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Desde una perspectiva democrática solo cabe llamar al rechazo. Por Jorge Franco

En el debate público que ha comenzado a tomar cuerpo ante la proximidad del plebiscito convocado para decidir sobre el texto elaborado por el llamado "Consejo Constitucional", las críticas al mismo tienden a centrarse en identificar los variados aspectos específicos en que dicha propuesta amenaza con revertir algunos de los derechos democráticos ya conquistados y perpetuar, al mismo tiempo, el modelo económico neoliberal. Esto es evidentemente importante, sobre todo en el esfuerzo por captar el apoyo de los sectores menos politizados de la ciudadanía y cuya opción electoral depende ante todo de la incidencia inmediata que las alternativas en juego puedan tener sobre sus actuales condiciones de vida.

Sin embargo, de esa manera se tiende a invisibilizar y a pasar por alto lo que políticamente es más importante en virtud de lo que razonablemente cabría esperar de una Constitución que se busca presentar, ante todo, como la suprema expresión normativa de un orden genuinamente democrático: que no se limite a proclamar sino que, por su diseño institucional y el tenor de sus normas, posibilite y cautele, efectiva y cabalmente, el ejercicio de los principios básicos de un sistema democrático. Es decir, de un sistema político que, junto con señalar y asegurar taxativamente la inviolabilidad de los derechos políticos, sociales y económicos de las personas, sea en todo momento, por su modo de generación y funcionamiento, una clara y fiel expresión de la voluntad popular.

Y esto es algo que un texto surgido de un proceso político fraguado a espaldas a la ciudadanía, y elaborado además por el ala más extremadamente reaccionaria de la casta política, evidentemente no puede exhibir. Basta leer los capítulos destinados a definir la arquitectura institucional del país y sus modalidades de funcionamiento para constatarlo. Por lo demás, era imposible en el marco de este proceso esperar algo distinto puesto que un real ejercicio de la soberanía popular es algo que prácticamente el conjunto de la casta política en las últimas tres décadas se ha empeñado persistentemente en impedir, coartando por diversas vías el derecho del pueblo a autogobernarse.

Esto último significa que la ciudadanía no se limita a elegir "representantes", delegando en ellos la facultad de adoptar todas las decisiones políticas relevantes, sino que mantiene siempre la posibilidad de decidir directamente, mediante plebiscitos con resultados de carácter vinculante, sobre las alternativas que se plantean para encarar y resolver los principales problemas que afectan tanto su vida cotidiana (en materia laboral, previsional, educacional, de atención de salud, etc.) como aquellos que encara el desarrollo económico del país (sobre la propiedad y gestión de sus recursos naturales, la protección del medioambiente, el fomento a la producción industrial, etc.).

Al continuar arrogándose la facultad exclusiva de decidir sobre todas estas materias, haciéndolo en nombre de la ciudadanía pero sin interesarse en consultarla ni tener para nada en cuenta sus reales intereses y aspiraciones, lo que la casta política efectivamente hace es usurpar el ejercicio de la soberanía popular, presumiendo que su elección para ocupar cargos de representación popular les otorga un cheque en blanco para hacer luego lo que les venga en gana. Pero cuando la casta política presume detentar la titularidad de la soberanía popular, lo que efectivamente ocurre es que el juego democrático se degrada a al nivel de una simple puesta en escena, es decir a una impúdica y grotesca farsa. De allí que su descrédito sea cada vez mayor.

Desde luego, en el texto de la Constitución propuesto por la extrema derecha no se puede evitar la invocación ritual del principio de la soberanía popular, como inevitable pilar de todo orden democrático. Pero no se tiene luego el menor escrúpulo en introducir numerosas normas destinadas a restringir el efectivo ejercicio de esa soberanía por parte de la ciudadanía. Por tanto, el principio de la soberanía popular solo se invoca con el propósito de cubrir con un manto de legitimidad democrática al sistema político propuesto, al tiempo que se limita severamente la participación popular a fin de proteger el orden social existente ante la amenaza que representaría para las clases dominantes cualquier eventual intento por cambiarlo.

Por lo tanto, se busca perpetuar un sistema político vestido de ropajes aparentemente democráticos pero que en realidad contempla un sinnúmero de trabas para hacer muy difícil que cualquier intento de cambios profundos pueda prosperar. Entre tales impedimentos se encuentra el sistema legislativo bicameral, en que el Senado, por su forma de constitución y de renovación, está llamado a operar como dique de contención de las "mayorías circunstanciales". También juegan en el mismo sentido los quorums supramayoritarios y la inexistencia de efectivos mecanismos de consulta y decisión directa por parte de la ciudadanía.

Los únicos plebiscitos de carácter nacional que este proyecto contempla corresponden a las eventuales discrepancias que se produzcan entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a un proyecto de reforma constitucional una vez que éste haya logrado sortear las innumerables vallas establecidas para que pueda ser aprobado. De este modo, y tratando de que pase inadvertido, se excluye la posibilidad de que el único y real soberano de un orden genuinamente democrático, es decir el conjunto de la ciudadanía, pueda pronunciarse también sobre cualquier otro tema relevante de la vida social.

El que la demanda el un cambio constitucional que abriese las puertas a un efectivo proceso democratizador de la vida del país vaya a terminar así nuevamente frustrado es solo la expresión de un problema más de fondo: la inexistencia de un liderazgo político que, sintonizando con el inmenso descontento social acumulado, hubiese logrado conducir las luchas populares en una dirección distinta. Es ello lo que incluso explica el inmenso retroceso político y social que para el pueblo trabajador y sus intereses ha representado el auge de la ultraderecha. Pero enfrentados ahora a la necesidad de pronunciarnos sobre las alternativas planteadas por el plebiscito del 17 de diciembre, desde una perspectiva democrática solo cabe llamar al rechazo.

15 de noviembre 2023

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