Cuando el Congreso aprobó la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la discusión parecía relativamente resuelta. Existía un amplio consenso respecto de que el sistema municipal de educación había llegado a un punto de agotamiento. Durante el paso de los años, los establecimientos públicos dependieron de las capacidades administrativas, financieras y políticas de cada municipio, generando así, profundas diferencias entre los territorios. Mientras algunas comunas lograban sostener proyectos educativos estables, otras entonces, acumulaban déficits, deterioro de infraestructura y pérdida sostenida de matrícula.
La Nueva Educación Pública apareció entonces, como una respuesta largamente esperada. La promesa así era reconstruir un sistema escolar estatal capaz de poder garantizar condiciones más equitativas para las y los estudiantes y comunidades educativas. Sin embargo, a pocos años de iniciada su implementación y puesta en marcha, el debate parece desplazarse hacia otro lugar. La pregunta ya no es únicamente si la municipalización fracasó. Ahora bien, la interrogante comienza a ser si la desmunicipalización está logrando fortalecer la educación pública o si, por el contrario, está produciendo nuevas formas de centralización administrativa.
La discusión no es menor, ya que desde el retorno a la democracia, Chile ha convivido con una tensión permanente entre descentralización y control central. Mientras los discursos políticos suelen destacar la importancia de fortalecer los territorios, las principales decisiones continúan concentrándose en organismos nacionales. La educación pública constituye probablemente uno de los mejores ejemplos de esta contradicción.
Durante años, las críticas al sistema municipal apuntaron a problemas reales. Las diferencias presupuestarias entre comunas generaron condiciones profundamente desiguales para estudiantes que, en teoría, formaban parte del mismo sistema educativo nacional. A ello se sumaron dificultades para planificar inversiones de largo plazo, problemas de gestión y una creciente competencia por la matrícula frente al sector particular subvencionado.
Sin embargo, el diagnóstico que justificó la creación de los SLEP tendió a instalar una idea que hoy merece ser revisada: que los problemas de la educación pública podían resolverse principalmente modificando su estructura administrativa.
La experiencia reciente parece mostrar una realidad más compleja.
Las dificultades observadas en distintos territorios han puesto de manifiesto que cambiar la institucionalidad no elimina automáticamente los problemas acumulados durante décadas. Los conflictos asociados a infraestructura, transporte escolar, gestión financiera, dotación docente o mantención de establecimientos continúan presentes en numerosos servicios locales. En algunos casos, incluso han adquirido una visibilidad pública mayor que durante el período municipal.
Lo anterior no significa necesariamente que la reforma haya fracasado. Más bien revela que las crisis de la educación pública chilena poseen raíces más profundas que las formas de administración. La segregación territorial, las desigualdades socioeconómicas, la disminución de la matrícula estatal y las transformaciones demográficas continúan operando con independencia del organismo responsable de gestionar las escuelas.
No obstante, existe otro aspecto que comienza a generar preocupación entre distintos actores educativos.
Mientras los municipios mantenían una relación cotidiana con las comunidades escolares, los nuevos servicios locales administran establecimientos distribuidos en amplios territorios, muchas veces separados por decenas o incluso cientos de kilómetros. Esta nueva escala de gestión permite coordinar recursos de manera más eficiente, pero también puede producir una sensación de distancia entre quienes toman decisiones y quienes viven diariamente los problemas de las escuelas.
En otras palabras, la discusión sobre los SLEP está dejando de ser una cuestión exclusivamente administrativa para transformarse en un debate sobre la gobernanza de la educación pública.
La pregunta de fondo es quién debe tomar las decisiones relevantes sobre el futuro de las escuelas.
Una de las promesas históricas de la descentralización consistía precisamente en acercar las decisiones a los territorios. Sin embargo, la implementación de la Nueva Educación Pública ha mostrado que la descentralización administrativa no necesariamente implica autonomía efectiva. Los servicios locales operan dentro de un marco regulatorio altamente centralizado, sujeto a orientaciones nacionales, exigencias de rendición de cuentas y mecanismos permanentes de supervisión.
Esta tensión no es exclusiva de Chile. Diversos sistemas educativos enfrentan actualmente dilemas similares. Por una parte, existe la necesidad de asegurar estándares comunes que garanticen igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Por otra, emerge la demanda por reconocer las particularidades culturales, sociales y territoriales de cada comunidad educativa.
El problema aparece cuando ambos objetivos comienzan a entrar en conflicto. La búsqueda de homogeneidad puede terminar debilitando la capacidad de respuesta frente a necesidades locales específicas. Al mismo tiempo, una autonomía excesiva corre el riesgo de reproducir las desigualdades que precisamente se buscaba corregir.
Chile parece encontrarse hoy en ese punto de inflexión.
Las dificultades observadas durante la instalación de algunos SLEP han reactivado una discusión que parecía superada: cuál debe ser el papel de los territorios en la conducción de la educación pública. No se trata de volver al modelo municipal ni de abandonar la reforma. Tampoco de desconocer los problemas que motivaron la desmunicipalización. Se trata más bien de reconocer que la reconstrucción de la educación estatal exige algo más complejo que un cambio institucional.
La historia reciente demuestra que los problemas educativos no pueden comprenderse únicamente desde la gestión. Las escuelas son espacios donde convergen desigualdades económicas, transformaciones culturales, dinámicas demográficas y expectativas sociales muchas veces contradictorias. Ninguna arquitectura administrativa, por sofisticada que sea, puede resolver por sí sola esas tensiones. Quizás por ello la discusión más relevante no sea si los SLEP deben continuar o no, sino cómo construir formas de gobernanza capaces de equilibrar coordinación estatal y participación territorial. Después de todo, el verdadero desafío de la Nueva Educación Pública no parece consistir únicamente en administrar escuelas, sino en reconstruir la legitimidad de un sistema educativo que durante décadas ha debido enfrentar el deterioro de la confianza ciudadana.
Por todo lo anterior, cabe enfatizar en cómo se jugará el futuro de la educación estatal chilena, no entre municipalización y desmunicipalización, sino entre dos maneras distintas de comprender la relación entre el Estado, los territorios y las comunidades que sostienen diariamente la vida de las escuelas.
Carolina A. Valdebenito Valenzuela
Coordinadora Académica posgrados internacionales
Centro Internacional de Altos Estudios CINAE
https://orcid.org/0000-0002-0746-003X
André Grimblatt Hinzpeter
Rector Centro Internacional de Altos Estudios CINAE
https://orcid.org/0009-0003-0927-194X
