El debate sobre el enfrentamiento de dos visiones del cambio constituyente: uno institucional y otro ciudadano, escala en diversas acciones violentas en vísperas del primer aniversario del estallido social.
Carlos Salazar
Las semanas previas al primer aniversario del 18 de octubre como hito principal del estallido social del último año, han registrado un debate cada vez más polarizado y un desconfinamiento paulatino que ha dado paso a acciones de violencia también agudizada que, según analistas, da cuenta de dos vías de entender la discusión: una institucional en busca de perpetuar el modelo de poder y otra ciudadana, que exige transformaciones sociales y culturales desde la política y la cotidianidad.
En ese sentido, octubre partió con un fin de semana lamentable en el que la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo solicitado por universidades chilenas para detener el uso de escopetas antimotines por parte de carabineros durante las manifestaciones y, por otro lado, un adolescente de 16 años cayó al lecho del río Mapocho tras ser empujado por un funcionario de Fuerzas Especiales durante una manifestación en torno a la Plaza Baquedano.
Esta violencia legitimada para una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía a través de cuestionables “nuevos protocolos”, la permanencia de la principal autoridad de carabineros y el acoso a la jueza que lleva el caso del joven arrojado desde el puente, es según el cientista político Rodrigo Gangas, un síntoma más de una crisis más amplia y profunda. “Si bien esta situación se ha visto más expuesta en el último año, el nivel de violencia con que Carabineros ha desplegado su accionar se observa desde antes. Un ejemplo conocido es lo que está sucediendo en la Araucanía, donde han actuado con extrema violencia ignorando y transgrediendo incluso disposiciones internacionales que nuestro país ha ratificado”, explica.
Coincide con él la docente de la misma escuela, la doctora en Estudios Latinoamericanos, Tamara Vidaurrázaga, quien asegura que la permanencia del Director General de Carabineros, Mario Rozas, al mando de la fuerza policial es una mala señal que también alcanza al poder ejecutivo. “Lo que sucede no es una excepción. Este nivel de violencia oficial es una práctica extendida y sistemática, a la cual nunca se le ha puesto atajo. Son estas faltas de señales de justicia y claridad, las que permiten que sean recurrentes”, sostiene.
En el marco de la discusión de un proceso constituyente y su respectiva carta fundamental, la propuesta de refundar la institución policial más allá de un cambio cosmético se suma al caudal de transformaciones a nivel nacional. Esta reestructuración y la búsqueda de la perdida credibilidad por una policía uniformada cuestionada por millonarios fraudes fiscales, abusos y casos de tortura fue respaldada también por el rechazo en la cámara al Proyecto de Ley 12250-25, que buscaba modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública también a inicios de este mes.
Una transformación más allá del logo
El sociólogo Raúl Zarzuri, investigador especializado en juventud y manifestaciones sociales, cree que, si bien no se puede hablar de una “refundación” propiamente tal de Carabineros, al menos debería considerarse el tránsito hacia una mayor profesionalización de estos. “Esto para tender hacia una policía distinta y con una nueva filosofía de la seguridad, tal cual como se ha hecho en otros países con policías más cercanas y de contención a la gente. Es un camino largo y bajo esa misma lógica a las Fuerzas Armadas les ha costado integrarse a la sociedad civil y asumir otra forma de entender su relación con la sociedad y, si bien se ha avanzado, quedo mucho aún. Lo mismo sucede con Carabineros que deberá transitar un camino muy largo para lograr esa denominada refundación”, argumenta el investigador.
Por otro lado, el historiador Pedro Rosas, señala que esta creciente violencia policial son parte de dos procesos paralelos. Uno que plantea caminos desde el acuerdo político y que busca aplacar a otro que nace desde el corazón del descontento social. “Por un lado tenemos un proceso constituyente que expresa una voluntad de soberanía popular de base que se expresa en organizaciones y asambleas en distintas partes y por otro lado, un concepto cerrado de proceso constitucional. En esa perspectiva, esta práctica brutal de la represión del Estado ejercida en este gobierno viene a decir que sólo hay un campo en el cual la ciudadanía podrá expresarse cuándo y cómo el gobierno lo determine. Esta es una señal regresiva y contradictora respecto a lo requerido para avanzar”, explica el docente y director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la UAHC.
Con un pie en la calle, la teoría y el futuro de un debate en época de crisis, la socióloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Brenda Valenzuela, advierte que estamos ante un hecho histórico que debe ser ponderado como un hecho más amplio, en un espacio de la larga duración. En ella, estas dos posiciones, la de una ciudadanía en busca de expresión y cambios fundamentales se enfrenta a respuestas brutales que intentan ser ejemplarizadoras ante el rebrote de la movilización. “El mes de octubre partió con este hecho terrible que fue la caída provocada de un joven al río Mapocho, y eso genera una tensión que viene a tensar aún más el espectro político y social de este escenario de transformación. Cuando vemos la brutalidad policial o cómo el poder judicial se opone al recurso de amparo contra el uso de balines por parte de Carabineros, queda esa sensación en la que persiste una sensación de injusticia entre medio con estas cosas aberrantes”, sostiene la investigadora.
Sin embargo, ante este accidentado proceso de caos y tensión, Valenzuela cree que se puede considerar una posibilidad de manifestación totalmente necesaria y que deben ocurrir pues son parte de visiones que deben ser visibilizadas, sean del sector que sean. “Podemos depurar estos temas y sacar cosas importantes en limpio si tomamos conciencia de que las repercusiones son señales de lo que hacen nuestros gobernantes o la sociedad en su conjunto al discutir un proceso constituyente. Es decir, no deja de ser un proceso histórico al que asistimos en el cotidiano”, advierte la socióloga sobre la necesidad de tomar conciencia de que los resultados al final de esta diástole, dependerán de la participación activa en estos acontecimientos.
Recuperar la calla, la plaza y la esquina
La historiadora Viviana Bravo, comparte algunas conclusiones de su proyecto Fondecyt, “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo” que avanza en paralelo a la ocurrencia de los principales hitos de la movilización social posterior a octubre. Descubre una trayectoria similar en cuanto a una racionalidad propia de esta acción explosiva y de descontento.
“El desborde social ante una percepción de crisis, ante una idea de injusticia insostenible y fuerza desmedida es algo racional. Esta respuesta no deja otra alternativa ni respuesta para enfrentar el papel de los aparatos represivos del Estado que actúan también de una manera tristemente histórica”, explica.
Para la académica, la desconfianza frente a estas instituciones es una moneda de cambio lógica al igual que la urgencia social por pelear palmo a palmo la libertad de ejercer la política y la manifestación en espacios como la calle, la plaza, la esquina o lo masivo como lugar de encuentro, agrega. “Hay un sentido heroico en la manifestación política y la protesta. Por otro lado, cuando muy lamentablemente se cobran víctimas a través del actuar represivo de los agentes del estado, estos caídos vienen a abonar la fuerza de esta acción racional en la manifestación, de la furia y la rabia ante este contexto percibido como autoritario y opresor”, apunta Bravo.
