La descentralización se concibe por distintos autores como una forma de organizar la administración del Estado en un proceso de transferencia de competencias y recursos, desde el gobierno central a las administraciones subnacionales o unidades más pequeñas (nacional, regional o municipal), entregándoles autonomía en la toma de decisiones y poder decisorio local acerca de materias delimitadas por la misma autoridad central. (Biblioteca del Congreso Nacional, 2018). Esta podrá ser administrativa si se refiere a la transferencia de competencias entre niveles de gobierno, o fiscal, si se refiere a la transferencia de competencias sobre ingreso y gasto público. O bien, podrá ser política si se refiere a los niveles de participación de la ciudadanía y representatividad en los distintos niveles de la administración permitiendo la elección de autoridades locales y regionales, y la participación ciudadana en la gestión pública. La descentralización administrativa podrá ser funcional si las competencias dicen relación con la materia, o territorial, si las competencias se relacionan al territorio.
En el contexto actual, Chile se encuentra entre los países más centralizados pertenecientes a la OCDE junto con Grecia e Irlanda (OCDE, 2017). Este diagnóstico deficitario sobre la descentralización es compartido en el ámbito interno, donde se ha señalado que el proceso de descentralización chileno “ha derivado en la percepción de una concepción meramente administrativa del proceso de descentralización con débil dispersión del poder, especialmente en el nivel regional, y un recargo de mecanismos centralistas que limitan la capacidad de decisión subnacional” (Subdere, 2000).
Diversos autores insisten en que el centralismo asociado al modelo de Estado unitario chileno aún tiene primacía por sobre un Estado descentralizado. El administrativista Juan Carlos Ferrada ha indicado que “El modelo de gobierno y administración territorial de nuestro país se aleja de los objetivos descentralizadores alguna vez formulados e insiste en una fórmula agotada y en revisión en buena parte de los Estados modernos, aún los de tradición unitaria y centralizada” (Ferrada, 2007).
Ha sido este tipo de Estado centralista, caracterizado por una democracia de baja intensidad, entendida esta como un ejercicio puramente representativo y delegativo de la soberanía popular, homogeneizador de los territorios, vertical, patriarcal y con un fuerte sesgo de clase y raza, la estructura que ha permitido el despliegue del modelo de despojo impuesto en Chile en dictadura y profundizado durante las tres décadas del pacto elitario transicional. La expresión concreta de este diseño ha redundado en que la Región de Valparaíso hoy día tenga el mayor número de conflictos socioambientales en nuestro país, con vastas zonas llamadas “de sacrificio”, que en la práctica significa que cientos y miles de seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, estén condenados a soportar condiciones de vida que de manera permanente atentan contra su integridad física y sicológica.
En este contexto y después de décadas de tímidos avances en materia de descentralización, el 2021 tenemos la posibilidad cierta de establecer un giro en esta historia, con la primera elección de Gobernadores Regionales. ¿De qué manera este hecho puede afectar positivamente en las vidas de los habitantes de las regiones? En síntesis, se abren las puertas a 3 elementos centrales y largamente negados por el poder central: establecer una mayor equidad fiscal y presupuestaria; una mayor autonomía política en relación al poder central; y mayores capacidades técnicas para abordar la compleja y dinámica realidad territorial.
Entre las medidas más urgentes y necesarias está el contar con una Ley de Rentas Regionales Territorializada, cualitativamente distinta al Proyecto de Ley de Rentas Regionales que ingresó el Gobierno a fines de Septiembre al Senado con urgencia simple. Esta ley debiera incorporar un Royalty de 10% a las grandes empresas que operan en la región, de manera de permitir que esos recursos se queden en los territorios y dejen de ser concentrados en las comunas más ricas del país: hablamos de la minería del cobre, la industria portuaria, agroexportadoras, la industria del retail, entre otras. Además, debiera considerar que el 30% de la recaudación nacional vaya a las regiones. Cabe destacar que hoy día el gasto subnacional corresponde tan solo al 18% como proporción de los ingresos fiscales del país, en circunstancias que el promedio OCDE es del 45%.
Por supuesto que nada de esto será por obra y gracia de la benevolencia y el altruismo de las viejas estructuras de decisión, pues al fin y al cabo, el problema de la descentralización es una cuestión de poder. Pero nuestro camino es claro: el desafío es llevar al Gobierno Regional precisamente todo aquello que ha sido postergado, castigado y menoscabado, para, desde ahí, emprender un camino distinto, de valorización de la diversidad territorial, de cuidado de la vida y el medioambiente, de justicia y dignidad. La lucha por la descentralización es también la lucha por la vida.
Rodrigo Mundaca Cabrera
Ingeniero Agrónomo
Candidato Independiente GORE Región de Valparaíso
