El presidente Boric ha dicho que “Los atentados de Hamas no justifican bajo ningún punto de vista la barbarie que el Estado de Israel está llevando en Gaza”. Si el presidente Boric se ha comprometido desde un principio con la promoción de los Derechos Humanos en todas partes del mundo, resultaría del todo coherente que, de la abstracción de las palabras, se pueda pasar a la concreción de la acción. Bien sabemos que si existe un Estado que viola todos los días a los Derechos Humanos es Israel. En efecto, podríamos decir que el Estado sionista constituye el emblema de lo que la teoría política neoconservadora denominaba un Estado “canalla”. Bajo estas condiciones sería muy importante que, siendo coherente con su discurso, el presidente pudiera propiciar tres cosas: a) expulsar al embajador israelí; b) cortar relaciones con Israel y c) articular un conjunto de políticas que propicien un boicot, económico, cultural y académico como forma de presión para que Israel retroceda en sus políticas coloniales. Tres acciones que marcarían el compromiso efectivo del Estado chileno con los Derechos Humanos.
De hecho, los gobernantes del mundo no pueden reducir su acción simplemente a la “ayuda humanitaria” porque los palestinos de Gaza que, por supuesto la necesitan, no podrán paliar jamás su situación si no se acaba con la máquina colonialista israelí. Para ello, no sólo se requiere del derecho internacional sino de una correlación de fuerzas igualmente internacionales que sean capaces de poner dicho derecho en práctica. Correlación de fuerzas no solo estatales, sino también remitidas a los pueblos, tal como éstos se están expresando en diversos países del planeta en contra del genocidio en Gaza perpetrado por Israel. Nada más ni nada menos exigen los palestinxs a Israel. Si este último no cumple el derecho internacional es, a su vez, porque los actores europeos, estadounidenses y árabes han dejado que ello ocurra: el ethos colonialista resulta ser compartido entre ellos. Pero, por otro lado, la cuestión palestina expone la fisura entre Estados y pueblos: los primeros pueden avalar impunemente la política sionista, pero los segundos son capaces de salir a las calles y protestar contra ello.
Por eso, el punto, nuevamente, no es relativo a la situación humanitaria porque ésta última siempre ha sido la coartada de los Estados para dejar la cuestión palestina tal como está sin ir más allá y exigir una apuesta política que pueda abrir un camino que permita desactivar la máquina colonial sionista. Para hacerlo se requiere de la política. Y si el Estado de Chile si tuviera el coraje y la decencia, podría perfectamente marcar una pauta importante al respecto, relativa a los tres puntos señalados. En este sentido, un compromiso con los Derechos Humanos no debería constituir un compromiso abstracto, que se reduzca a simples declaraciones, sino un compromiso ético y político que refrende en acciones precisas a realizar.
Bajo esta lógica, las tres acciones señaladas (expulsión de embajador, cortar relaciones y boicot) constituirían un gesto clave que pondría a Chile en una veta autónoma respecto de los intereses de la OTAN. Si bien sabemos que la OTAN es más fuerte y que las relaciones exteriores de Chile son patéticamente dependientes y “colonizadas”, iniciar un camino pro-palestino (que significa, a la vez, liberar a los judíos del sionismo), pudiera ser un gesto crucial que inaugure una nueva política en el marco de las relaciones exteriores. Una política más digna y autónoma respecto de las geopolíticas globales en juego y que realice acciones precisas para detener a la máquina sionista y sus lógicas genocidas como las que estamos contemplando hoy en Gaza. Porque ¿qué más evidencia se necesitaría que los miles de informes internacionales que reafirman que Israel se sostiene en torno a un “racismo de Estado” en base al cual tiene lugar un apartheid estructural, ejecuta crímenes de lesa humanidad en los territorios ocupados y articula una política de asentamientos ilegales que asedian a la política palestina, la controla, la asfixian para reducirla a la nada?
Asimismo, ¿no deberían los diferentes alcaldes y gobernadores que, el año anterior, se entrevistaron con Merokot -la empresa israelí del agua- boicotear dichos contratos (si es que los hay) y transparentar su lobby? A la vez: ¿no sería importante impugnar a nuestras Fuerzas Armadas que, desde la dictadura de Pinochet, se nutren de la gran industria armamentista israelí que, entre otras cosas, asola al Wallmapu cada vez que las fuerzas policiales allanan casas?
Finalmente: ¿no resultaría importante que, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Estado de Chile exija a Israel la desclasificación de archivos que muestran su implicación en la dictadura de Pinochet? Todo eso iría a favor del respeto concreto de los Derechos Humanos, más allá de la “ayuda humanitaria”. Pues, en la medida que los Derechos Humanos no son nunca abstractos sino, como bien entendió Arendt, siempre concretos a una comunidad y a una historia política en la medida que sólo en dichos contextos (y no en la abstracción de las declaraciones) los Derechos Humanos pueden eventualmente, ser realizados.
