Uno de los argumentos que los gobiernos de las diferentes coaliciones políticas, a lo largo de estos años, han utilizado cada vez que necesitan hablar sobre las AFP y el sistema de capitalización individual en Chile, es que la plata que se administra, pertenece a cada uno de los cotizantes. No al gobierno, no a las AFP, sino a nosotros. No quiero entrar en la discusión sobre lo bueno o lo malo de sacar el 10%. Más bien, mi punto es sobre la argumentación vacía, el discurso sin sentido, la preocupación social sin respaldo histórico en cuanto a legislación o acción política, que de alguna manera termina por reflejarse en el argumento inicialmente expuesto.
Y es que lo que llama la atención de la discusión actual sobre el retiro del 10% de la AFP, muy promovida en canales de televisión, radios y periódicos, es que la defensa del rechazo al retiro por parte de personeros de la derecha, estuvo fundamentada esencialmente en que el sistema no funciona. Con caras de angustia, ojos rojos y rostros decaídos buscaron convencernos y convencerse entre senadores y diputados, en que el proyecto era malo y que finalmente concluiría, en palabras de Andrés Allamand en “dañar la pensión y dañar la jubilación”, es decir, que si las pensiones ya son insuficientes, después serán mucho peores. Este discurso de “pan para hoy y hambre para mañana” está sostenido, al parecer, en que el sistema no es capaz de recuperarse o mantenerse sobre el 90% de los fondos. Aún cuando, en ocasiones anteriores de pérdidas obtenidas por los vaivenes del mercado, nos han llamado a la calma diciendo que se recuperará. Pero también resulta extraña tal preocupación, cuando vemos que las empresas que reciben e invierten los recursos inyectados desde las AFP logran rentabilizarlos y sacarles provecho, al mismo tiempo que las propias AFP con fines de lucro, generan utilidades que, incluso en tiempos de pandemia, han sido capaces de distribuir entre sus accionistas, incluso paralelamente a pérdidas obtenidas en los distintos fondos de las cuentas personales de los cotizantes.
Pero, este nerviosismo que de pronto nos asombra, y que a juicio de estas mismas personas es tan impopular pero tan responsable, ¿es real? En Evopoli, Larraín Matte y Felipe Kast se encargaron de decir que aprobar esta ley no era otra cosa más que populismo y demagogia. Y todos sabemos que en el diccionario político, ambas recetas llevan a la destrucción de los países, su economía e instituciones.
¿Por qué si no les pareció bien que sean los propios trabajadores quienes tengan que echar mano a sus fondos personales o mejor dicho, cargar con sus propios bolsillos las consecuencias de esta pandemia, guardaron silencio y estuvieron de acuerdo con que el Gobierno echara mano a los fondos personales del seguro de cesantía?
¿Por qué si hay tanto interés en las pensiones de quienes jubilarán, la discusión sobre el sistema de pensiones siempre vuelve a dormirse en el congreso? El pasado 22 de julio en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, Bernardo Fontaine, un reconocido economista con pasado en importantes directorios como Citicorp o CMR Falabella y hermano del Ex Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, explicó que “el problema está en que cotizamos muy poco y muy pocos meses, por lo que cualquier sistema que tengamos va a tener el mismo problema... En este sentido hay que decir que el modelo de AFP es bastante bueno porque genera grandes rentabilidades”. Claramente, para los economistas este proyecto es malo, las AFP son la base de la economía chilena. Y como la plata de las AFP está invertida, tendrán que salir a liquidar. Al final y en conclusión, el éxito del sistema está basado en la rentabilidad, una medida económica, y no en la seguridad social basada en medidas sociales.
Lo que nos dice Fontaine al mismo tiempo con esta frase, es que los ideólogos de este modelo de previsión social no lograron visualizar la realidad de los trabajadores chilenos. A decir verdad, no queda tan claro, cómo pensaban que sería Chile por estos años y cómo pensaban llegar a sus promesas, o quizás, éramos algo que en algún punto dejamos de ser, o tal vez, el objetivo de su creación no era la previsión social. De cualquier manera, lo que si se entiende, es que tanto las administradoras como los Gobiernos, decidieron esperar hasta tener el agua al cuello en críticas para decir lo que ya todos sabemos: “las promesas que se hicieron del sistema de AFP no se cumplieron” (Sebastián Piñera, 14 de octubre del 2019, mientras nos contaba que el Gobierno había presentado un proyecto de reforma a las pensiones, en radio Cooperativa). Y mientras llegábamos a este punto, repartieron la plata en distintas inversiones, nosotros solicitamos una parte de ella en forma de créditos a instituciones bancarias, nos sobre-endeudamos y todos felices (menos nosotros) se repartieron las utilidades. Y por supuesto, nunca en todo ese tiempo, fueron capaces de advertir el fracaso al que íbamos. Incluso, la Asociación de AFP en el año 2000 se animó a hacer estimaciones donde afirmaba que al 2020 la tasa de reemplazo podría llegar incluso al 100%. Ahora bien, el hecho de que el Presidente Piñera presentara una reforma a las pensiones, no significa tener una promesa de éxito, al fin y al cabo, la última vez que un Piñera reformó el sistema de pensiones nos dejó, a la larga, en el punto exacto en que estamos hoy.
Todo lo anterior, me lleva a concluir que lo que se ha dado en defensa del rechazo al retiro del 10% es una argumentación vacía, que es una preocupación que no tiene un respaldo histórico legislativo, ni en cuanto se refiere a las pensiones ni en cuanto se refiere al trabajo. De hecho, según datos entregados por la Fundación Sol, en el informe “Pensiones sin seguridad social” de mayo de este año, en 2019 se jubilaron 127 mil personas y el 50% de ellas solo pudo autofinanciar una pensión menor a $49.000, e incluso la mitad de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, la mayor parte de su vida laboral, pudo autofinanciar una pensión menor a $234.000, lo que equivale al 73% del Salario Mínimo Vigente.
En concreto, Chile es uno de los pocos países que defiende un modelo basado única y fundamentalmente en un “ahorro” individual, que en un país tan desigual como el nuestro, profundiza las diferencias sociales de base, expresadas por supuesto en los ingresos obtenidos a lo largo de su vida laboral, pero con una cuestión más profunda como es la educación, la distribución territorial de la población, la clase social y las discriminaciones en general a las que estamos expuestos.
Salvar esas barreras significaría un esfuerzo mayúsculo de parte del Estado por desarrollar el mercado laboral, al punto de aumentar primero la estabilidad y luego las remuneraciones, por supuesto con la debida protección al empleo. Además de las cuestiones propias del sistema de capitalización individual. Cuestión que no ha sucedido a lo largo de las ya tres décadas desde la vuelta a la democracia. Y no ha sucedido no solo por falta de iniciativa, también por miedos y bloqueos, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, el 14 de Julio, en una especie de desahogo melancólico, dijo “nosotros le bloqueamos el proyecto a la presidenta Bachelet, así de simple, y hoy nos damos cuenta que el proyecto no era nada de malo y se bloqueo por un sector que rechazaba un sistema mixto”. Recordemos que este proyecto de reforma de pensiones, estaba dividido en tres partes, uno que incluía la creación de un Consejo de Ahorro Colectivo, un segundo proyecto que introducía cambios regulatorios al sistema de capitalización individual y un tercer proyecto que creaba un nuevo ahorro colectivo que aumentaba la cobertura del sistema de pensiones y fortalecía el pilar solidario. En total, prometía aumentar las pensiones actuales en un 20% inmediatamente (desde su promulgación). El problema, la falta de quórums, las restricciones constitucionales y la trampa declarada de la “derecha social” hecha eslogan para llamar a rechazar en el plebiscito que viene: “No es necesario cambiar la constitución para introducir las reformas que Chile necesita” pero después ante cualquier intento de cambio se acude al Tribunal Constitucional.
A pesar de todo esto, no deja de asombrar que las preocupaciones expresadas por estos senadores y diputados, que inundan las pantallas de TV, y que defienden tan fervientemente la no disminución de las pensiones futuras de los trabajadores chilenos, no considere a las casi 800 mil personas que estando en edad de jubilar deben seguir trabajando, porque de otra forma no tendrían como sobrevivir en Chile con sus pensiones. No, no trabajan solo por el gusto, ni por sentirse útiles. La mayoría de estas personas según la misma Fundación Sol, el 65%, no tiene contrato de trabajo ni protecciones mínimas en su empleo.
No se trata solamente de ser un experto, sino de poner bien las prioridades, de no tratar este tema simplemente como una discusión partidista, ni de hacer defensas corporativas. Es necesario que los aspectos de consideración de éxito dejen de estar basadas solo en cuestiones económicas y que se centren intrínsecamente en el desarrollo humano, en este caso en la posibilidad de jubilarse con júbilo, orgulloso por los años de vida aportados al país mediante el trabajo y me refiero también al trabajo en el hogar, a la crianza. Porque lo que tenemos hoy y que se defiende con tanta fuerza, es un sistema donde el monto final de una pensión, depende de los vaivenes pasados y futuros de los mercados financieros, del sexo de la persona, su esperanza de vida y las características o estructura del hogar. Y no particularmente de los años trabajados y de la cantidad de su cotización ¿Cómo entonces se sostiene que la plata nos pertenece?
Es el sistema de la incertidumbre, de la especulación, lo que nos llevó a este punto, a un estallido social, a saltar un torniquete en el metro y que hoy se vuelve un triunfo. No se trata solamente de plata, en absoluto, es una conquista que se hace triunfo en tanto se enfrentó a un sistema injusto que no se hizo cargo nunca en este tiempo y que nos prefiere desinformados, frente a un gobierno que no da la altura en tiempos de pandemia y que no es consciente de la realidad país, y que se explicó con argumentos vacíos y discursos sociales sin historia y que nos obligó a rebajarnos para demostrar lo pobres que somos y lo más pobres en que nos estamos convirtiendo para obtener un Crédito Estatal. También frente a un Congreso que en paralelo a este triunfo y sin ninguna cobertura mediática o debate público y casi como moneda de cambio, aprobó salvar a grandes empresas, posibilitando su financiamiento con plazos más acotados, con tasas de interés más bajas y convenientes, pero con el mismo dinero de los fondos de pensiones de todos nosotros, a cambio de mayor riesgo y menor rentabilidad.
No obstante, esta derrota del gobierno, esa firma de aprobación del retiro del 10% de los fondos, sin cámaras ni acto público, con malestar y probablemente con desilusión debe significar una reflexión mayor que encause un cambio sustancial sobre las pensiones, para avanzar hacia un sistema donde al menos tengamos un pilar solidario y de reparto que sea transversal, que garantice dignidad a través de pisos mínimos que debieran estar a la altura del sueldo mínimo y que el ahorro o la capitalización individual sea la suma con la cual se muevan las tasas de reemplazo de acuerdo al monto y al período de cotización.
Sergio Fernández Farías
