Sólo desde el año 2009 y gracias a la promoción de la activista transgénero Rachel Crandell, se celebra el día de la visibilidad trans a nivel internacional. Es un día importante, sobre todo ante la omisión constante de este colectivo a nivel social, económico y político, y por el aumento de la violencia cotidiana e institucional por identidad y expresión de género.
Décadas antes, a nivel internacional, ya se había comenzado a cuestionar la noción heteronormativa de ciudadanía en las democracias actuales, al visualizar las diferencias en cuanto a derechos y privilegios entre las personas heterosexuales y las disidencias sexuales. En distintos países del mundo se comenzó a abogar por visibilizar las ciudadanías sexuales con el afán de poner en la palestra pública, estas desigualdades. En ello han ido contribuyendo los movimientos LGTBI+ y feministas para redefinir los significados del sexo, el género y la sexualidad en los estados-nación y la estrechez del concepto de ciudadanía que subyace a este modelo dominante. Chile tiene una oportunidad única en la discusión constitucional que se está abriendo, para dar reconocimiento a las disidencias sexuales y abrir espacios en los marcos legales futuros para que éstas tengan derechos en diferentes esferas, en las que ahora son excluidas. Se debe pensar cómo nombraremos a los sujetos de derecho en el nuevo texto constitucional: ¿de qué manera podemos aludir, no binariamente (hombre-mujer), a todas las personas que son parte de nuestra comunidad? ¿de qué manera aseguramos que los derechos sean iguales, independiente de la orientación e identidad de género? El rayado de cancha que hagamos en ese texto dará pie o bien, a abrir o cerrar futuras legislaciones y programas públicos que incluyan/ excluyan a las personas LGTBI+.
Asimismo, será inevitable pensar los derechos específicos en relación con estos colectivos, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos años algunas iniciativas formales han sido boicoteadas constantemente por sectores conservadores y de derecha de nuestra sociedad como fue el matrimonio igualitario y la ley de Educación Sexual Integral.
La demanda de las disidencias es amplia y va desde el matrimonio igualitario y la adopción homo/bi/transparental y derechos filiativos, la educación no sexista y con enfoque de género, hasta profundizar la penalización de los crímenes de odio por orientación e identidad de género -una gran deuda en nuestro país; o el establecimiento de un Ministerio de género y sexualidades, que integre políticas feministas junto a las reivindicaciones de las disidencias sexuales.
Aún no llegamos a acuerdo en tipificar los discursos de odio en el Congreso, mientras vemos día a día el aumento de crímenes que afectan a personas trans, lesbianas, bisexuales, homosexuales, no binarias. Tenemos claro que la actual ley antidiscriminación -la llamada Ley Zamudio-, aunque fue un primer avance importante, no ha dado las respuestas esperadas y requiere una reforma importante ya que no logra proteger de forma efectiva a la población LGTBI+ frente a distintos tipos de violencias cotidianas e institucionales que experimentan.
La inclusión cívica de estos colectivos permite transformar otras nociones como las de familia, matrimonio y educación sexual. ¿Por qué? Porque al incluir a personas que no encajan en el modelo tradicional de “sujeto ciudadano heteronormativo”, se cuestiona la centralidad de la heterosexualidad en las dinámicas sociales. Para ello, tenemos que dejar de ver al género y la sexualidad como decisiones individuales-privadas y devolverles su carácter político, con tal de profundizar nuestra democracia y reconocer a las personas LGTBI+ como legítima ciudadanía.
Constanza Schonhaut, abogada feminista
