Esta semana comenzó en Chile un nuevo año escolar. Miles de niños, niñas y adolescentes regresaron a las salas de clases, a los patios llenos de ruido y a las rutinas que para el mundo adulto representan orden y normalidad. Sin embargo, para muchos estudiantes el retorno no solo significa reencontrarse con contenidos académicos. También implica volver a un espacio donde se juegan dimensiones centrales de su bienestar emocional.
La escuela no es únicamente un lugar de enseñanza. Es el segundo espacio de socialización más relevante después de la familia y uno de los principales escenarios donde se configura la identidad, la pertenencia y la autoestima durante la infancia y la adolescencia. En ella se aprenden códigos sociales, se construyen vínculos y se experimentan dinámicas de inclusión o exclusión que pueden marcar trayectorias vitales.
Desde el ámbito hospitalario, el inicio del año escolar revela un fenómeno recurrente. Durante el verano - enero y la primera quincena de febrero - los servicios de urgencia pediátrica suelen mantener relativa estabilidad en consultas por salud mental. Sin embargo, tras el reinicio de clases, el ingreso de niños, niñas y adolescentes por crisis emocionales aumenta de forma sostenida. No se trata de episodios aislados, sino de un patrón que se repite año tras año.
El retorno a clases reactiva ansiedades acumuladas, conflictos no resueltos, experiencias de acoso y presiones sociales que permanecieron en pausa durante el receso. Para quienes trabajan en salud mental, esta correlación es evidente. Sin embargo, fuera de ese ámbito, pocas veces se dimensiona el impacto emocional que puede tener para un niño, niña o adolescente regresar a un entorno que no percibe como seguro.
En la primera infancia, la escuela es el espacio donde se aprende a convivir. En la adolescencia, se transforma en el escenario donde se negocia la identidad. Esa transición intensifica la necesidad de pertenencia y expone con mayor crudeza la experiencia del rechazo o la humillación.
En los últimos años, las comunidades educativas han enfrentado con mayor frecuencia situaciones de bullying, autolesiones, trastornos de conducta alimentaria e ideación suicida, problemáticas que no se restringen solo a contextos de pobreza, sino que atraviesan distintos estratos sociales. Lo que varía no es la existencia del sufrimiento, sino la capacidad de detectarlo y acompañarlo.
Aquí surge una distinción fundamental que con frecuencia se diluye en el debate público. Educar no es lo mismo que abordar salud mental. Gestionar disciplina no equivale a intervenir en violencia estructural. Promover convivencia no reemplaza la activación de mecanismos de protección cuando existen vulneraciones de derechos.
La educación tiene un mandato pedagógico. La salud mental requiere evaluación especializada. La convivencia escolar regula dinámicas relacionales. La protección implica resguardar derechos ante vulneraciones. Cuando estas funciones se confunden o quedan sin responsables claros, las consecuencias emergen tardíamente en el sistema sanitario.
Y es precisamente en ese punto donde la dimensión social del problema se vuelve evidente. Hace más de un siglo, Émile Durkheim advertía que el suicidio debía comprenderse también como un fenómeno vinculado a la integración social. Hoy observamos adolescentes hiperconectados digitalmente, pero profundamente solos. Investigaciones sobre acoso escolar, como las de Dan Olweus, han demostrado que el daño no se explica únicamente por la figura del agresor, sino también por la ausencia de intervención adulta oportuna. El silencio institucional amplifica la vulnerabilidad.
En este contexto, suele depositarse la responsabilidad exclusivamente en el profesorado. Sin embargo, su mandato profesional es pedagógico. Exigir que asuman además evaluación clínica, intervención familiar y gestión de redes sin apoyo especializado implica sobrecargar funciones y debilitar el sistema de cuidado.
Aquí adquiere relevancia la presencia de duplas psicosociales en los establecimientos educacionales, integradas por profesionales del trabajo social y la psicología. Su función no es reemplazar la labor docente, sino complementarla. Detectar señales tempranas, evaluar contextos familiares, articular redes de salud y activar protocolos de protección exige formación específica y dedicación profesional.
Mary Richmond, pionera del trabajo social, planteaba que comprender a una persona exige comprender su entorno. Desde esa perspectiva, el comportamiento escolar no puede leerse aislado de la realidad social y emocional del estudiante. La dupla psicosocial permite distinguir cuándo se trata de un conflicto de convivencia, cuándo de un trastorno de salud mental y cuándo de una vulneración de derechos.
El psicólogo Urie Bronfenbrenner desarrolló una teoría ecológica del desarrollo humano que subraya la interdependencia entre familia, escuela y comunidad. Cuando estos sistemas se articulan, el cuidado se fortalece; cuando operan de manera fragmentada, aumentan los riesgos. La dupla psicosocial cumple ese rol de articulación institucional.
En este escenario, no se trata de atribuir el malestar juvenil a una única causa. Las crisis emocionales se gestan en trayectorias relacionales complejas donde la escuela ocupa un lugar central. La pregunta relevante, entonces, no es únicamente por qué ocurre el sufrimiento, sino si el sistema educativo cuenta con herramientas suficientes para advertirlo y actuar oportunamente.
Hablar de esto no es patologizar la escuela. Implica reconocer que el aprendizaje solo es posible cuando existe seguridad emocional. Paulo Freire recordaba que educar es un acto ético basado en el reconocimiento del otro como sujeto de derechos. Sin bienestar, no hay proceso educativo sostenible.
El inicio del año escolar debería ser también una oportunidad para revisar las capacidades institucionales de cuidado: no solo si los establecimientos cumplen estándares académicos, sino si cuentan con equipos preparados para detectar, contener y derivar situaciones de riesgo antes de que se transformen en crisis.
Fortalecer las duplas psicosociales no es una cuestión administrativa, sino una decisión estructural que reconoce que la escuela contemporánea no solo transmite conocimiento: también sostiene procesos de desarrollo humano.
En un contexto donde la salud mental juvenil se ha convertido en una preocupación global, la articulación entre educación, protección y salud no puede depender exclusivamente de la buena voluntad individual. Requiere políticas públicas que comprendan que prevenir es más eficaz - y más humano - que intervenir cuando el daño ya se ha producido.
Porque detrás de cada uniforme escolar hay una historia en construcción, y la calidad de nuestras respuestas institucionales determinará, en gran medida, el curso de esas historias.
