A dos meses de asumido, el Gobierno ha expresado a través de sus políticas e iniciativas legales, un profundo desprecio por los derechos humanos y los avances democráticos.
A través de una falsa narrativa, basada en una supuesta emergencia, esconde su propósito refundacional que se caracteriza por su carácter regresivo y favorecedor de los intereses de una minoría que controla el poder económico y político en nuestro país, en desmedro de las grandes mayorías postergadas y excluidas. Esa visión supone la reducción del aparato del Estado, la exacerbación del principio de subsidiariedad establecido en la Constitución de Pinochet que aún nos rige, y la devolución al gran empresariado, la administración de los escasos derechos sociales conquistados durante estos años de transición. Todo ello, con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos cuyos dueños son los que controlan el poder económico.
Se trata de retrotraer la Historia y retomar el modelo económico social y cultural impuesto por la fuerza durante la Dictadura, que tanta desigualdad, pobreza extrema y concentración económica, trajo consigo en perjuicio de las grandes mayorías de nuestro país. Paralelamente, se intenta estigmatizar y consecuentemente eliminar, a través de la denominada “batalla cultural” emprendida por la ultraderecha en el mundo, todos los avances civilizatorios conseguidos en materia de respeto a las diversidades sexuales, igualdad de género, migrantes, la ecología. Y, por cierto, terminar con los pocos pero significativos avances en materia de Verdad y Justicia respecto de los crímenes en contra de la Humanidad cometidos durante la Dictadura (Indultos, proyecto de conmutación de penas, etc).
De concretarse estas medidas y políticas, traerán consigo más abusos, discriminación y depredación. La “reducción” del Estado, de sus potestades -ya limitadas-, de sus medios, recursos y programas, incidirán negativamente en el conjunto de los derechos humanos, impactando en el precario sistema de protección y derechos sociales existente. Tal “reducción”, las restricciones y otras medidas anunciadas, afectarán, asimismo, a las más sentidas y legítimas demandas de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición derivadas de los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos fundamentales perpetradas durante la dictadura y, también, en fecha más reciente, durante el “estallido social” por agentes del Estado con su secuela de graves lesiones oculares, entre otras.
Al mismo tiempo, todas y cada una de estas iniciativas legales y políticas anunciadas, así como las medidas ya implementadas, constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, atendida la suscripción y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos que consagran la integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y el principio de progresividad y no regresión. Estas obligaciones, a su vez, ante el derecho interno y el derecho internacional, constituyen cuestiones centrales en la construcción de un Estado democrático de Derecho.
Es por ello que llamamos al mundo social organizado a denunciar estas graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a impedir que la vulneración de estos principios traiga consigo la eliminación de derechos sociales conquistados y a trabajar unidos en la defensa de los derechos humanos y nuestra Dignidad.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 8 de mayo de 2026.
