El anuncio de la intención del gobierno de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar PAE -junto con otro centenar de programas-, de acuerdo al criterio económico del ministro de Hacienda, evidencia la visión de país que se ha impuesto en el último mes. La medida ha sido recibida con perplejidad por amplios sectores, pues con ella, y las demás que la acompañan, se les da la espalda a niñas, niños y adolescentes, y a sus proyectos de futuro.
A estas alturas del desarrollo del conocimiento, existe abundante evidencia tanto en Chile como a nivel internacional, proveniente de las ciencias biomédicas, del comportamiento, y socioeconómicas, de la estrecha relación entre nutrición y desarrollo cognitivo, aprendizaje, acceso a educación y calidad de vida. Suponer que la eliminación del PAE -que en la lógica del Ministerio de Hacienda es gasto-, no va a incidir en el desarrollo de las capacidades de niñas y niños, es ignorar a sabiendas toda esa evidencia, y bloquear la posibilidad de vida digna de miles de personas el día de mañana. ¿Tendremos que habituarnos a ver niñas, niños y jóvenes desmayándose en sus clases por no haber desayunado? ¿O durmiéndose en los recreos, en lugar de jugar por no haber comido el día anterior? Una decisión técnica, como la que suponemos está tomando el Ejecutivo, aparece como carente de ética y de visión de futuro para Chile, pues aplicar esta medida, que afecta de manera directa al bienestar de niños y niñas, en base a una idea de eficiencia económica, es perverso. La decisión se vuelve contra lo más frágil, y lo que más se debe proteger de acuerdo a instrumentos nacionales e internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en 1989 -suscrita por Chile en 1990-, y la Ley Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de La Niñez y Adolescencia, que nos rige desde 2022.
Desde el pensamiento ingenuo se puede creer que una política pública, como el Programa de Alimentación Escolar, puede ser reemplazada con caridad y filantropía; bien sabían, quienes organizaron la acción pública del Estado en materia de derechos y bienestar en el mundo occidental desde fines del siglo XIX, que ello no es viable. La caridad no reemplaza la obligación del Estado de promover, proteger, respetar y hacer respetar los derechos de las personas, también los de niños, niñas y adolescentes. Las acciones caritativas y filantrópicas están bien, porque responden a valores humanos básicos como la compasión y la solidaridad, pero el futuro de un país no puede descansar en aquellas.
De mantenerse la eliminación del PAE, asistiremos a la profundización de las brechas en acceso a educación, en la permanencia en el sistema, y en acceso a estudios superiores. Como siempre, los bien nutridos seguirán teniendo buen rendimiento y el camino despejado para la formación en educación superior, aumentando la brecha de acceso, de ingresos, y manteniendo el control de la movilidad social. La alimentación de niños, niñas y adolescentes no es gasto, es inversión en desarrollo del conocimiento, en formación de técnicos/as, profesionales, científicos/as, para el futuro del país.
En materia de nutrición, estamos ante alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes en Chile, que según el Global Obesity Observatory, se ubica en el 9° lugar a nivel mundial en este segmento de población. Esta realidad, hace más necesario aún contar con el Programa de Alimentación Escolar, el que sin duda requiere de permanentes ajustes técnicos, nutricionales y culturales, pero en ningún caso su eliminación. Si la pregunta era ¿en qué momento dejó de preocuparse el país por lo que comen niños, niñas y jóvenes?, ahora la pregunta sería ¿le dejó de preocupar al Estado que niños y niñas, simplemente se alimenten?
La eliminación del PAE, no solo afectará de manera directa el acceso a alimentación de los 2.000.000 de niñas, niños y jóvenes cubiertos por el programa, sino que va a tener además un fuerte impacto en el empleo para miles de profesionales, técnicos y personal auxiliar, quienes están detrás de la implementación de este programa de alcance nacional. La niña o niño que desayuna y almuerza en su escuela, tiene también una madre, una tía, o una abuela que se capacitó como manipuladora de alimentos, o tiene un padre que trabaja en la cadena de suministros para la preparación de las raciones alimentarias. Es decir, las familias se verán golpeadas una, dos y tres veces. Sin alimentación, sin educación, sin trabajo. Sin esperanza.
Ya que el sector político hoy en el poder prefiere dejar el análisis de la complejidad social al sentido común, haciendo analogías con lo que ocurre en cualquier familia, es posible afirmar que difícilmente una familia, para enfrentar sus dificultades económicas, dejaría sin comer a sus hijos e hijas como estrategia de sobrevivencia; tampoco debiera hacerlo un país. Si así fuera, entonces se ha perdido completamente el norte ético y moral que tendría que orientar la acción del Estado.
Lo que se ha avanzado en Chile para establecer un sistema de protección social basado en derechos, está a punto de disolverse en un proyecto refundador centrado en el privilegio. Su dilema es ¿mirar las cifras o mirar dos millones de rostros de niñas y niños?
Por Magaly Cabrolié Vargas
Académica Universidad Católica de Temuco
