Documento Movimiento Asamblea Constituyente

ABRIL 2021

LA ALEGRÍA NUNCA LLEGÓ. LA MAYORÍA SE REBELÓ CONTRA EL SISTEMA DE DOMINACIÓN. EN OCTUBRE DE 2019 EMERGE UN NUEVO SUJETO SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL AGENTE DE CAMBIOS. Un puñado de grandes empresarios nacionales y extranjeros, coludidos con las cúpulas parlamentarias y el alto mando militar, arrastraron a Chile a una de las peores crisis de su historia, convirtiéndolo, en la práctica, en una neocolonia del gran capital transnacional. Nuestro país continúa siendo un caso de desarrollo frustrado. Es imperativo un cambio de rumbo a partir de la convocatoria a una genuina Asamblea Constituyente, única alternativa plenamente democrática y soberana. La rebelión popular, generalizada desde 2019, ha sido un hito histórico, un avance en la acumulación de fuerzas, consecuencia de años de luchas de distintos actores y movimientos sociales por los derechos arrebatados, simbolizados en consignas por la Dignidad y diversas demandas legítimas. El alzamiento popular tiene muchas razones acumuladas y se produjo: - Porque se acabó la paciencia con los abusos, inequidades y violencia represiva. El Estado chileno ha sido secuestrado por el gran capital. Los gobernantes utilizan los recursos que provee toda la ciudadanía para proteger y financiar los negociados de grandes corporaciones que, además, gozan de indignantes privilegios y exenciones tributarias. No vivimos la transición a la Democracia sino a una plutocracia, que es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. - Porque los Derechos Humanos básicos y universales en salud, educación, seguridad alimentaria, previsión social y vivienda, entre otros, fueron convertidos en oportunidades de negocios y lucro para el 1% de los multimillonarios que concentran las principales riquezas del país, coludidos con el capital transnacional. - Porque la Constitución de Pinochet y Lagos, al amparo del principio de Subsidiariedad, permite al Estado, a través de políticas públicas, las concesiones de servicios públicos y la externalización administrativa, para encargar la ejecución o prestaciones de servicios al sector privado, beneficiando empresas, fundaciones, corporaciones y otros tipos de entidades privadas que son administradas por operadores políticos, familiares y clientelas electorales del gobierno de turno. - Porque desde 2019 nos impusieron el estado de emergencia, con toque de queda y control militar policial para desmovilizar las manifestaciones y la organización popular, opción política que se mantiene al alero del estado de emergencia por catástrofe sanitaria. - Porque las políticas públicas paliativas para la crisis sistémica en economía, trabajo y salud, continúan fracasando con el costo de más de dos millones de cesantes, más de un millón de contagiados, cuarentenas erráticas, mala gestión de la trazabilidad, falta de camas hospitalarias y decenas de miles de muertos por covid. La política de salud ante la pandemia inscribe a Chile entre los países con peor resultado de contagios y muertes, pese a la campaña de vacunación. - Porque, con la crisis sanitaria, el sistema de salud completo ha quedado al descubierto en sus insuficiencias, ineficiencias, inequidades y calidades diferenciadas, a pesar del enorme esfuerzo y luchas de los trabajadores y trabajadoras de la Salud para mejorarlo, junto con su heroico desempeño en el contexto pandémico. - Porque las regiones continúan subyugadas al centralismo oligárquico. - Porque la crisis del agua no es por la sequía, es por su privatización y el saqueo capitalista nacional y transnacional, junto con la pésima gestión de los gobiernos de turno y otros organismos públicos. - Porque la corrupción ha socavado al estado de derecho. Es inherente a la existencia del sistema capitalista imperante desde 1973. Ha penetrado en los altos mandos militares y policiales, en las élites políticas y empresariales mediante fraudes al fisco, colusiones, condonaciones, evasiones y “perdonazos” del pago de impuestos, siendo cómplice el Servicio de Impuestos Internos por orden de los gobiernos de turno. Cuando estos delitos son juzgados, son condenados con penas irrisorias, multas mínimas, con cursillos de ética o son sobreseídos; durante el gobierno de Ricardo Lagos dejaron de ser delitos con penas de cárcel y se transformaron en “faltas”, pero negociables. La impunidad es “norma no escrita”. La ética brilla por su ausencia en muchas instituciones y grandes empresas. - Porque al alero de la institucionalidad que las ampara, las cúpulas partidistas y parlamentarias se convirtieron en cofradías de negocios y corrupción que no respetan los principios que proclaman ni al pueblo que dicen representar. Se transformaron en un fin en sí mismas, cuya sobrevivencia formal se debe a los procedimientos ilegales utilizados por el Servicio Electoral –SERVEL– para el refichaje de los partidos políticos en los años 2016 y 2017. El “poder constituido”, por el que, en las últimas elecciones sufragó menos de la mitad de los electores inscritos, se ha ganado el repudio del 95% de la ciudadanía. - Porque el Estado de Chile no ha respetado los derechos ni cumplido los tratados con pueblos originarios, negando sus historias, culturas y los genocidios contra los pueblos Selkman y Mapuche. La invasión territorial desde antes de la Independencia está sustentada en relaciones económicas y sociales xenófobas-racistas. Su continuidad es la actual violencia terrorista y militarización del Wallmapu. - Porque hay violencia contra niños, niñas y adolescentes, en el seno de sus propias familias y en los internados del ex-Servicio Nacional de Menores, donde hubo abusos de todo tipo y más de 1.300 muertos en dos décadas. El nuevo “Servicio de Protección de la Niñez” (2020), no cambia lo esencial del modelo de gestión y sus pésimos resultados. - Porque continúa la violencia patriarcal contra las mujeres, con femicidios, abusos sexuales, brecha salarial y otras formas de discriminación. - Porque la expectativa de vida está segregada socioeconómicamente. La vejez se convirtió en una condena de maltrato, inseguridad y pobreza para grandes sectores de adultos mayores, quienes, además, presentan la mayor tasa de suicidios en los últimos años. - Porque las diversidades y disidencias sexuales, afectivas y de género continúan siendo discriminadas y violentadas. - Porque todavía no hay verdad, justicia ni reparación -plenas- para las víctimas de violaciones contra los Derechos Humanos. Casi todos los autores y encubridores de estos crímenes han gozado de impunidad en los siete gobiernos civiles de la pos-dictadura. Adicionalmente, más de 50 mil sobrevivientes de la represión dictatorial viven en la pobreza y carecen de ayuda estatal. Muchos mueren en la indigencia. Cientos de miles fueron obligados al exilio y hasta hoy son discriminados como ciudadanos de segunda categoría y carecen de condiciones para regresar a la Patria que los vio nacer. - Porque el sistema Judicial continúa siendo cómplice del terrorismo de Estado. La muerte violenta de decenas de víctimas durante la rebelión, no ha sido esclarecida. Miles de jóvenes han sido detenidos, centenares han sufridos abusos y violaciones. Cientos han perdido sus ojos y otros centenares continúan detenidos como presos políticos por más de un año, sin siquiera estar formalizados. - Porque la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría se suple con endeudamiento, desde pagar educación hasta comprar comida. Hay 12 millones de endeudados, en su mayor parte son morosos. Así se eterniza un ciclo de compra de créditos con interminables deudas, que quedan publicadas en el DICOM. La nueva pobreza tiene créditos, más deudas y ollas comunes. - Porque el modelo económico y el sistema político impusieron el trabajo informal y precario de grandes sectores de la población, “que es presentado como empleo”. Esta estructura laboral, en pandemia, ha llevado al desempleo y cesantía a más de dos millones de trabajadores y sus familias. La incertidumbre laboral nos agobia a todas y todos los que vivimos de nuestros trabajos y salarios, a la nueva generación de jóvenes sin empleo, y a los micro y pequeños empresarios que han debido cerrar con enormes deudas. - Porque Chile es uno de los países del mundo con mayor deterioro de salud mental acelerada durante la pandemia. Todos estamos afectados: niños, jóvenes, adultos y mayores. Se suman los efectos del encierro sanitario, la escasa cobertura de la salud pública, la precariedad de la educación a distancia, la sobrecarga laboral del teletrabajo, la incertidumbre y el sobre-estrés por factores sociales y ambientales, el miedo de salir a la calle a buscar trabajo, a contagiarse, a endeudarse y seguir pobre, a ser víctima de la delincuencia, el miedo al futuro, no ver la salida y otros factores. Esta es la otra pandemia. - Porque el 80% de la población tiene mal servicio de salud. Hay un sistema público para pobres y otro privado de ISAPRES (Institutos de Salud y Previsión Social) solo para el 20 % de la población que pueda pagar altas cotizaciones. - Porque el modelo de educación de mercado y las políticas del gobierno han profundizado la crisis, afectando a todos los actores de la comunidad educacional, de todos los niveles, básico, medio y superior. Asimismo, han dado la espalda a la cultura y a todas las artes. - Porque el Estado no construye, subsidia negocios privados para atender el gran déficit de viviendas. En los últimos veinte años subió en 73% la cantidad de familias pobres habitando en más de mil campamentos por todo el país. El 30% de ellas son nuevos inmigrantes, gran parte de ellos viven en la peor marginalidad y condiciones de abusos y hacinamiento. - Porque durante 2020, desde que llegó la pandemia, seis multimillonarios de Chile y sus familias aumentaron sus fortunas en más de 70%, mientras 2,3 millones de personas de sectores medios pasaron al borde de la pobreza. La “teoría del chorreo” es una ilusión capitalista mal intencionada. Lo real son los bajos sueldos. Con o sin contratos, el 70 % de los trabajadores gana menos de $500.000 mensuales. - Porque el gasto militar y policial es el más alto de América Latina, mientras son mínimos los presupuestos para salud, educación, vivienda y desarrollo de la ciencia, investigación e innovación.

• Porque la educación de calidad es solo para quienes puedan pagarla y no apunta a un modelo de desarrollo social, democrático, ético, cultural, ecológico, científicamente actualizado. - Porque el sistema previsional de pilar solidario para las fuerzas armadas y de orden tiene todas las ventajas, en tanto las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), obligatorias para trabajadores civiles, invierten nuestros fondos en bolsas fuera de Chile con ganancias multimillonarias para sus administradores, pero entregan pensiones miserables para la mayoría de sus afiliados. - Porque la delincuencia común y narcotráfico están sin control. La llamada “economía criminal” continúa avanzando en Chile, con sus subculturas delictuales y narco-política. En los últimos 30 años la élite dominante ha enajenado los bienes comunes que pertenecen a todas y todos los habitantes de Chile. Seguimos, como en el siglo XIX, exportando materias primas sin generar “valor agregado”, comprando manufacturas y tecnologías de alto costo y aumentando la dependencia económica y tecnológica del país. Las grandes empresas transnacionales tienen concesiones mineras sobre el 73% de la producción del cobre y prácticamente no pagan impuestos por la explotación de riquezas no renovables. Además del cobre, litio, oro, plata, hierro, molibdeno, vanadio y otros minerales estratégicos, nuestro país posee colosales riquezas en el mar y fondos marinos, fuentes de agua dulce, hielos, energía hídrica, solar, eólica, geotérmica, gasífera, bosques y tierra fértil. Si estas riquezas estuvieran en poder del Estado podrían ser la base para un modelo de desarrollo ético y de justicia social, capaz de satisfacer las necesidades y aspiraciones de todas y todos los chilenos en armonía con los ecosistemas y plenamente compatible con la dignidad y la autodeterminación de todos los pueblos de Chile. La actual crisis económica, social, política, institucional, educacional, moral, ambiental y sanitaria pandémica, es una tragedia nacional que golpea duramente a más del 80% de la población y que pudo ser evitada. EL pueblo, diverso y soberano, se ha rebelado contra el sistema de dominación y emerge como un PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO, CAPAZ DE CONVOCAR UNA GENUINA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN LA QUE SE REDEFINA la estructura y rol del Estado para el bien común. EL CAMBIO -AUTÉNTICO- DE LA CONSTITUCIÓN DE LA DICTADURA ES INDISPENSABLE

El impacto de la constitución de 1980 es un retroceso histórico para la sociedad y la naturaleza. Con las reformas del 30 de julio 1989 quedó claro que no habría Democracia plena ni Soberanía Popular. El imperio se pronunció, la Concertación y Nueva Mayoría acataron para impedir por todos los medios el cambio de la Constitución a través de una genuina Asamblea Constituyente. A partir de 1990 mercantilizaron la vida y entregaron la soberanía al capitalismo transnacional, extremaron la concentración de los ingresos en pocas familias, con trágicos resultados de desigualdad, segregación y descohesión social, económica y cultural. Esta Constitución sigue siendo ilegítima, pese a la forzada legalidad dada por los acuerdos a espaldas del pueblo, que permitieron el plebiscito de 1989 y la modificación hecha por los neoliberales liderados por Ricardo Lagos en 2005. El gobierno de la Nueva Mayoría encabezado por Michelle Bachelet, entre 2016 y 2018 planteó el mal llamado “proceso constituyente”, gestionado desde la cúpula del poder constituido, sin participación vinculante de los cabildos ciudadanos. A puertas cerradas, elaboró un proyecto de Constitución, que poca gente ha conocido. Los hechos demostraron que aquello se hizo para evitar una genuina Asamblea Constituyente. Durante la rebelión de octubre 2019, tuvieron lugar masivas expresiones autoconvocadas de desobediencia civil, marchas multitudinarias, originales mensajes en afiches, pancartas y volantes, uso intensivo de redes sociales y medios de comunicación alternativos luchando contra el bloqueo informativo, impactantes creaciones artísticas, canciones, bailes y consignas que dieron cuenta de la radicalidad, originalidad, profundidad y extensión de la protesta en todo el país y muchas ciudades del exterior. Sobrepasado por los acontecimientos, Piñera sólo atinó a responder con su patética “declaración de guerra”, el 20 de octubre de 2019, decretando estado de emergencia, toque de queda y militares en las calles. Solo un día después, el general Javier Iturriaga, Jefe de la Defensa Nacional y máxima autoridad del estado de emergencia en la Región Metropolitana, representó su formal desacato a la autoridad civil, declarando “no estoy en guerra con nadie”. Por su parte, el senador socialista José Miguel Insulza, apoyó al gobierno, llamando a “reprimir con la máxima energía”. Las élites subestimaron la amplitud, la profundidad y el potencial rupturista de la protesta social. El pueblo paga altos costos. Fueron asesinados decenas de manifestantes y no manifestantes, dirigentes sociales, artistas callejeros y personal de salud, entre otros. Cientos de jóvenes sufrieron mutilación total o parcial de sus ojos, violaciones, torturas, miles de detenciones y encarcelamientos sin acceso a un juicio justo, además de provocaciones y montajes policiales y publicitarios para eludir responsabilidades legales. Volvió en plenitud el terrorismo de Estado que instaló la dictadura. Así quedó de manifiesto el verdadero propósito del primer gobierno de Piñera al instalarse la base militar de EEUU -Fuerte Aguayo- en Quinteros, Región de Valparaíso, dedicada al adiestramiento de fuerzas militares y policiales para la represión de las protestas sociales.

SIMULARON HABER ESCUCHADO LA EXIGENCIA POPULAR Y CREARON UN ESCENARIO JURÍDICO-POLÍTICO FALSO, ASEGURANDO QUE HABRÍA PAZ SOCIAL Y NUEVA CONSTITUCIÓN El 25 de octubre 2019 se registró la mayor movilización popular de la historia chilena con millones de personas por las calles y plazas en todo el país reclamando cambios de fondo. Fue una legítima expresión del poder constituyente originario. Emerge así un nuevo sujeto social, político y cultural agente de cambio histórico. Diecisiete días después, el 11 de noviembre 2019, las cúpulas de 14 partidos de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio emplazaron al gobierno con una declaración pública, donde la principal demanda política fue el mandato popular para convocar a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, la madrugada del 15 de noviembre, solo tres días después, 10 de las cúpulas de esos partidos, firmaron el mal llamado “Acuerdo por la paz y nueva constitución”. Se subordinaron y cerraron filas con las cúpulas políticas de la derecha más conservadora, salvando del naufragio al gobierno de Piñera y, de paso, aseguraron sus privilegios como casta parlamentaria. Así traicionaron al Pueblo y al clamor democrático y soberano emanado de la rebelión popular de octubre. Esta actuación de las cúpulas parlamentarias tiene asombrosa similitud con el pacto secreto acordado en julio de 1989, con la activa participación de la Concertación, para impedir la conquista de la Democracia plena por el pueblo que luchó contra la dictadura. La siguiente puntada de las cúpulas empresariales-políticas fue usar toda su pirotecnia comunicacional para imponer un itinerario destinado a conservar la esencia del sistema de dominación vigente con hegemonía del gran capital extranjero. Los poderes fácticos, exigieron esta salida para ordenar las filas de la clase dominante y al gobierno mismo, presionados por la declaración del Secretario de Estado de los EE.UU. Mike Pompeo, quien señaló “si es necesario un Pinochet, pues, no vacilaremos”. Algunos firmantes del Acuerdo por la paz y nueva constitución reconocieron presiones de orden militar y amenazas personales que hasta ahora no se han transparentado ni investigado. En los hechos, la Ley 21.200 permite a las élites dirigir, administrar, controlar y asegurar de comienzo a fin una agenda de elecciones a convencionales, concejales, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales, diputados, senadores y presidente de la República, para impedir, una vez más, la exigencia popular de una genuina Asamblea Constituyente. En pleno contexto de intensas movilizaciones y desobediencia civil, el 15 de diciembre de 2019, la Asociación Chilena de Municipalidades convocó a una Consulta Ciudadana que, en lo principal, midió la opinión de la ciudadanía sobre el cambio de la Constitución vigente y cómo hacerlo. En los municipios donde, además de las opciones convención mixta y convención constitucional, se incluyó la tercera opción “ASAMBLEA CONSTITUYENTE”, ésta obtuvo el 80,3 % de los votos. La paridad de género fue aprobada con un 92%. Todo esto aumentó la alarma del poder constituido. El 2020, a pesar de la pandemia cada vez más extendida y la acción de los aparatos represivos, continuaron las movilizaciones populares y proliferaron centenares de asambleas y cabildos territoriales que fueron expresión de una gran efervescencia y maduración política en todo el país. En este contexto el plebiscito se hizo el 25 de octubre 2020 y la opción “Apruebo” GANÓ POR UN DEMOLEDOR 78,3% de los votos. La movilización y confluencia de la diversidad de demandas sociales, políticas, económicas y culturales permitieron instalar en el centro del debate político la necesidad de cambiar la Constitución en una verdadera Asamblea Constituyente y no una convención constitucional que nadie pidió. Las razones, denuncias y demandas, los “porque” de la Rebelión, continuarán vigentes. El saldo histórico es un gran avance cualitativo y cuantitativo en la movilización, la conciencia y la unidad de los pueblos de Chile. LOS PODERES FÁCTICOS Y LA ELITE PARLAMENTARIA USURPARON LA SOBERANÍA POPULAR IMPONIENDO LA LEY 21.200 “No hay peor astilla que la del mismo palo”. Con la Convención Constitucional y la Ley 21.200 que la consagra, se confirma la sentencia de Jaime Guzmán formulada pocos días después del plebiscito del 11 de septiembre de 1980: “[...] es decir, que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario [...]” El principal objetivo del poder constituido ha sido impedir una genuina Asamblea Constituyente. El 15 de noviembre de 2019, los firmantes del “Acuerdo por la paz y nueva constitución” aprobaron la creación de una “Mesa Técnica” compuesta por 14 “expertos”, discípulos neoliberales, elegidos a dedo esa misma noche. La primera tarea encargada a esta mesa técnica fue la redacción de la Ley 21.200, con el expreso mandato de NO INCORPORAR la opción Asamblea Constituyente en la segunda papeleta del plebiscito de octubre de 2020. Al promulgar la Ley 21.200, el 24 de diciembre 2019, el presidente Piñera mañosamente instaló el engaño. En lugar de hablar de Convención Constitucional, tal como se indica en la ley que acababa de firmar, habló de “Asamblea Constituyente”. Somos categóricos al señalar que Asamblea Constituyente y Convención Constitucional no son lo mismo. Las fuerzas conservadoras que gobernaron al país en los últimos 30 años (“el partido transversal” de Chile Vamos y Nueva Mayoría) comparten el común propósito de combatir y neutralizar al nuevo sujeto social, agente de cambios. Con el “generoso” apoyo de EL MERCURIO, los canales de televisión y otros medios de prensa hegemónicos intentan desactivar el potencial constituyente de las organizaciones sociales, cabildos y asambleas territoriales, para reducirlos a inofensivos grupos reivindicacionistas aislados los unos de los otros.

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL NO TIENE CARÁCTER CONSTITUYENTE PORQUE NO ES SOBERANA. La ley 21.200 es producto de una Reforma Constitucional realizada por el actual Congreso. Por lo tanto, el quorum de 2/3 requerido para adoptar cualquier acuerdo, no puede ser modificado dentro de la Convención, sino que, obligatoriamente, es facultad del Congreso Nacional que le dio origen y que sigue manteniendo su potestad por sobre la Convención. No podrá deliberar de verdad para resolver ninguna materia que interfiera con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es el caso de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Por esta razón, durante los últimos meses Piñera ha insistido en dar urgencia a la discusión del TPP-11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) presionando al Senado para que lo apruebe. Porque, de ser aprobado el TPP-11 antes de la promulgación del nuevo texto constitucional, haría legalmente imposible que la Convención pudiera derogarlo o modificarlo. La Convención Constitucional NO es constituyente, porque no podrá intervenir ni ejercer ninguna función o atribución propia de otros órganos o autoridades establecidas en la actual Constitución, tales como funciones o atribuciones del Congreso, del poder Ejecutivo o Judicial, por lo que no podrá presentar proyectos de ley, ni suspender el ejercicio de los demás poderes del Estado. La actual Constitución seguirá plenamente vigente, sin que la Convención pueda negarle autoridad o modificarla. Al término del proceso de redacción, el nuevo texto deberá ser sancionado en un plebiscito de cierre, de carácter obligatorio. Si la cuestión planteada a la ciudadanía fuere RECHAZADA, continuará vigente la Constitución de Pinochet y Lagos, lo que representa un CHANTAJE para la ciudadanía. Porque el gobierno de Piñera, representado por su Ministro Andrés Allamand, comprometió la inaceptable asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que representa el corazón del capitalismo global y pretende tutelar el proceso convencional cautelando que los intereses de las grandes corporaciones extranjeras mantengan intactos sus privilegios. LA ESENCIA DE LAS ATRIBUCIONES DE UNA GENUINA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ESTÁN MUTILADAS EN ESTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL La Ley 21.200 fue impuesta para neutralizar y desactivar el potencial democratizador de las movilizaciones sociales e impedir que la unidad y organización popular se fortalezca como PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO QUE GENERE UNA LEGÍTIMA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Si somos coherentes con esta perspectiva, resulta ilusorio pensar que la Convención Constitucional pueda introducir los cambios estructurales que Chile necesita, no sólo porque está amarrada a los poderes fácticos y la élite parlamentaria que la generaron, sino porque usurpa la soberanía popular y el rol predominante de las fuerzas sociales, características principales de una genuina Asamblea Constituyente. El nuevo texto constitucional será negociado en secreto por los mismos partidos que negociaron el pacto cupular del 30 de julio de 1989 e impuesto al pueblo chileno como un “mal menor”, un “pequeño avance” y un “ejemplo para el mundo”. El maquillaje de la Convención Constitucional solo puede engañar a quienes están desinformados o a quienes aceptan ser engañados. Una genuina Asamblea Constituyente es el único camino que nos permitirá iniciar un proceso de cambio histórico en la estructura social e institucional del país, con ética y justicia social, recuperando Chile para las chilenas y chilenos.

El mandato histórico es para desarrollar la democracia, NO un proceso tutelado por la constitución de Pinochet, Lagos y los poderes fácticos. El diseño e itinerario de la Ley 21.200, es una trampa para los pueblos de Chile. De allí, SE DESPRENDE LA DECISIÓN DE NO LEVANTAR NI APOYAR A CANDIDATOS A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL Y CONTINUAR SUMANDO FUERZAS PARA IMPULSAR UN GENUINO PROCESO CONSTITUYENTE Y QUE SEA EL PUEBLO, A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, QUIEN REDACTE LA NUEVA CONSTITUCIÓN. La Asamblea Constituyente es la expresión del Poder Constituyente Originario de los pueblos para ejercer el principio de la soberanía popular, el derecho a la autodeterminación y surge como única salida plenamente democrática para superar la crisis actual. Sus miembros deben ser elegidos directamente por el pueblo -sin exclusiones- para que redacten una nueva constitución verdaderamente representativa de la soberanía nacional y popular. Por lo mismo, la Asamblea Constituyente tiene legítima potestad sobre las actuales autoridades e instituciones del Estado.

LA TAREA QUE SIGUE ES LOGRAR UNA CORRELACIÓN DE FUERZAS CAPAZ DE INSTALAR EL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO Proponemos un camino alternativo de acumulación de fuerzas políticas, populares y soberanas, al calor de las luchas sociales, que permita a la ciudadanía en su conjunto actuar como un Poder Constituyente Originario. El desafío histórico que hemos asumido implica fortalecer al emergente sujeto social, político y cultural agente de cambios capaz de producir una verdadera transición a la Democracia y una institucionalidad política que integre la pluralidad cultural y las aspiraciones de todos los pueblos de Chile. El Movimiento Asamblea Constituyente no nació para mimetizarse, subordinarse o legitimar los poderes fácticos y la institucionalidad establecida al amparo del régimen impuesto en 1973. La única respuesta ética, democrática y patriótica al proceso constituyente originario que emergió con fuerza en las multitudinarias manifestaciones de octubre de 2019, es una genuina Asamblea Constituyente. Se trata de una reivindicación que arranca desde los albores de la Independencia, hace más de 200 años, exigida por los congresos de las principales organizaciones sociales, políticas y todas las fuerzas que lucharon contra la dictadura y, recientemente, por las bases ciudadanas movilizadas. En esta perspectiva nos proponemos contribuir en la articulación de asambleas territoriales, cabildos, juntas vecinales, sindicatos, gremios, federaciones estudiantiles, comunidades culturales y étnicas y todas las formas de poder popular en un marco de pluralismo, superación de sectarismos partidistas y unidad en la lucha por sus propias reivindicaciones, fortaleciendo su determinación de ser protagonistas y artífices de su propio destino. Esta será la mejor garantía de que los pueblos de Chile no sean, una vez más, defraudados y manipulados por poderes fácticos, cúpulas corruptas y liderazgos oportunistas, antes, durante y después de la Asamblea Constituyente. La fortaleza y continuidad de este proceso histórico implica la organización territorial y sectorial de CÍRCULOS CONSTITUYENTES y la realización de EJERCICIOS CONSTITUYENTES que contribuyan a la autoformación y al debate, generando propuestas para escribir la nueva Constitución, desde nuevos tipos de organización y acción política, que incluyan el rescate de los saberes y experiencias de las luchas populares. Para estos propósitos es necesario avanzar en la elaboración de un PROGRAMA POLÍTICO DE LOS PUEBLOS que sea generado desde las experiencias de lucha y debates pluralistas en la base social, articulado con aportes de la intelectualidad y la academia para la emancipación y soberanía. Este Programa Político de los Pueblos puede contribuir a la unidad de todas las vertientes populares en su amplia pluralidad, definiendo con claridad y sin ambigüedades el cambio de rumbo que el país demanda: recuperar el gigantesco patrimonio usurpado por el capitalismo transnacional, una verdadera Democracia, el derecho a plebiscitos, la iniciativa popular de leyes, la revocatoria del mandato de las autoridades y el fin de los privilegios otorgados a las cúpulas partidistas que usurpan la voluntad ciudadana y obstaculizan la unidad y la lucha de los pueblos. El Movimiento Asamblea Constituyente no pretende dirigir este proceso, sino potenciarlo y fortalecerlo en su diversidad y múltiples expresiones dentro y fuera del territorio nacional. El MAC trabaja aportando su experiencia, información, capacitación, apoyo metodológico y colaboración en su articulación con las agrupaciones que realizan su propio camino en distintas latitudes. Enfrentamos una gran batalla de ideas en abierto desafío a la hegemonía de los medios de comunicación que hacen el “trabajo sucio” de desinformación masiva para silenciar las luchas populares. Continuaremos denunciando los crímenes, las violaciones a los Derechos Humanos de los prisioneros políticos de la rebelión popular y de la resistencia mapuche, los abusos, la corrupción, las campañas de terror, la demagogia del clientelismo electorero, las ambigüedades y las colusiones entre los grandes empresarios y los partidos y candidatos que custodian sus intereses. El gran desafío de la Asamblea Constituyente solo se logrará con una clara mayoría social y política e implica, entre otras tareas, avanzar hacia la unidad en las ideas y en la acción con todas aquellas vertientes que buscan recuperar a Chile mediante el pleno restablecimiento de la soberanía popular. No renunciaremos a esta tarea ni se la endosaremos a las cúpulas partidistas, que sustentaron este sistema, lo legitimaron y se sometieron al proceso diseñado por los poderes fácticos. No basta denunciar el sistema vigente. Es imperioso tener propuestas claras, viables, que fluyan desde los saberes, debates y experiencias de los movimientos sociales que proponen y defienden los cambios económicos, políticos y culturales. La suma de estas propuestas serán el fundamento del Programa Político que aglutine a todas las fuerzas que impulsamos una genuina Asamblea Constituyente en todo el territorio nacional y comunidades de chilenas y chilenos en el exterior. Este acuerdo político-programático es una condición necesaria pero no suficiente para lograr nuestros objetivos históricos. La suma de nuestras luchas, de nuestras experiencias y debates, debe expresarse, en el futuro, con un vigoroso potencial electoral que PROVEA DE UNA INCUESTIONABLE LEGITIMIDAD a la convocatoria de una GENUINA ASAMBLEA CONSTITUYENTE generada desde el verdadero Poder Constituyente Originario, articulado en su amplia diversidad sociocultural. Abrir esta brecha en el muro del poder constituido supone el desarrollo de una gran capacidad y preparación organizativa, ideológica, logística, propagandística, jurídica y política que nos permita una victoria limpia y transparente en los plebiscitos, elecciones de representantes u otras consultas ciudadanas que, por tener CARÁCTER VINCULANTE, serán de obligatorio acatamiento por las instituciones del Estado, abriendo así el ancho cauce de la participación democrática y el protagonismo de toda la ciudadanía en la construcción de su propio destino. Lo anterior supone un arduo trabajo en que la teoría y la práctica caminen de la mano. Es necesario perseverar en una razonable coherencia entre los grandes principios democráticos irrenunciables y la forma de hacerlos realidad, condición insoslayable para avanzar hacia una favorable correlación de fuerzas sociales, territoriales, culturales, ideológicas y políticas, que se articulen como una red de redes con real presencia e influencia en todos los sectores de la sociedad y del Estado. La pugna entre el viejo régimen que se derrumba con la crisis multi-sistémica global y la nueva Humanidad que emerge desde las luchas en todas las latitudes, ofrecerá escenarios y conflictos hasta ahora impensados. El capitalismo salvaje ya demostró su incapacidad de coexistir con la democracia, la soberanía de los pueblos, la protección de la naturaleza y la dignidad humana. Los poderes fácticos se aferrarán a sus privilegios sin escatimar las acciones más sucias y fraudulentas para mantenerlos.

En consecuencia, debemos atrevernos a superar dogmas y prejuicios e incentivar la creatividad y participación popular para avanzar en todos los planos, con organización y métodos de trabajo que irán fluyendo a medida que fortalezcamos nuestra unidad en la lucha y en el debate participativo, pluralista y democrático. Para transitar este camino necesitamos unidad, disciplina, perseverancia, flexibilidad, espíritu crítico y, por sobre todo, un gran coraje.

Lo que logremos en Chile, a largo plazo, será nuestro aporte a la lucha emancipadora de los pueblos de América Latina y del mundo, asumiendo también los desafíos del calentamiento global y el daño a la Madre Tierra por la acción del capitalismo depredador y para hacer posible la sobrevivencia de la Humanidad.

LA ÚNICA RESPUESTA LEGÍTIMA PARA COMENZAR A SALIR DE LA CRISIS ES CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN DESDE UNA GENUINA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

¡LA LUCHA POR LA SOBERANÍA CONTINÚA!