PROFUNDIZAR HERIDAS
Recordemos lo escrito por Tomas Moulian :“... En la matriz de una Dictadura terrorista devenida en Dictadura constitucional se formó el Chile actual, Obsesionado por el olvido de esos orígenes...” Reflejo de tal aserto es lo que pasa con el CAE, el Crédito con Garantía Estatal programa de financiamiento para estudiantes de educación superior (pregrado) en instituciones acreditadas, que como sabemos, cubre desde parte hasta la totalidad del arancel, financiado por bancos con garantía del Estado.
Se ha escrito mucho contra el CAE, hasta proyectos de ley se presentaron en su oportunidad, pero cabe recordar la denuncia del Consejo de Rectores de las Universidades (https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=144756&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION) que estimo que como mecanismo de financiamiento estudiantil, era un buen ejemplo de cómo un instrumento financiero puede modificar estructuralmente un sistema de educación superior. Indicaron que se trataba de una estrategia de política pública que ha expandido la oferta privada. Los efectos del CAE no solo son resultado de su diseño, sino que principalmente de la desregulación del sistema privado. Las víctimas: estudiantes sin recursos y ahora ciudadanos perseguidos en sus patrimonios. Las deudas del denominado CAE ,fruto del neoliberalismo, son la expresión más clara de cómo el Estado de Chile sigue desconociendo el Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, además tales deudas tienen un origen cuestionable por cuanto el Decreto Ley N. º 3.541, promulgado el 12 de diciembre de 1980, permitió que la dictadura militar, desmantelara la educación universitaria, con el objeto transformar el derecho a la educación en un bien de mercado.
VIGENCIA DE LOS DESC
La persecución iniciada contra los deudores del CAE constituye la vulneración del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales — ratificado por Chile en 1972- , el cual establece en su letra c) que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular mediante la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” . La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación incide en el ámbito de los derechos humanos al establecer las condiciones en que el derecho a la educación proclamado en la Declaración Universal (artículo 26) es aplicado especialmente teniendo en cuenta el principio de la prohibición de discriminaciones. La UNESCO, como la OIT, ha elaborado algunos Convenios que se refieren al desarrollo del derecho fundamental a la educación. Expresión material en el derecho nacional se encuentra en el artículo quinto de la Constitución vigente que impone al poder legislativo el deber de adoptar las medidas legislativas que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos y garantizados en los tratados internacionales incorporados en la Constitución, toda vez que muchos de estos derechos, particularmente aquellos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, requieren de la adopción de medidas legislativas y de otro carácter para hacerlos efectivos. De modo que ningún poder del Estado podría actuar desconociendo las obligaciones que el propio Estado aceptó al ratificar el mencionado Pacto DESC.
REITERAR EL ABANDONO
La dictadura de Pinochet se esforzó por imponer un modelo neoliberal, confiando en que lograría el éxito, pero no lo logró. Sin embargo, el neoliberalismo constitucionalizo sus máximas sobre educación como queda en evidencia en el Capítulo III del Decreto Ley N° 3464, “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, en el Art. 19 nº 10 y 11 en donde la valoración esta puesta en la libertad de enseñanza, el negocio de la educación por sobre el derecho a esta. De modo que el endeudamiento de los estudiantes mediante el CAE se basa en la idea del lucro de quienes prestan el dinero e imparten las disciplinas, y no en el derecho a la educación. Entonces lo que “regula” el sistema, incluida la Ley General de Educación (del año 2009, que reemplaza a la LOCE), es el resultado del conflicto del año 2005 que nuevamente demostró que la legalidad vigente solo visualiza a una parte de los intereses existentes en nuestro país. Como corolario, a pesar que la legislación prohíbe que las universidades lucren, sus propietarios, dotados históricamente de una tremenda impunidad jurídica, lo han hecho a destajo, sin que ningún gobierno haya dicho algo, de modo que el CAE es solo la expresión de dicho sistema. La mera acreditación no fue suficiente como criterio y su vinculación tuvo efectos de corruptela, como afirmaron los Rectores en su oportunidad. Por cuanto un instrumento de financiamiento debe estar subordinado a fines públicos y el Estado no puede convertirse en un mero proveedor financiero. Debe exigir otros deberes a las instituciones., lo que no se hizo. Por tanto, el CAE contribuyó a una masificación lucrativa del sistema de educación superior y a reproducir sus asimetrías estructurales. Por lo tanto, violó convenciones internacionales obligatorias para el Estado y afecto los derechos de sus propios ciudadanos.
GRATUIDAD
En principio la Concertación creyó en las tesis neoliberales imponiendo el CAE, pero pronto quedó demostrado su fracaso también. Para superar el CAE se legisló sobre gratuidad, la que, sin embargo, tampoco ha logrado eficiencia. En efecto, la gratuidad ha provocado que Chile se posicione como el país de la OCDE que más invierte en educación superior, y ha causado un crecimiento exacerbado del gasto fiscal Se denuncia que el financiamiento por gratuidad no ha logrado cumplir con los objetivos, pues no ha logrado aumentar la participación neta de los estudiantes vulnerables y provocaron una concentración de los estudiantes de los seis primeros deciles en los planteles adscritos a la gratuidad (.https://www.accioneducar.cl/wp-content/uploads/2021/04/Los-efectos-de-la-gratuidad-en-la-educaci%c3%b3n-superior-Acci%c3%b3n-Educar.pdf).
CUNDE EL MALESTAR
Ahora, hay otro problema que se suma a los proyectos y oficios que pretende eliminar o reducir las políticas sociales. Puede que el gobierno haya tomado las medidas para neutralizar la protesta o levantamiento de los ciudadanos, esperando que no siga con la trayectoria represiva de la clase dominante, masacres tras masacres. y para ello el poder legislativo tiene la potestad de acuerdo con el Pacto DESC de corregir o impedir los intentos de retraso que afectará a todo el país, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el, y en el ordenamiento jurídico, teniendo presente que los derechos humanos son irrenunciables. Aqui no se trata del éxito o fracaso del actual gobierno, sino que en Chile haya paz y ello será si todos somos escuchados.
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El autor es abogado, Dr. en ciencia política, ex presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, profesor universitario.
