Primero fue la suspensión de clases y el adelanto de las vacaciones de invierno, después las clases en línea y la distribución de canastas, el plan retorno seguro y el curriculum priorizado, y ahora el silencio. Desde que inició la pandemia, el sector educacional ha conocido y protagonizado amplios y enconados debates, algunos de ellos terminaron incluso en tribunales. Pero de todo este universo de temas que implican «a moros y cristianos», existe uno sobre el cual no se ha discutido aún con la suficiente responsabilidad ética y política: el aumento de la deserción.
Según datos del Mineduc, la cantidad de estudiantes que ya están fuera del sistema escolar supera los 186 mil, entre niños y jóvenes. Y esta cifra, a juicio del ministro de educación, podría aumentar hasta en un 5% una vez que termine la pandemia. Las causas son, obviamente, múltiples. Pero la que más preocupa es la brutal decisión a la que se ven enfrentados muchos de ellos: comer o estudiar.
Obligados por la cesantía que golpea a sus familias, la falta de recursos tecnológicos o el hacinamiento, muchos estudiantes ya están prácticamente fuera del sistema escolar. Lo que temen las autoridades es que esto se perpetúe para buena parte de ellos, pues en este contexto se sienten con la obligación de aportar al sustento del hogar, o bien, dar la oportunidad de estudios a sus hermanos menores.
A lo anterior se suman otros dos problemas, que a diferencia del origen coyuntural de aquel, están en la base de nuestro sistema educativo, y por lo tanto contribuyen al desencanto y a la deserción. Primero, el de la calidad: para unos pocos privilegiados, más años en el colegio significa incrementar su capital cultural y social, y obviamente con ello las posibilidades de desarrollo y bienestar futuro; para otros, en cambio, es totalmente lo contrario (cf. Rosas—Santa Cruz, Dime en qué colegio estudiaste y te diré qué CI tienes, 2013). Y segundo, el de la meritocracia: en la actualidad, el mayor acceso a educación superior y la obtención de un título, no se traduce, necesariamente, en mejor calidad de vida. De aquí la frustración de muchos jóvenes ante las expectativas que genera la modernización del país, como expone Carlos Peña en su libro Pensar el malestar (Taurus: 2020).
Es evidente que la pandemia ha mostrado una vez más el rostro indeseado del desarrollo en Chile, de ese rostro que queda al descubierto toda vez que cualquier tragedia de magnitud, como lo es ahora el Covid-19, descorre el maquillaje de país moderno y democrático con que nos gusta publicitarnos y, de paso, esconder bajo la alfombra las tantas formas enconadas de pobreza, en las cuales el escenario educativo es uno más entre tantos, pero de todo ellos, el más importante. La cuestión de la justicia educativa, como argumenta Thomas Piketty en su obra Capital e ideología (Paidós: 2019), debe estar en el centro de todo proyecto de sociedad justa. «Históricamente, el progreso de la educación, y no la sacralización de la desigualdad y de la propiedad, es lo que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano» (p. 1194).
Si no queremos para nuestro país una forma de desarrollo y progreso construido sobre la base de las desigualdades sociales, entonces —siguiendo a Peña— una vez concluida la pandemia, deberemos volver sobre la nueva cuestión social en Chile, en cuyo centro debe estar la educación. Pero esta vez será necesario pensar en serio, es decir, atendiendo a las razones motivadoras (las que en verdad explican) del malestar y no a las normativas (que solamente evalúan). Hoy más que nunca en Chile, es cierto aquello que observó Tocqueville: «el yugo parece más insoportable cuando es menos pesado», pues las condiciones materiales de existencia han cambiado, y ya no se entiende, ni muchos menos justifica, que alguien deba optar entre comer o estudiar.
Humberto Palma Orellana
Presidente Fide Sexta Región
