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¿Desmunicipalizar la educación? Por Mario Vega H.

En los últimos días, se ha manifestado el ámbito educativo, la problemática acerca de los efectos del actual proceso de desmunicipalización de escuelas y liceos, hecho que si bien constituye un sentido anhelo de sus principales actores, no ha satisfecho plenamente sus expectativas, dadas las problemáticas evidenciadas en el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) establecidos a través de la normativa vigente.

Recordemos que, en primer término que, la administración municipal de la educación escolar, impuesta en la década de 1980, tiene a su haber, no solo la sistemática reducción de la matrícula, sino también, complejas inequidades respecto de su gestión financiera y pedagógica que redundan sobre sus resultados. Estas situaciones permiten constatar la inexistencia de un verdadero sistema escolar, sino más bien de una expresión inorgánica y desestructurada de este. La complejidad de este proceso y de sus consecuencias ha quedado reflejada en las investigaciones de múltiples especialistas, entre ellos, Cristián Bellei, quien afirmó que “La municipalización de la educación pública escolar durante la Dictadura produjo un diseño institucional en que la educación pública chilena no tenía una autoridad nacional responsable; estaba atomizada en la administración de las municipalidades, a cargo de alcaldes que tenían muchas otras responsabilidades y prioridades”.[1]

Como un intento de revertir este escenario, se estableció el Sistema de Educación Pública, a través de la Ley 21.040 promulgada en 2017, la que mantuvo entre otros elementos, el pago de subvención por asistencia media de estudiantes como forma de financiamiento, de modo idéntico al utilizado respecto de los oferentes privados que acceden a este subsidio, no reemplazándose por aportes de carácter basal, indispensables para la generación de condiciones de equidad, especialmente donde, la vulnerabilidad social de las familias, condiciona realidades como el menor capital cultural, el ausentismo y la deserción. Lo anterior reviste la grave complejidad de hacer depender a estos servicios de un financiamiento inestable que impide sustentar acciones sistemáticas en beneficio de la intervención y mejora educativa.

Según cifras de la Dirección de Educación Pública, cerca de 184.000 estudiantes están actualmente bajo su directa dependencia,[2] distribuidos en once SLEP en pleno funcionamiento a nivel nacional. Su proyección hacia el año 2028 en todo el país es la creación de un total de setenta de este tipo de entidades a fin de completar el proceso el que además supone el establecimiento de un funcionamiento coordinado a nivel nacional. Así la normativa que los rige, estableció como uno de sus ejes centrales que “El Sistema y sus integrantes basarán su funcionamiento en la colaboración, fomentando la cooperación permanente y sistemática entre las instituciones que lo componen”.[3]

En tales circunstancias, tiene sentido preguntarse ¿cuál es la explicación para que la tan anhelada desmunicipalización de la enseñanza sea en nuestros días motivo de profundos cuestiomientos? El pasado 26 de agosto, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile convocó a una jornada nacional de movilización en contra del actual proceso de instalación de los servicios locales,[4] entre otras razones, por los despidos originados en la racionalización del personal existente en los sobredotados Departamentos de Educación Municipal (DEM) y Corporaciones, así como en los limitados recursos económicos invertidos en su implementación.

Con claridad, esta discusión no refiere solo a un asunto de plazos, por el contrario, alude a factores estructurales respecto de su lógica de funcionamiento, señalados además durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley que le dio origen. De este modo, el presidente del gremio docente, Carlos Díaz Marchant, señaló que “Aquí lo que tenemos es una figura híbrida, una cosa medio extraña que mantiene el mismo sistema de financiamiento, que sigue siendo un sostenedor y que por supuesto va en la misma línea de lo que es la educación de mercado que hoy día existe en Chile”.[5]

Algunos expertos han señalado como un requisito indispensable la necesidad de que los municipios entreguen una administración saneada financieramente de sus deudas y problemas de arrastre, del sector educativo bajo su dependencia, para facilitar la implementación del nuevo modelo de gestión. A este respecto, la Dirección de Educación Pública (DIP) distribuyó cerca de 119 mil millones de pesos a estos sostenedores en mayo del presente año,[6] correspondientes al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), una cifra que, aunque cuantiosa, no parece ser del todo suficientes para suplementar las carencias económicas existentes en este ámbito. Por otra parte, la evidencia señala que el proceso de desvinculación de la educación escolar de los gobiernos comunales, no ha representado una definición prioritaria para el actual gobierno el que, más bien se ha limitado a cumplir los plazos que estipulados la ley en este ámbito.

Las deficiencias observadas en el proceso de traspaso, así como las dificultades de gestión experimentadas por algunos SLEP, han generado reticencias hacia este proceso que lo han puesto en cuestión. Sin duda, la postergación de una sentida reivindicación como la del retorno de los establecimientos educacionales a su dependencia estatal constituiría un serio retroceso y para evitarlo, se hace hoy en día indispensable que sean abordadas y subsanadas las falencias que la modalidad de traspaso experimenta hoy en día, precisamente, en atención a la gradualidad que se trazó en su aplicación a fin de evaluar su funcionamiento y corregir las dificultades observables en tal proceso.

La recreación del espíritu de lo público, nace y se promueve en la escuela. Es ella justamente la que asume el carácter performativo de sus prácticas en la construcción de una sociedad democrática a través del diálogo y la construcción colectiva instaladas en su convivencia cotidiana, así como en la pluralidad sociocultural que se debiera expresar en sus aulas. Desmunicipalizar, asumiendo los recaudos pedagógicos y administrativos indispensables, puede ser un paso decisivo en la desestructuración de la dramática segregación socioeducativa existente en nuestro país. En ese sentido, la actual coyuntura política plantea interesantes perspectivas, especialmente, por la discusión del actual proceso constituyente, como asimismo por la visión que sobre esta temática sea asumida por los programas presidenciales, especialmente por aquellos sectores que históricamente han tenido un mayor compromiso con la Educación Pública.


[1] http://networkofcenters.net/news/nuevo-libro-analiza-la-desmunicipalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-escolar.

[2] https://educacionpublica.cl/.

[3] República de Chile, Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, Título I, letra E. Disponible en : https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1111237.

[4] https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/08/24/trabajadores-de-la-educacion-se-articulan-en-todo-chile-para-postergar-la-implementacion-de-los-slep/.

[5] https://radio.uchile.cl/2021/07/07/mineduc-suspende-entrada-en-funciones-de-nueve-servicios-locales-para-2022/.

[6] https://educacionpublica.cl/wp-content/uploads/2021/05/REX-810-DISTRIBUYE-RECURSOS-A-LOS-SOSTENEDORES-FAEP-2021.pdf.

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