde se involucra la historia y memoria colectiva de las comunidades en especial la asociada a la pérdida de cultural e identidad. La cosmovisión y perspectiva holística de los Pueblos Indígenas demanda una mayor compresión de las pérdidas no materiales.
Por otra parte, la implementación de las recomendaciones del informe tendrá un efecto en los once Pueblos que están reconocidos por la Ley Indígena. En particular, los cambios institucionales como el reconocimiento constitucional, la creación de un consejo de Pueblos Indígenas, la creación de una nueva agencia para la política indígena y la entrega de mayores facultades a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes. Este fortalecimiento de la institucionalidad representa un paso natural para abarcar de mejor forma la diversidad de necesidades. Pero, entre el Pueblo Mapuche y el resto, no solo hay una diferencia del tamaño de población y ocupación territorial, sino que hay otros aspectos que son necesarios reconocer.
Las diferencias son importantes entre los Pueblos Indígenas del norte y el sur. Se destaca que las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, y Antofagasta se anexaron a Chile como consecuencia de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre (1879-1883). Incluso, la región de Arica y Parinacota, recién en 2029 cumplirá 100 años en la soberanía chilena. La instalación del Estado de Chile en los territorios conquistados no fue fácil para las personas y comunidades indígenas de aquel entonces, puesto que fue acompañada violencia que está documentada en informes emitidos durante el arbitraje que permitió la firma del Tratado de Lima en 1929, en informe final de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con Los Pueblos Indígenas entregado en 2003 y en otras obras como “Modesto Mena: Un plebiscitario irreductible de Ticnamar”.
Entonces, existió un proceso de colonización y asimilación que fue socavando las instituciones tradicionales de los Pueblos Indígenas en el norte hasta la aparición de los movimientos sociales indígenas en los 80s. Transcurridos varios años, las comunidades de los Pueblos Aymara, Quechua, Lickan Antai, entre otros, se encuentran en diferentes etapas que podrían limitar la capacidad de actuar colectivamente. Por ejemplo, un desafío muy importante será la creación de los Consejos por Pueblo y un Consejo Nacional de los Pueblos si avanza el Proyecto de Ley Boletín Nº 10526-06. Cabe reflexionar sobre si es posible lograr una representación que permita abarcar la mayoría de las visiones y posiciones sin rebajar el derecho a la autodeterminación. Junto con ello, el informe hace un guiño a la auto-gobernanza, pero entendida desde la organización comunitaria, la cual es necesaria vincularla con el ámbito territorial que permitiría asegurar su cultura y formas de vida de las comunidades.
Finalmente, en el Día Nacional de Los Pueblos Indígenas es necesario reconocer la diversidad de personas, familias y comunidades indígenas y también los desafíos que quedan por delante, en especial, cuando el solsticio de invierno es interpretado como el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo.
Dr. Dante Choque Cáseres
Aymara
Investigador de Pueblos Indígenas, Territorio y Desarrollo
(@dchoquec)
